Memorável

- Casca do camarão combate hemorragia (Jornal do Brasil, Rio)
- Bush festejado como um novo Churchill (La Vanguardia, Barcelona)
- Velo islámico (La Vanguardia, Barcelona)
- Fin de vie: l'expérience néerlandaise (Le Figaro, Paris)
- O mistério da câmara funerária de Kheops (Le Temps, Genève)
- Lançadas variedades de bananeiras resistentes à sigatoka-negra (Ambiente Brasil)

Jornal do Brasil

WASHINGTON - A hemorragia é uma das grandes causas de morte em guerras. Para combater essa perda de sangue foi criado um espécie de enfaixamento que utiliza casca de camarão e vinagre, que estanca o sangue em alguns minutos.

- Você pode ter um buraco no coração e um minuto depois, ele estará fechado - comenta um dos representantes do produto.

A maravilha custa US$90 no tamanho de pouco mais de 10 centímetros quadrados.

- Como um cirurgião de guerra, sempre achei frustrante lidar com as hemorragias. A experiência dos conflitos na Somália, em 1993, mudaram minha vida e mesmo minha carreira - contou o tenente-coronel John Holcomb. - Eu realmente destinei meus últimos 11 ou 12 anos para evitar as perdas excessivas de sangue no campo de batalha.

O ingrediente-chave é uma substância da casca do camarão chamada chitosan. Kenton Gregory, cardiologista e um dos idealizadores da bandagem, diz que, diferente das ataduras e gazes normais, o material desta interage com as células do sangue promovendo uma coagulação mais rápida.

- As gazes saturam com o sangue e o sangramento continua. O chitosan tem uma carga positiva que se equilibra com a carga negativa das membranas externas das células do sangue. Quando os dois tipos de células se encontram, as hemácias formam um revestimento contra o chitosan, o que forma um coágulo firme na superfície do ferimento - explica Gregory.

Os testes animais mostraram resultados impressionantes. Rapidamente, os órgãos reguladores americanos aprovaram o material e o enviaram para o Afeganistão e o Iraque.

O envio de sangue e plasma em guerras também é mais complicado, dificultando transfusões. Sendo assim, além das vidas que pode salvar, a nova atadura ainda economiza recursos.

De acordo com os fabricantes da bandagem, o chitosan também tem um poder antibactericida, mas os órgãos reguladores não confirmaram esta característica. Até por isso, sua utilização ainda não foi liberada, senão em casos militares.

Gregory espera que a bandagem esteja em breve nas ambulâncias e hospitais e ajuda a salvar vidas também fora das guerras.

Para desenvolver este curativo, o Pentágono desembolsou US$ 10,5 milhões.

Pesquisas como a de Gregory são especialmente agradáveis para cirurgiões que trabalham em condições especiais como Holcomb:

- Este e outros produtos que venham prevenir a perda de sangue podem ser considerados verdadeiros sucesso da comunidade pesquisadora. E os soldados nos campos de batalha estão felizes com isso.

Outros cirurgião de guerra, o tenente-coronel Ian Wedmore, explica que cerca de 10% das mortes na Guerra do Vietnã aconteceram por ferimentos que levaram a hemorragias descontroladas.

- Se um curativo destes pudesse prevenir estas mortes, controlar estas hemorragias, estaríamos falando em poupar a vida de cerca de 5 mil pessoas.

La Vanguardia

por EUSEBIO VAL, Nueva York. Corresponsal
Rudy Giuliani, uno de los teloneros de lujo en la convención republicana que arrancó ayer en Nueva York, marcó el tono del encuentro al comparar a George W. Bush con Winston Churchill y Ronald Reagan. El ex alcalde de la ciudad, símbolo del coraje de sus habitantes el 11-S, situó la lucha contra el terrorismo en la misma categoría histórica que el combate contra el nazismo y el comunismo. En su discurso, pronunciado esta madrugada –hora peninsular española–, pero algunos de cuyos fragmentos fueron adelantados a la prensa, Giuliani alabó la visión de Bush y su valor para no cambiar la política aunque la popularidad flaquee. “Winston Churchill vio los peligros de Hitler cuando sus rivales y la mayor parte de la prensa lo tildaban de irresponsable belicoso”, dijo el ex alcalde ante los 4.800 delegados –entre titulares y suplentes– congregados en el Madison Square Garden, un estadio de renombre mundial, en pleno centro de Manhattan.

“George W. Bush considera el terrorismo internacional como el mal que es y será perseverante en la misión de derrotarlo mientras trabaja para que estemos cada vez más seguros en casa”, agregó Giuliani. El político republicano, a quien se atribuyen aspiraciones presidenciales, estableció un paralelismo entre las actitudes de Churchill, Reagan y Bush ante tres versiones de totalitarismo. “Hay muchas cualidades que hacen a un gran líder, pero poseer creencias sólidas y ser capaz de mantenerlas en tiempos populares e impopulares es una de las características más importantes de un gran líder”, apostilló. La referencia a Churchill debió de complacer sobremanera a Bush, gran admirador del estadista británico, cuyo busto guarda con mimo en la Casa Blanca, junto a otros regalos especiales, como la pistola de Saddam Hussein.

La celebración de Bush como líder antiterrorista insustituible en la coyuntura actual parece un ejercicio retórico perfectamente estudiado por los estrategas republicanos. Es el mensaje central de la convención y no dudan en repetirlo hasta el cansancio. El vicepresidente Dick Cheney se unió al coro de de voces con una intervención en la tarde del domingo, en la isla de Ellis, tradicional lugar de entrada de inmigrantes en el puerto de Nueva York. El número dos rememoró una de las escenas que más han ayudado al jefe durante su mandato: el día en que visitó la zona cero, tres días después de los atentados, y, megáfono en mano, improvisó una arenga a los bomberos y equipos de rescate, al tiempo que anunciaba una contundente respuesta a los terroristas. “Vieron a un hombre calmado ante la crisis, cómodo ante la responsabilidad y dispuesto a hacerlo todo para proteger a nuestro pueblo”, destacó Cheney.

Igual que hizo el demócrata John Kerry antes de su convención en Boston, a finales de julio, Bush se halla de gira electoral para preparar su apoteósica llegada a Nueva York, donde intervendrá el jueves por la noche. La necesidad de mantener la tensión mediática le obliga a conceder entrevistas y se arriesga a caer en contradicciones que de inmediato son explotadas por sus rivales. En declaraciones hechas a la NBC, el presidente reconoció que probablemente no podrá haber una victoria total frente al terrorismo. “No creo que podamos ganarla, pero sí crear las condiciones para que aquellos que utilizan el terror como herramienta sean menos aceptados en el mundo”. Bush atendió a la NBC mientras viajaba en autocar por New Hampshire, el estado norteño que ganó por los pelos en el 2000 y donde ahora Kerry, senador por el vecino Massachusetts, confía en imponerse.

Los líderes del Partido Demócrata presentes en Nueva York para contrarrestar el show republicano se apresuraron en mostrar la frase de Bush como un reconocimiento de su fracaso.

En realidad, sin embargo, la posición del presidente fue muy matizada. Bush también afirmó, por ejemplo, que la decisión de ir a la guerra en Afganistán e Iraq acabará probando ser un gran acierto y marcará “el principio del fin de los extremistas”. “Cuando Iraq emerja como sociedad libre, la gente verá la sensatez de la decisión que tomamos”, argumentó.

La decisión de los republicanos de celebrar por primera vez su convención en Nueva York ha supuesto un enorme desafío político y de seguridad. Por abrumadora mayoría, sus habitantes son hostiles al actual presidente y eso quedó patente en la multitudinaria protesta del domingo. Pero el reto mayor –rayano en la temeridad– es la protección ante un hipotético atentado. La densidad de la zona en que se ubica el Madison Square Garden es mucho mayor que en los alrededores del bostoniano Fleet Center, sede del cónclave demócrata.

Pese a los esfuerzos del ejército de policías y miembros del Secret Service, pese a a las múltiples barreras y controles, se palpa vulnerabilidad por ser un ámbito urbano tan poblado, con hoteles y rascacielos a tiro de piedra del lugar de la convención, constante circulación de vehículos y un caudal de peatones a todas horas en las calles adyacentes.

El cerrojo policial llegará al máximo nivel en la jornada de la clausura de la convención republicana, programada para el próximo jueves. No es de extrañar que muchos neoyorquinos hayan decidido tomarse estos días unas vacaciones y huir de la Gran Manzana ante tal acontecimiento.

La Vanguardia

por ALFREDO ABIÁN
El estado mayor del integrismo islámico le ha cogido gusto a influir en la política interior y exterior de los países que no controla. El secuestro de dos periodistas franceses en Iraq es un episodio más en este sentido por mucho que París, tan irrepetible como teatral, lo viva en estado de emergencia nacional. No en vano, ataca su sacrosanta laicidad y demuestra que oponerse a la guerra no es salvoconducto para nada. Los terroristas que dicen actuar en nombre de Alá, el clemente y misericordioso, sólo tienen dos opciones: asesinar a los rehenes –Francia jamás derogará la polémica ley que prohíbe el velo islámico en la escuela pública–, o bien dejarlos en libertad con el pretexto de que todas las organizaciones musulmanas del país vecino han condenado el secuestro. En cualquier caso, la erradicación de los símbolos religiosos entrará en vigor mañana en un clima crispado, que tanto puede propiciar su aplicación a rajatabla para no dar la sensación de que se cede frente al terror, como ser flexible para buscar la magnanimidad de los fanáticos. Sea cual sea el desenlace, lo grave es que la amenaza y el intrusismo de las tribus medievales seguirán ahí, y que sus primeras víctimas serán las escolares de familia musulmana. En especial las jóvenes que siguen sometidas al dictado de los nuevos profetas coránicos, y a las que la Francia laica no protege cuando llegan a sus hogares suburbiales y son despreciadas si no cumplen con ritos oscurantistas.

Le Figaro

PAR GEERT CORSTENS*
Le débat sur l'euthanasie a commencé aux Pays-Bas dès le début des années 70. Ce débat est né avec l'affaire Postma : il s'agit d'un médecin qui, en présence de son mari, lui aussi médecin, a mis fin à la vie de sa mère, âgée de soixante-dix-huit ans. Elle souffrait d'une hémiplégie, et avait demandé à sa fille de mettre fin à ses jours. Elle avait également informé une autre de ses filles et la direction du centre hospitalier où elle résidait de son voeu. Le 21 février 1973, le tribunal d'arrondissement, après avoir entendu l'inspecteur de la santé, condamna la fille, qui avait administré à sa mère une dose mortelle de morphine, à une peine d'emprisonnement d'une semaine seulement, avec sursis.

Le monde médical et la société en général se sont alors particulièrement interrogés sur le problème de l'euthanasie. D'abord, il y a eu l'argument fondé sur l'idée de la vie comme valeur en soi. Le droit à la vie est un droit inaliénable, que l'Etat doit protéger. Donc la vie n'est pas un objet dont on peut disposer à son gré. Au contraire, l'Etat doit protéger la vie humaine, même si l'individu veut y mettre fin. Certains participants au débat disaient que Dieu a conféré la vie à l'homme pour la garder jusqu'à une fin naturelle et non pas pour y mettre fin avant son terme.

Cet argument était contredit par celui emprunté au principe de l'autonomie ou de l'autodétermination de l'homme. Selon ce principe, l'homme doit pouvoir disposer de sa vie. Son droit à la vie implique qu'il est libre d'y mettre fin. Il est titulaire du droit à une mort digne. Le principe de l'autonomie implique que l'Etat n'est pas compétent pour protéger le droit à la vie si la personne concernée ne le veut pas. L'Etat doit se limiter à l'élaboration de conditions en vertu desquelles l'homme peut librement disposer de sa vie.

Les expériences de médecins confrontés à des patients subissant des souffrances insupportables, à des situations de détresse très grave sans qu'il y ait une possibilité de soulager cette détresse par des soins palliatifs, ont aussi nourri le débat. Ajoutons – facteur déterminant – le fait que l'homme n'accepte plus, comme jadis, ses souffrances comme un sort inéluctable.

Il s'est alors avéré, quels que soient la volonté du législateur et le comportement des services répressifs, que l'euthanasie était bel et bien pratiquée. Du coup, en partant de ce principe, il devenait plus utile de tenter de maîtriser le phénomène et d'exercer un certain contrôle quant aux conditions de son application. C'est cette approche qui, finalement, l'a emporté.

En 1973, une association sur l'euthanasie volontaire est créée ; elle publie un rapport en 1978. L'Association royale des médecins avait elle-même rédigé un rapport en 1975. Ces deux rapports expriment une attitude positive à l'égard de l'euthanasie active. Dans les années 80, les choses s'accélèrent avec la nouvelle politique criminelle introduite par les cinq procureurs généraux aux termes de laquelle l'euthanasie ne fera plus l'objet de poursuites pénales si elle est pratiquée dans des conditions acceptables. Reste à déterminer lesquelles.

Le conseil de l'Association royale des médecins les formule en 1984 : 1) la demande doit reposer sur la véritable volonté du patient ; 2) elle doit être mûrement réfléchie ; 3) la demande doit être durable, stable ; 4) le patient doit subir des souffrances insupportables ; 5) le médecin doit avoir consulté un collègue.

On retrouve la plupart de ces conditions dans le rapport produit en 1985 par une commission d'Etat mise en place par le gouvernement, la commission Jeukens. Peu avant, le 27 novembre 1984, la Cour suprême des Pays-Bas avait rendu un arrêt important dans l'affaire Schoonheim, un médecin qui avait tué une femme de quatre-vingt-quinze ans à la demande pressante de celle-ci. Selon le médecin, ses souffrances étaient insupportables. Le jugement d'acquittement du tribunal d'arrondissement avait été infirmé par la cour d'appel d'Amsterdam, qui, toutefois, n'avait pas condamné le médecin à une peine, possibilité offerte par le Code pénal néerlandais. La Cour suprême considéra que la cour d'appel aurait dû examiner d'une manière plus approfondie s'il s'agissait, en l'espèce, d'un point de vue médicalement justifié et vérifié à la lumière des normes de la déontologie médicale. Comme en droit pénal français, un acte incriminé peut, en effet, devenir licite lorsqu'il est justifié par un fait, comme l'état de nécessité.

L'intérêt en question est le bien-être du patient, ou la qualité de vie du patient. L'acte délictueux est décrit à l'article 293 du Code pénal néerlandais : est punissable celui qui tue une autre personne sur la demande expresse de celle-ci. Donc, d'une part, il y a le devoir du médecin de tout mettre en oeuvre pour abréger des souffrances insupportables et sans espoir d'amélioration ; d'autre part, il s'agit du devoir du médecin de veiller au maintien de la vie. Il est important de souligner que la Cour suprême faisait référence aux normes de la déontologie médicale.

Dans les années 80 et 90, la jurisprudence de la Cour suprême est claire : si le devoir d'abréger des souffrances insupportables est considéré comme supérieur au devoir de veiller au maintien de la vie, si le patient a demandé en toute connaissance de cause que ses souffrances soient abrégées, si le médecin a examiné d'autres possibilités de traitement, s'il a consulté au moins un collègue, et s'il a agi conformément aux connaissances médicales scientifiques, alors l'euthanasie peut se justifier.

Puis, dans un arrêt du 21 juin 1994, la Cour suprême décide que l'euthanasie ou l'aide au suicide peut être justifiée en cas de graves souffrances psychiques. Toutefois, dans le même arrêt, la Cour suprême a rejeté l'existence d'un fait justificatif (état de nécessité). Un psychiatre avait aidé une patiente atteinte de troubles psychiques graves à se suicider. Il s'était, certes, conformé à de nombreuses normes de rigueur, et avait même consulté sept collègues indépendants. Mais aucun d'entre eux n'avait examiné personnellement et de façon approfondie la patiente. Donc l'arrêt d'acquittement, prononcé par la cour d'appel, a été cassé.

Après qu'une commission eut essayé de définir l'étendue de la pratique médicale en ce qui concerne la fin de la vie, une loi sera enfin votée, le 17 décembre 1993, instaurant une amélioration de la procédure de signalement en cas de décès. Selon celle-ci, le médecin qui pratique l'euthanasie doit, dans le rapport qu'il est d'ailleurs tenu de rédiger pour chaque décès, décrire toutes les circonstances dans lesquelles il a agi. A partir de l'automne 1998, ces rapports seront présentés à des commissions régionales chargées de contrôler les signalements de cas d'interruption de la vie sur demande et d'aide au suicide. En 2000, plus de deux mille cas d'euthanasie feront ainsi l'objet de rapports adressés aux cinq commissions régionales. Dans trois cas, les commissions ont constaté que le médecin n'avait pas agi avec toute la rigueur médicale requise.

Dernier développement, l'adoption du projet de loi sur le contrôle de l'interruption de la vie sur demande et de l'aide au suicide (loi du 12 avril 2001). Cette loi ne légalise pas l'euthanasie. Elle l'admet si certaines conditions sont remplies. Dans le cas où ces conditions ne sont pas remplies, une poursuite pénale sur la base de l'article 293 (homicide sur requête de la victime), de l'article 294 (aide au suicide) ou des articles 287 (homicide volontaire) et 289 (meurtre) du Code pénal néerlandais est possible. Les deux derniers articles s'appliquent si le consentement de la personne dont il s'agit est absent. La nouvelle loi reprend, avec quelques modifications, les critères développés conjointement par la jurisprudence et par la profession médicale.

Deux précisions : premièrement, la volonté du patient peut être exprimée dans une déclaration écrite, avant qu'il ne soit plus capable d'exprimer sa volonté ; deuxièmement, la position des commissions régionales a été renforcée. Désormais, elles n'informeront le collège des procureurs généraux et l'inspecteur régional de la santé que si elles jugent que le médecin n'a pas respecté les critères de la loi et si le procureur est déjà intervenu dans l'affaire à un stade antérieur.

Je termine en signalant une fois de plus qu'aux Pays-Bas le passage d'une interdiction absolue à une tolérance mitigée est marqué par l'interaction des divers partenaires. La profession médicale a inspiré le pouvoir judiciaire. La profession médicale et le pouvoir judiciaire ont tenu compte de l'opinion publique. Le législateur, absent au début, a pu tirer les conséquences des décisions de justice et codifier une jurisprudence constante et approfondie. Certes, cela ne veut pas dire que tout le peuple néerlandais a incité le législateur à légiférer en ce sens, mais on peut constater un vaste consensus dans la société.

* Conseiller à la Cour suprême des Pays-Bas, ancien professeur de droit pénal à l'Université catholique de Nimègue.

Le Temps

Le caveau mortuaire de la Grande Pyramide aurait-il été repéré à l'aide d'ondes radar? Les autorités égyptiennes refusent d'entamer de nouvelles fouilles, trouvant la proposition farfelue. Mais l'Université de Genève soutient le projet malgré ce refus

por Florencio Artigot
Deux égyptologues français affirment avoir localisé, grâce à un géoradar, la chambre funéraire de la Grande Pyramide de Kheops après dix-sept ans de recherches. Intéressée à l'entreprise de Gilles Dormion et Jean-Yves Verd'hurt, l'Université de Genève a offert ses services pour obtenir une autorisation qui lui permettrait de vérifier les thèses des deux égyptologues. «Nous avons fait une demande officielle au Conseil suprême des antiquités égyptiennes en avril pour commencer des fouilles dans la pyramide de Kheops, mais elle a été refusée, se lamente Michel Valloggia, titulaire de la chaire de Langue et civilisation de l'Egypte ancienne et directeur de la Mission archéologique franco-suisse d'Abu Rawash en Egypte. Si le caveau de Kheops est repéré, ce serait une découverte incroyable, bien plus importante que celle de la tombe de Toutankhamon.»

Les chercheurs trouvent le refus des autorités égyptiennes étonnant. Gilles Dormion avait pourtant été autorisé une première fois en 1986 à effectuer des relevés par microgravimétrie dans la Grande Pyramide. En 1998, il avait même été chargé avec Jean-Yves Verd'hurt de superviser la ventilation de l'ensemble du monument. Mais du côté égyptien, on juge cette possible découverte farfelue. Un égyptologue dit même qu'elle empiéterait sur le terrain de recherche de Zahi Hawass, le secrétaire général du Conseil suprême des antiquités, la personne même qui délivre les sésames pour les fouilles.

Dans son livre Kheops, la chambre secrète qui sera publié le 1er septembre, Gilles Dormion avance que le volume détecté au géoradar pourrait être la chambre funéraire du pharaon qui a vécu entre 2560 et 2532 av. J.-C. et dont le corps momifié n'a encore jamais été retrouvé. «Il doit y avoir quelque chose en dessous de la chambre de la reine», explique Gilles Dormion. Ce «quelque chose» pourrait être une chambre, un couloir, une trappe ou un simple boyau. «Le sol de ce boyau, continue le chercheur, est percé d'une sorte de conduit communiquant vers le bas. On ne peut s'empêcher de penser à un passage de cordes. La synthèse de tous ces paramètres conduit inéluctablement à considérer que l'on se trouve en présence d'un «boyau de service» permettant d'accéder au-dessus de quelque chose que l'on actionnerait au moyen d'un cordage passant par un trou. Dans une pyramide, la réponse est bien entendu: une herse.» Pour vérifier que cette cache existe bel et bien, il suffirait de sonder la présence de granit. Car, d'après les égyptologues, s'il y a du granit, il y a forcément des herses, étant donné que cette roche très dure n'est utilisée que dans des mécanismes d'ouverture compliqués. Le gros de la pyramide étant construit en calcaire, pierre beaucoup plus friable. Selon le professeur genevois, il suffirait de percer une petite cavité pour y glisser un endoscope: «On reboucherait ainsi avec un peu de plâtre ce petit orifice pour préserver la structure. Il s'agit d'une petite opération chirurgicale.»

Pour Gilles Dormion, plusieurs éléments soulignent l'existence de la chambre funéraire: «Le géoradar a détecté le toit d'une structure à 3,50 mètres sous le sol de la chambre de la reine. Si l'on ajoute à cela une hauteur de passage standard de 1,20 mètre, le plancher de la structure présumée se trouverait à environ 4,70 mètres au-dessous, hauteur compatible avec le fonctionnement des herses. Tout cela situerait la chambre présumée à l'altitude de 16,50 mètres.» Selon lui, Kheops s'est fait bâtir trois chambres funéraires. La première est restée inachevée, la seconde était disponible et la troisième s'est brisée. Kheops serait donc inhumé dans la seconde.

Le professeur Michel Valloggia abonde dans ce sens: «C'est la seule hypothèse sérieuse sur le mystère de la Grande Pyramide depuis bien longtemps. J'ai vu le relevé du géoradar et on voit bien un couloir délimité par deux murs distants de 1,05 mètre, soit exactement deux coudées dans le système de calcul de l'Egypte ancienne. J'ai aussi pu voir de mes propres yeux que le dallage de la chambre de la reine a été remanié.» D'après les deux égyptologues, ce remaniement laisse supposer l'existence d'une entrée secrète qui donne un accès direct au caveau de la Grande Pyramide.

Pour l'instant, le mystère de la chambre funéraire de Kheops reste entier. A moins que Gilles Dormion et Jean-Yves Verd'hurt ne réussissent à convaincre le Conseil suprême des antiquités égyptiennes d'accepter la demande de fouilles de l'Université de Genève. La présentation officielle des travaux des deux égyptologues français à leurs collègues du monde entier aura lieu le 8 septembre à Grenoble. «Pour éviter de froisser les susceptibilités, on pourrait alors proposer une équipe internationale qui serait chapeautée par les autorités égyptiennes», glisse l'égyptologue genevois.

Ambiente Brasil

Frente à ameaça da sigatoka negra, a mais temível doença já diagnosticada da bananeira, a Embrapa - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, vem desenvolvendo pesquisas e disponibilizando cultivares resistentes e ensinando novas práticas de cultivo aos produtores rurais da Amazônia.

Nesta terça-feira (31), a Embrapa Amazônia Ocidental (Manaus/AM) lançará mais duas cultivares de bananeiras resistentes ao mal: Prata Caprichosa e Prata Garantida, que também são resistentes à sigatoka amarela e ao mal-do-Panamá, e fazendo a recomendação técnica da cultivar Pelipita, resistente a sikatoga negra. O evento será realizado às 10h, no Auditório do Parque de Exposições Agropecuárias Angelino Beviláqua (Expoagro), em Manaus (AM).

A Prata Caprichosa apresenta rendimento agronômico de três a cinco vezes superior e maior resistência ao despencamento que a cultivar Prata Comum, com sabor idêntico.

A Prata Garantida tem número e tamanho de frutos e produtividade superiores as cultivares Prata São Tomé e Prata Comum. Os frutos apresentam sabor mais adocicado do que os da Prata São Tomé e possuem resistência ao despencamento quando comparados à Prata Comum.

A cultivar Pelipita está sendo recomendada pela Embrapa com o objetivo de substituir as bananas D'angola ou Pacovan e Terra ou Pacovi, as quais têm sofrido redução significativa nas suas produções devido ao ataque severo da sigatoka-negra.

Os frutos da cultivar Pelipita apresentam vantagens comparativas em relação aos frutos da banana D'angola ou Pacovan, tais como 650% mais fibra e 625% menos gordura na polpa, o que lhe confere maiores digestibilidade e rendimento industrial, quando empregadas na fabricação de farinha e banana 'chips'.

A Embrapa pesquisa alternativas de combate à sigatoka-negra desde a entrada da doença no Brasil, em 1998. Já recomendou cinco variedades e agora vai aconselhar os produtores a adotarem mais três cultivares.

A sigatoka-negra, causada pelo fungo Mycosphaerella fijiensis, já dizimou bananais nativos na região Norte, Centro Oeste e mais recentemente vem atingindo as plantações do Vale do Ribeira, em São Paulo, onde se concentrada 20% da produção nacional de bananas. (Embrapa Amazônia Ocidental)

- Sólo ojos para Nayaf (ABC, Madrid)
- Organizações, por Vasco Pulido Valente (Diário de Notícias, Lisboa)
- A não esquecer, por Vasco Pulido Valente (Diário de Notícias, Lisboa)

ABC

En el Cáucaso, el libreto es casi idéntico al de Irak, pero los actores son distintos, y esto es lo único que importa a quienes juzgan las conductas no por lo que son sino por sus protagonistas

por EDUARDO SAN MARTÍN
Irak lo ensombrece todo. Hipnotizado el mundo con las vicisitudes de la crisis de Nayaf, otros conflictos internacionales son relegados al desván de la desmemoria, a pesar de que algunos de ellos están generando mucho más dolor y sufrimiento que los que padece el pueblo iraquí n(no desde hace año y medio como induce a pensar la meticulosa cobertura dada a sus desdichas presentes, sino al menos desde 1958); y de que otros albergan un potencial de desestabilización contra el orden internacional al menos tan grave como el desencadenado con la guerra de Irak.

En la región africana de los Grandes Lagos, por citar alguno de los primeros, sólo en los últimos diez años han muerto cerca de cuatro millones de personas. Cuatro millones. Uno en las matanzas de tutsis ruandeses en 1994, y otros tres en las guerras cruzadas que libran desde entonces en el este del Congo guerrilleros y ejércitos regulares del antiguo Zaire, Ruanda, Burundi y Uganda. Por no citar el rosario interminable de exilios y otras calamidades que han marcado la existencia de esos Estados desde su independencia, a mediados del siglo pasado. La última matanza de tutsis congoleños en un campo de refugiados de Burundi ni siquiera ha servido de recordatorio de tanta tragedia a quienes -pueblos, Estados y organizaciones internacionales- se escandalizan hoy con el drama interminable de Oriente Próximo mientras olvidan lo que ocurre en el corazón de un continente abandonado a su suerte. Para quienes buscan causas justas por las que movilizarse, ahí tienen una de primera magnitud.

Ejemplo de los segundos es la creciente tensión en la que vive el Cáucaso. Allí Rusia, que se opuso en la ONU a la intervención extranjera en Irak invocando una discutible interpretación de la legalidad internacional, fomenta movimientos separatistas en regiones de países vecinos, con el apoyo externo de su ejército y con el de grupos mafiosos internos, mientras aplasta sin contemplaciones las veleidades secesionistas en su propio territorio, regando repúblicas como la de Chechenia de sevicias contra la población civil que dejan en mantillas las de la prisión iraquí de Abu Ghraib. Y ello, ante la mirada complaciente de líderes occidentales que acuden presurosos a presentar sus respetos al nuevo zar (la expresión no es mía) en el Kremlin, pero evitan desplazarse a la Casa Blanca para saludar al presidente de Estados Unidos. En el Cáucaso hay también petróleo, mucho petróleo. Y una de las ramas más violentas del terrorismo internacional, como bien se ha podido comprobar esta misma semana. Escenario y libreto son casi idénticos a los de la obra representada unos cientos de kilómetros al sur. Pero los actores son distintos, y esto es lo único que importa a quienes juzgan las conductas no en función de lo que son, sino de quiénes las protagonizan.

El mundo, ese mundo, sólo tiene ojos para Nayaf. Como si el destino de la humanidad entera se estuviese jugando en las polvorientas callejuelas que rodean un recinto religioso profanado, no por las fuerzas regulares iraquíes o por las tropas extranjeras, sino por los mismos centenares de milicianos que dicen combatir en nombre de las creencias que sustentan ese símbolo de la fe.

Diário de Notícias

por Vasco Pulido Valente (Ago 28)
Portugal organizou o Euro. Não houve cão nem gato que não se extasiasse com a inteligência, o método e pertinácia do indígena. Os jornais publicaram prosa ditirâmbica. Na televisão, intelectuais, políticos, palermas de serviço escorriam baba patriótica. Portugal era grande. A Europa estava positivamente pasmada com tanta perfeição. Só que Portugal, ao fim de anos de torpes tentativas, não consegue ainda fazer, com alguma eficiência, esta coisa simples: «colocar os professores». A «colocação dos professores» levanta sempre uma grande balbúrdia e um geral furor. Depois lá vem a sentença do costume: erros de computador, influência política, puros disparates do próprio ministério. Perante esta longa história de fracasso e de inépcia, parecia razoável que, tarde ou cedo, um governo qualquer se decidisse a resolver definitivamente o problema. Portugal, que organizou o Euro, podia talvez, num esforço heróico, organizar a «colocação dos professores». Mas não: isso Portugal não organiza. O mais curioso é que toda a gente sabe porquê e ninguém faz nada. Os professores não deviam ser «colocados» e, a ser «colocados», não deviam ser «colocados» pelo ministério. Claro? Não. Não porque, apesar do seu alto palavrório, no essencial o ministério obedece aos sindicatos de professores, principalmente à Fenprof, e a Fenprof não quer servir o ensino ou as crianças, quer servir os professores. Por razões demográficas, o número de crianças diminui e, por causa de uma Universidade ao deus-dará, o número de professores aumenta. A dificuldade está obviamente em dividir um bolo cada vez mais pequeno por cada vez mais convivas. A educação não interessa; interessa o emprego. A Fenprof defende o emprego. E o ministério não defende a educação, foge da Fenprof. Em 2004, foram apresentadas mais de três mil reclamações contra o «concurso». E muito provavelmente milhares de escolas não abrem a tempo.

Diário de Notícias

por Vasco Pulido Valente
Não sei, e gostava de saber, com que tranquilidade assiste o dr. Jorge Sampaio à eleição para secretário-geral do PS. Porque muito obviamente essa eleição dia a dia o desautoriza, provando sem margem para dúvida que ele não podia e, sobretudo, não devia ter feito o dr. Santana Lopes suceder a Barroso. Não escapou de certeza ao dr. Jorge Sampaio que no PS só à superfície se trata de eleger um secretário-geral. Do que se trata é de eleger um candidato a primeiro-ministro. Sobre isso, dois pontos que não admitem discussão. Por um lado, Manuel Alegre, que não queria, ao princípio, aceitar a ideia de que o secretário-geral era forçosamente candidato a primeiro-ministro, foi obrigado a recuar para defender a simples credibilidade da sua presença em campo. E, por outro lado, o eng. Sócrates, que não se queria pronunciar sobre alianças, também foi obrigado a admitir que se aliaria à esquerda, caso o PS não conseguisse a maioria absoluta: ninguém acreditava nele se não estivesse absolutamente disposto a governar. O partido exige tanto a Sócrates como a Alegre que ponham a direita na rua e se instalem no Estado. Quem ganhar tira a sua legitimidade, toda a sua legitimidade, de uma presumível aptidão para responder a esta claríssima exigência. É uma legitimidade pessoal. Pior ainda: a história não acaba aqui. Escolhido o candidato, o PS espera que ele traga votos de neutros, de inimigos, de oscilantes, de gente desiludida que o deixou de apoiar e até de gente que nunca o apoiou. Sem esses votos não há maioria e, se há maioria, ela pertence a uma pessoa, a uma única pessoa. A legitimidade que ela confere é aqui, naturalmente, de novo, pessoal. Diga a Constituição o que disser, o processo político mudou e as coisas são agora como são. O dr. Jorge Sampaio ignorou a evidência: entre a legalidade e a legitimidade, fugiu para a legalidade. Um erro dele. A não esquecer.

- La lección de Nayaf (ABC, Madrid)
- Las torres gemelas de la Rusia de Putin (ABC, Madrid)
- A pedagogia de São Tomé (Jornal do Brasil, Rio)

ABC

Editorial
LAS mazmorras del horror halladas ayer en Nayaf tras el cese de los combates (según la denuncia de la Policía iraquí), el modo en que esta tregua ha sido negociada y la amenaza intacta de las milicias chiíes del aprendiz de ayatolá Moqtada al Sadr proyectan oscuras sombras sobre la atropellada transición en Irak. George W. Bush ha admitido «errores de cálculo» en el conflicto de Irak en una entrevista con el diario «The New York Times». La bomba de relojería chiíta es uno de esos errores de cálculo y de gestión. Y grueso. Hace poco más de un año, Al Sadr era un actor menor en la tragedia iraquí y en la propia jerarquía chií, dominada por venerables ancianos como el ayatolá Alí al Sistani, que ha logrado aplacar, por el momento, el desmedido ardor del joven religioso. Desde junio del año pasado, este hijo de un imán asesinado por el régimen de Sadam no ha cesado de incrementar su poder entre la población chií, que representa el 60 por ciento del país y que ha estado tradicionalmente oprimida por las elites suníes. A través de organizaciones caritativas, un periódico y una milicia de fanáticos ha sabido catalizar la desesperación de los más pobres y convertirla en una revuelta.

Desde ayer, además, el clérigo radical chií tiene -según el testimonio de la Policía iraquí- su «Abu Ghraib» personal. La veintena de cuerpos de civiles y policías mutilados y quemados hallados en la mazmorra del particular «tribunal» que instaló en Nayaf borran toda duda sobre el talante del personaje. Sus portavoces niegan las ejecuciones, pero su visceralidad y las evidencias halladas le hacen sospechoso y capaz de estas brutalidades. A este capítulo hay que sumar, una vez más, la de un periodista, el italiano Enzo Baldoni, que, al lado de sus labores informativas, colaboró con la Cruz Roja y la Media Luna Roja para aliviar el sufrimiento de la población.

En Nayaf, Bush optó por la prudencia a menos de tres meses de una elección presidencial muy reñida y en la que el debate sobre Irak tiene un peso considerable. Las botas de los marines no pisaron el suelo sagrado del mausoleo del imán Alí. Impotentes las frágiles fuerzas de seguridad del Gobierno de transición, tuvo que ser el anciano ayatolá Sistani, recién salido de un hospital londinense, el que convenció al joven clérigo radical. Éste, sin embargo, conserva intacto su poder de destrucción, ha incrementado su aura de resistente iluminado ante sus seguidores y mantiene contactos fluidos con Teherán, que visitó tras la caída de Sadam. Aunque todavía minoritario respecto a los dos grandes partidos chiítas del país, su nacionalismo exacerbado y su radicalismo religioso encuentran un eco creciente en un terreno abonado.

ABC

por LUIS IGNACIO PARADA
Putin, que celebró su victoria en las elecciones de 2000 lanzando tres misiles intercontinentales sin carga nuclear; que conoce sobradamente los mecanismos de ocultación de la verdad porque fue coronel del KGB; que está rodeado de ex miembros de los servicios secretos y el ejército (los llamados ´siloviki´, hombre fuerte), ha debido de sufrir ayer un serio trauma al tener que aceptar que al menos uno de los dos aviones Tupolev que se estrellaron el martes en el territorio ruso sufrió un atentado. El hallazgo de rastros de explosivos semejantes a los utilizados en 1999 en Moscú y Volgodonsk que costaron la vida a casi 300 personas y que precedieron al comienzo de la segunda guerra de Chechenia, y la divulgación de las tres alarmas de secuestro se han escapado a su control.

Putin se habrá arrepentido ya de la reorganización del Servicio Federal de Seguridad (FSB), antiguo KGB, que hizo hace poco más de un mes. Para el hombre que obligó a exiliarse a Berezovsky y Gusinsky, magnates de la televisión privada; que ha encarcelado a periodistas independientes como Andrei Babitski; que toleró la muerte de los 118 tripulantes del ´Kursk´ para que la prensa no revelara la catastrófica situación de la Armada rusa; que evitó que entraran en rigor reformas que hubieran permitido a los medios informar sobre la toma de rehenes en el Teatro Dubravka de Moscú por terroristas chechenos; que ha engañado sobre el conflicto con la república separatista para esconder los intereses petrolíferos que enriquecen a los amigos que le llevaron al poder; que niega, en fin, las vinculaciones del terrorismo del Cáucaso con el de Al Qaeda que dejan entrever los periódicos ha debido de ser un trauma que el mundo sepa que la seguridad de su espacio aéreo es tan vulnerable. Ni siquiera ha tenido los reflejos de decir que Rusia no tenía dos Torres Gemelas capitalistas a las que los terroristas podían apuntar.

Jornal do Brasil

por Pedro Rogério Moreira, jornalista
O santo que proclamou o ''ver para crer'' deveria ser escolhido o patrono dos jornalistas. No entanto, o sábio Tomé está um tanto ou quanto desprestigiado pelo novo jornalismo. Este preferiu erigir seu altar ao mais sagrado ativo do mercado da informação, aqui e alhures: a matéria de denúncia.

O desprestígio de Tomé começou com o puxão de orelhas que recebeu do mestre dos mestres. Todos se recordam da história. Jesus, morto, apareceu aos apóstolos, mas, caramba!, logo na hora em que Tomé não estava. Tomé achou que era balela. No que fez bem. Os companheiros o tacharam de teimoso. Mas o velho Tomé se portou como deve agir o bom repórter: só vendo para acreditar. Como, em sã consciência, alguém pode proclamar uma verdade se não a enxerga?

O que prevaleceu, entretanto, através dos tempos, foi a censura de Jesus ao seu amado discípulo. Nós, cristãos, a tomamos ao pé da letra, o que é um erro. E como estamos vivendo a era do politicamente correto, o jornalismo considera incorreta a atitude de Tomé, desprezando a sabença que ela contém. E tome denúncia disso e denúncia daquilo. Não importa se o repórter não colha a prova, uma suspeita já basta. O importante é crer na suspeita. Pois sim.

Dizem que São Tomé foi parar na Índia, pregou o Evangelho entre os hindus, converteu milhares deles e morreu numa cidade até hoje não localizada no território indiano, a misteriosa Calamina. Mas não há provas concretas de nada disso.

Na semana passada, um episódio nos remeteu ao ensinamento do precatado Tomé.

Um ex-repórter veio a público fazer o mea culpa de uma falsa informação que veiculara, deliberadamente, na revista Veja, para incriminar o então deputado Ibsen Pinheiro no lamaçal dos ladrões do Orçamento. O crime jornalístico ocorreu no remoto ano de 1993. Se nunca é tarde para amar, jamais o será para a conversão. Luis Costa Pinto, o cristão novo, merece o crédito, não de coragem, ausente no episódio, mas da prática da humildade, embora também esta esteja sendo contestada por antigos colegas dele, que enxergam na confissão do crime apenas um golpe de marketing do ex-jornalista que virou lobista da Coca-Cola. Seja como for, a prática da humildade devia estar permanentemente incorporada ao exercício da reportagem, no lugar da soberba, do magister dixit encontradiço em repórteres, no arbítrio que se instalou na alma de muitos editores, desvios que fatalmente produzem crimes como o de Costa Pinto.

Não é a primeira vez que a revista Veja purga um erro grave. No ano passado, aí sim, com coragem e praticando uma humildade que só a eleva, a revista apurou como falsa a denúncia que levou o líder sindical Paulinho a renunciar à sua candidatura a vice-presidente da República na chapa de Ciro Gomes. Acusaram-no de desvio de verbas do Fundo do Trabalhador e de malversar dinheiro de sindicato. Na época, esse jornalismo que acredita sem ver e que escreve o que não viu, prestou-se aos desejos secretos de quem desejava apenas liquidar com uma reputação. As manchetes foram implacáveis com Paulinho. Depois, soube-se, era invenção de petistas para fazer migrar os votos de Paulinho/Ciro para Lula.

Agora, um ex-repórter que cobria a CPI do Orçamento, importante evento da história contemporânea, revela que transformou mil dólares em um milhão de dólares. Não foi este montante a causa da cassação de Ibsen Pinheiro, todos sabemos, mas foi um falsidade contra o acusado.

É preciso, mais do que nunca, reabilitar São Tomé.

Os repórteres deveriam tomar como dístico o velho ''ver para crer''. Amém.

Divulgados pelo Do Portugal Profundo.

- Depoimento de vítima sobre Ferro, Gama, Pedroso e outros
- Recurso do MP sobre a não-pronúncia de Pedroso, Herman e Alves

Divulgado no Do Portugal Profundo no sábado, 14 de Agosto de 2004.

Para esclarecimento dos leitores sobre o verdadeiro horror do processo da Casa Pia e comparação com o orquestrado e violentíssimo comportamento do sistema àcerca de alegadas fugas de informação.

Transcrição da publicação no jornal "O Crime" de 11 de Março de 2004, página 4 a 6, do texto integral do depoimento de uma das principais testemunhas do processo da Casa Pia (o chamado "braço-direito de Bibi"). Existirão ainda, segundo foi publicado na imprensa, outros depoimentos de duas outras alegadas vítimas que acusam Ferro Rodrigues. A identificação das personalidades nas fotografias (do álbum mostrado às vítimas) , os sublinhados a negro e a coloração a vermelho escuro (de sangue) são meus.

"À matéria dos autos disse:

«Que confirma as declarações prestadas no âmbito do presente inquérito as quais dá neste acta como reproduzidas.

«Que no ano de 1986, quando tinha apenas 5 anos de idade entrou para a Casa Pia de Lisboa, como semi-interno e para o Colégio Maria Pia. No ano seguinte e quando tinha seis anos, iniciou a escola primária, ainda como semi-interno, tendo passado ao regime de internato no início do ano seguinte, ou seja em 1988. Nesse ano de 1988, e mais concretamente no início do mês de Agosto, o depoente foi para uma colónia de férias para o Algarve, sendo certo que, acompanhava os outros colegas num autocarro da CPL, seguindo na retaguarda uma outra viatura que transportava material de apoio e conduzida pelo Carlos Silvino e pelo senhor Óscar. Pararam numa área de serviço que não consegue identificar, mas que habitualmente e nos percursos efectuados de e para as colónias no Algarve é sempre utilizada para uma paragem habitual. Mal chegaram aquela área de serviço, o "Bibi" abordou o depoente, bem como o [...] e o [...] tendo-lhes pago um gelado. Ali o depoente bem como os seus colegas, foram à casa de banho, tendo o Carlos Silvino entrado, ao mesmo tempo que os seus colegas saíam e o depoente ainda ali permanecia. Ali o Carlos Silvino puxou o depoente para dentro de uma cabine fechando a porta, e ali obrigou-o a mexer-lhe no sexo, a fazer-lhe sexo oral, e baixou-lhe as calças tendo introduzido o pénis no ânus do depoente. Tal nunca havia acontecido com o depoente nem outra experiência semelhante tinha vivido, pelo que, a dor sofrida foi bastante intensa tendo magoado o depoente. Não se recorda se o Carios Silvino ejaculou enquanto mantinha o acto sexual ou se o fez para a sanita.

«Nesse mesmo ano e por alturas de Outubro ou Novembro quando depoente se encontrava no Colégio Maria Pia, mais concretamente junto à casa de banho que se situava nas imediações da cozinha, o Carlos Silvino estando acompanhado do Álvaro que era cozinheiro e do Augusto que era ajudante de cozinha agarraram o depoente e levaram-no para o interior da referida casa de banho. Ali, o Bibi obrigou-o a fazer sexo oral, o mesmo acontecendo com o Álvaro, tendo ambos atingido o orgasmo, enquanto que o Augusto controlava o exterior para ver se alguém se aproximava. Entretanto, o Bibi e o Álvaro ocuparam o lugar do Augusto, no exterior, enquanto aquele entrou na referida casa de banho e ali o depoente fez-lhe sexo oral e masturbou-o, tendo este também atingido o orgasmo.

«Em consequência dos abusos de que foi vítima nas alturas referidas, o depoente teve problemas de saúde que se reflectiam na incontinência das fezes, facto que a família e educadores associavam ao nervosismo em razão da morte da sua mãe, facto que não correspondia de todo à verdade e de que só o depoente conhecia o verdadeiro motivo. O que o levava a manter o silêncio era o medo que o Bibi lhe incutia e temia que a revelação dos factos pudesse ter consequências ainda piores, pelo menos na mentalidade do depoente e em razão da sua pouca idade.

«Entretanto o Bibi continuou na senda dos abusos sexuais na pessoa do depoente, sendo que, acontecia sistematicamente sexo oral e penetração anal. Enquanto durou tal prática, o depoente não pode precisar quantos foram os actos cometidos pelo Bibi mas, segundo recorda terão sido algumas dezenas, podendo afirmar que a situação se manteve até o depoente ter 14 anos de idade.

Que ainda se recorda e sem qualquer dúvida que quando tinha apenas 10 anos o Bibi levou o depoente, bem como, dois colegas que apenas sabe chamarem-se [...] e [...] e que eram alunos do Colégio Pina Manique, até uma residência sita em Cascais, onde estavam três senhores, os quais identifica sem qualquer dúvida, como sendo o Dr. Ferro Rodrigues, o Embaixador Jorge Ritto e o Dr. Jaime Gama, cujas fotografias constam no apenso AJ, com os números 3, 15 e 60 respectivamente.

A referida residência era pertença ou utilizada pelo Embaixador Jorge Ritto. Tendo-lhe sido solicitada a descrição física de tal residência, o depoente afirmou recordar-se que era um prédio com o n.° 8. Sendo que a casa onde se deslocava se situava no 4.º andar desse mesmo prédio. Do prédio, recorda-se que era de cor branca (aparentando alguma sujidade) e que tinha varandas na parte da frente que dava para a estrada. Recorda-se ainda que se situava em Cascais, no Bairro do Rosário (lembra-se de ver o nome daquele bairro nas placas). O depoente mostra-se neste acta disponível para indicar a sua localização.

Mais esclarece que o Bibi os transportou até aquela residência numa carrinha da Casa Pia, numa Renault Expresso, tendo deixado os três jovens à entrada do prédio, tendo tocado a campainha e entregue os jovens a um indivíduo que presume ser o porteiro do prédio, o qual os levou até ao apartamento onde se encontravam os já referidos senhores. Ali chegados, o Embaixador Jorge Ritto, mandou-os tornar banho enquanto eles (os senhores) ficaram na sala. Quando acabaram de tomar banho dirigiram-se os três jovens até à sala, completamente nus, sendo que os adultos se despiram tendo ficado também eles nus. O depoente praticou sexo oral no Embaixador Ritto, enquanto que o [...] e o [...] também os mesmos actos ao Dr. Jaime Gama e no Dr. Ferro Rodrigues. Enquanto o depoente e o [...] praticavam sexo oral no Ritto e no Jaime Gama, o Ferro Rodrigues tirava fotografias e filmava os actos sexuais, situação esta que se alterava pois também o Jorge Ritto e o Jaime Gama tiravam fotografias e filmavam enquanto o Ferro Rodrigues mantinha actos sexuais com os menores. Todos os adultos presentes praticaram sexo oral nas crianças e também introduziram os respectivos pénis nos seus ânus. A rotação de parceiros aconteceu e os actos repetiram-se todos, sendo que o depoente manteve contactos com todos eles.

«O depoente recorda-se que quando se entrava na casa havia um corredor sobre o lado esquerdo que conduzia até uma sala de estar. Num dos cantos da sala de estar havia uma cozinha pequena "tipo americana" (kitchnet), sendo que na sala havia uns sofás e uma mesinha. Recorda-se que por cima do sofá havia um quadro. No extremo oposto da sala, havia duas portas, a do lado direito dava para uma casa de banho onde costumavam tomar banho, a do lado esquerdo dava para um quarto. Desconhece se a casa tinha ou não mais divisões, afirma no entanto que não entrou em mais nenhuma.

«Quando terminaram os actos sexuais vestiam-se e o Jorge Ritto entregou um envelope ao depoente dizendo-lhe para entregar ao Carlos Silvino, o qual os aguardava no mesmo local onde os deixara. Quando o envelope foi aberto constataram que aquele continha dinheiro, pois o Bibi retirou 5.000$00 e entregou-os ao depoente tendo repetido o gesto com os seus colegas [...] e [...], ao mesmo tempo que tecia o seguinte comentário: "Tomem lá a vossa recompensa".

«Quando teria 10 ou 11 anos de idade, o Blbi conduziu o depoente e os já referidos [...] e [...] até uma casa em Cascais onde se encontravam três indivíduos estrangeiros, que falariam a lingua inglesa, sendo um deles de raça negra. Ali chegados já alguém os aguardava no exterior, tendo o Bibi entregue os três àquele indivíduo que os conduziu até ao interior da residência. A residência era seguramente uma vivenda de r/c e 1.º andar. Lembra-se que a vivenda era branca e tinha grades brancas na janela. Sempre que lá foi, o depoente foi para o piso de baixo. No piso de baixo havia uma sala grande (aparentando ser uma garagem adaptada), onde se situavam quatro sofás encostados à parede e onde ocorriam os relacionamentos sexuais. No meio da sala havia uma mesa redonda.

«Dentro da vivenda estavam três indivíduos, sendo que, cada um deles levou uma criança para um quarto e ali praticaram sexo oral e anal tendo também havido troca de parceiros. Quando terminaram os actos sexuais quer o depoente, quer os seus dois colegas, receberam 2.000$00 cada um, não tendo levado qualquer envelope para o Bibi, que os aguardava no exterior e que os levou até aos respectivos colégios.

«Refere ainda que à casa de Jorge Ritto sita em Cascais e para além da situação já referida deslocou-se mais duas ou três vezes acompanhado dos mesmos colegas, e encontrando-se na residência as três pessoas já referidas anteriormente (Jorge Ritto, Jaime Gama e Ferro Rodrigues), sendo certo que também destas duas vezes o pagamento foi efectuado em envelope dirigido ao Bibi, tendo aquele feito a distribuição pelas três crianças.

«Confrontado com as suas declarações quer deixar bem claro que aquando das deslocações a Cascais, sempre foi o Bibi, que os levou e que os trouxe até à Casa Pia, sendo que deixava os seus companheiros junto do McDonald’s que fica perto de Pina Manique e seguidamente deixava o depoente na Rua Paiva Couceiro, junto ao Posto Médico n.º 28, perto do Colégio Maria Pia. Como deveria ter entrado no lar perto das seis da tarde e com medo de sofrer represálias dado o adiantado de hora, o depoente dirigia-se à PSP do Alto de São João dizendo que tinha fugido do Lar e que pretendia que estes o acompanhassem ao mesmo, o que invariavelmente acontecia.

«Quando tinha 12 anos de idade foi levado pelo Bibi, juntamente com o seu colega [...], semi interno em Maria Pia, para uma casa situada nas traseiras da Embaixada da Turquia, no Restelo, designada por "Casa dos Érres". Este nome foi-lhe dado porque todas as crianças e jovens, rapazes e raparigas, quando lá se dirigiam tinham à entrada que dizer o nome começado pela letra R. Nesse dia o Bibi parou a carrinha um pouco abaixo da embaixada. Saíram os três e dirigiram-se à rua estreitinha, junto à embaixada da Turquia e que conduz à entrada" da dita casa. O depoente e o Bibi ficaram a meio da mencionada rua para que este pudesse visualizar a entrada da casa. Passados cerca de 15 minutos, disse ao depoente para se dirigir à casa, sendo que à entrada tinha que indicar um nome começado por R., o que este fez. Uma vez chegado à "Casa dos Érres", e após ter tocado à campainha a porta, foi-Ihe aberta por um indivíduo do sexo masculino, raça branca, aparentando ter entre 30 a 40 anos de idade, com cerca de 1,65 mm de altura, com cabelo preto curto, cuja identidade desconhece mas que reconhecerá caso o volte a ver.

«A porta de entrada dava acesso a um hall. Nesse hall havia uma porta do lado esquerdo que dava para uma sala mobilada com sofás e mesas de apoio, onde se encontrava à disposição deles bebidas alcoólicas e droga - heroína e cocaína. Nesta sala encontravam-se algumas crianças de ambos os sexos e alguns adultos do sexo masculino. Sempre que lá foi, encontravam-se no local o Embaixador Jorge Ritto, o Dr. Jaime Gama, o Dr. Ferro Rodrigues, o Dr. Paulo Pedroso, o apresentador Carlos Cruz e o Chalana. Ao Dr. Jaime Gama o depoente só lhe conhecia o nome por ouvir as outras pessoas chamarem-no por esse nome. Somente mais tarde, e através da televisão, veio a saber que ele era político. O Chalana conhecia-o por treinar um colega seu e por já ter estado na Casa Pia e no seu lar, por alturas de uma festa e por ser treinador desse colega. O Ferro Rodrigues somente lhe conhecia o nome, sendo que, somente há quatro anos, quando foi morar para Almoçageme é que o viu num café e perguntou aos senhores do café quem era aquele indivíduo. Relativamente ao Paulo Pedroso, sabia apenas que este era amigo do Ferro Rodrigues, pois estes entravam na "Casa dos Érres" sempre juntos e saíam juntos. Somente após a sua detenção é que o depoente através da televisão veio a ter conhecimento de que este era político. Relativamente ao Carlos Cruz, conhecia-o de o ver na televisão a apresentar concursos.

Para além destes indivíduos encontravam-se ainda outros indivíduos do mesmo sexo, cuja identidade o depoente desconhece. Desconhece igualmente os nomes das outras crianças que ali se encontravam, sendo certo que a sua maioria, senão a totalidade eram alunos da Casa Pia de Lisboa.

«Que as relações sexuais ocorriam nessa sala, onde à entrada se despiam, sendo que os adultos abusavam das crianças na presença dos restantes, também aconteceu algumas das crianças praticarem actos sexuais com outras crianças. Naquela data, o depoente foi abusado por todos os indivíduos acima mencionados, bem como por outros indivíduos cuja identidade desconhece. Os actos sexuais praticados naquele local e com aqueles adultos consistiram em manipulação, sexo oral e sexo anal. Para além desta vez deslocou-se ainda à "Casa dos Érres" por mais quatro vezes, sendo que na última das quais tinha 14 anos. Nestas ocasiões deslocou-se para a referida casa na companhado seu colega [...], deslocando-se ambos aquele local a mando do Bibi. Dessas vezes estavam lá sempre os mesmos indivíduos, bem como, outros que não consegue identificar. Após o cometimento dos abusos os adultos davam às crianças dinheiro em mão, sendo que, as quantias variavam entre os 5.000$00 e os 10.000$00, sendo tais montantes entregues ou por um indiíviduo, ou por vários.

«Dos adultos que ali se deslocavam e após visionamento das fotografias do apenso AJ, o depoente reconheceu sem qualquer reserva os n.º 3, 8, 15, 18, 26 e 60.

«Quer ainda esclarecer e salientando que os factos que vai descrever são os mais dolorosos e aqueles que mais o perturbam, pois em razão das funções que ainda mantém o assessor do colégio Maria Pia, Sr. Magalhães, teme que algo lhe possa acontecer. Mesmo assim e, por ter absoluta confiança na justiça, passa a relatar o seguinte: ainda no período que tinha entre os dez e os catorze anos de idade, acompanhado de vários colegas, entre os quais recorda os irmãos [..] e [..], que na altura eram internos no lar José Neto, por alturas do Outono, mais concretamente nos meses de Outubro e Novembro, iam à casa de Colares, que é pertença da CPL. As deslocações aconteciam na viatura pertença da CPL, em regra conduzida pelo Bibi e por vezes pelo Magalhães. Aquelas deslocações eram sempre efectuadas aos fins de semana, sendo certo que os colegas que para ali se deslocavam eram aqueles que não tinham pai e mãe e que passavam os fins-de-semana nos lares.

«Quando chegavam àquela casa, já sabiam que ali iriam acontecer práticas sexuais nas quais eram intervenientes, para além do Bibi e do Magalhães, o Dr. José Pires, o Dr. Luís Rebelo, o Ferro Rodrigues, o Paulo Pedroso e outros indivíduos que não consegue identificar e que se faziam transportar em grandes carros, todos de cor preta e de grande cilindrada. Algumas vezes, o Magalhães levou a viatura pessoal e na qual transportava alunos da CPL. Todos os alunos tinham idades próximas da do depoente.

«No local distribuíam-se pelas duas camaratas ali existentes e os alunos praticavam com as crianças sexo oral, masturbação e cópula anal, trocando de parceiro sistematicamente. Recorda-se que aquelas deslocações aconteceram, pelo menos, umas doze vezes, sendo certo que em todas elas participou o Bibi e por seis ou sete vezes o Magalhães. Refere ainda que todos eles abusaram sexualmente do depoente, obrigando-o a masturbá-los, a fazer-lhes sexo oral e praticavam o coito anal com o depoente. Naquelas práticas, o Magalhães utilizava sempre preservativo enquanto que o Bibi e os outros adultos não o faziam. Que em todas aquelas deslocações passavam ali o fim de semana - sexta-feira até domingo à tarde -, sendo que as práticas sexuais ocorriam na noite de sexta, no sábado e no domingo, e que quer o Magaihães quer o Bibi mantiveram contactos sexuais com o depoente durante aqueles fins de semana.

«Nesta altura é perguntado ao depoente se tinha conhecimento das funções ou ocupações de todos os indivíduos que referiu. Responde que à excepção dos indivíduos com ligações à CPL, do Carlos Cruz, apenas sabia, porque ouvia, os nomes dos restantes intervenientes, desconhecendo as ocupações. Só anos mais tarde é que se apercebeu que os restantes eram políticos.

«Ainda em relação ao álbum de fotografias que lhe foi exibido, o depoente aponta o indivíduo da foto n.º 46 [Fialho Gouveia], como sendo um indivíduo amigo de Carlos Cruz. Explica que tem ideia de ter visto também este indivíduo na dita casa dos "Érres" e quase sempre a conversar com Carlos Cruz, daí dizer que eles eram amigos. Ainda do mesmo álbum o depoente aponta o indivíduo com a foto n.º 21 [Carlos Manuel], referindo que a cara "não lhe é estranha". Tem ideia de o ter visto, talvez na casa dos "Érres", mas não sabe precisar quando. Deseja ainda salientar que a sua educadora da altura de nome Maria Emília, teve conhecimento através da mãe do depoente dos abusos sexuais que era vítima e em concreto por parte do Bibi, tendo sugerido que se calassem "porque ninguém ia acreditar numa drogada" (sic).

«Deseja esclarecer que, após os primeiros abusos de que foi vítima, por parte do Bibi, dirigiu-se a Provedoria e foi recebido pelo Provedor da altura Dr. Luís Rebelo, ao qual contou as situações de abuso sexual sofridas e cujo abusador era o Bibi. A resposta do Provedor foi idêntica à da educadora Maria Emília, ou seja "Cala-te, não contes isso a ninguém!" (sic).

«Em face de tudo isto e quando atingiu os 14 anos, saturado de todos estes acontecimentos e farto de ficar calado e pactuar com os interesses maléficos de tais indivíduos sem escrúpulos e indignos de serem chamados de senhores, fugiu da Casa Pia, pois era a única solução que estava ao seu alcance a fim de evitar que os abusos sexuais continuassem. A sua fuga demorou uns escassos três ou quatro dias, pois a Polícia localizou-o e levou-o novamente para o Colégio Maria Pia. Apesar de ser maltratado conseguiu resistir e impedir que voltasse a ser abusado sexualmente e até que, obrigatoriamente, teve que permanecer na Casa Pia.

«Algumas situações que neste acto referiu, nomeadamente os abusos sexuais de que foi vítima por parte dos "ricos e poderosos" só agora teve coragem de as revelar pois, apesar de algumas ameaças de que vem sendo vítima, acredita na justiça e quer deixar o seu contributo claro e inequívoco relativamente às personalidades que abusaram sexualmente de si e de outros seus colegas, pois nunca tivera oportunidade de desmascarar tais indivíduos.

«O medo que lhe incutia e a pressão que sobre ele exerciam para que nada contasse foram sempre o grande obstáculo para que pudesse livremente contar as situações de abuso sexual que viveu. Mesmo agora e com alguns "poderosos" detidos ainda sofre ameaças pelo telefone, "aconselhando-o" a manter-se calado e a não divulgar o sofrimento que teve durante os anos em que foi criança e que por circunstâncias alheias à sua vontade foi entregue numa instituição que não soube zelar pelos seus verdadeiros interesses.

E mais não disse. Lido o auto o achou conforme, ratifica e vai assinar."
Publicado por Antonio Balbino Caldeira às 12:30

Divulgado no Do Portugal Profundo na quinta-feira, 19 de Agosto de 2004.

Por ser do interesse nacional e da democracia, com o objectivo de suster o gravíssimo golpe palaciano em curso sobre a independência do poder judicial orquestrado pela rede pedófila de controlo do Estado, assumo a publicação integral do recurso do Ministério Público (da autoria dos procuradores Cristina Faleiro, Paula Soares e João Guerra) sobre o despacho (da juíza de instrução Ana de Barros Queiroz Teixeira e Silva) de não-pronúncia de Paulo Pedroso, Herman José e Francisco Alves no chamado processo de pedofilia da Casa Pia.

O nome das testemunhas/vítimas, que consta do recurso, é aqui omitido por motivo da sua protecção. Devido às restrições de formatação do Blogger não foi possível manter o sublinhado de certas passagens.

Peço aos portugueses que amam o País, a liberdade e a democracia, que reproduzam e divulguem rapidamente este documento, nos blogues e através de mail.

"Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa
NUIPC 1718/02.TDLSB
3º Juízo
Exmª Senhora
Drª. Juiz de Direito
Do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa


O Ministério Público, não se conformando com a decisão instrutória de fls. 20738 a
21014:
- na parte em que não pronunciou os arguidos Paulo José Fernandes Pedroso e
Herman José Krippall;
- na parte em que, como consequência da não pronúncia do arguido Paulo
Pedroso, não pronunciou os arguidos Carlos Silvino da Silva, Hugo Manuel
dos Santos Marçal, Maria Gerturdes da Conceição Pragana Nunes e
Manuel José Abrantes pela prática dos crimes que lhes eram imputados, os
três primeiros com refª. aos capítulos 6.7.2.2 e 6.7.2.3 e o último com refª. ao
aos capítulos 6.7.1 e 6.7.2.2 do despacho de acusação;
- na parte em que não pronunciou o arguido Francisco José Soares Alves, pela
prática dos crimes de lenocínio que lhe eram imputados no despacho de
acusação;
- na parte relativa às medidas de coacção aplicadas aos arguidos que foram
pronunciados e ao arguido Paulo Pedroso, cuja pronúncia se requer,
vem dela interpor recurso para o Tribunal da Relação de Lisboa.
O recurso subirá imediatamente, em separado e com efeito meramente devolutivo,
nos termos do disposto nos artºs 310 nº 1 “a contrariu sensu”, 406 n.º 2 , 407 n.º 2 e 427 do
CPP.
Por estar em tempo e ter legitimidade, requer-se que o recurso seja admitido,
seguindo a respectiva motivação – artºs 399, 401 n.º 1 a) e 411 do CPP.
Os Magistrados do Ministério Público
(Cristina Faleiro)
(Paula Soares)
(João Guerra)

Venerandos Desembargadores
do Tribunal da Relação de Lisboa
I. A DECISÃO RECORRIDA
No dia 29 de Dezembro de 2003, o Ministério Público deduziu acusação contra os
arguidos Francisco José Soares Alves, Herman José Krippall e Paulo José Fernandes
Pedroso, imputando-lhes a prática, respectivamente de :
•?19 crimes de lenocínio, p. e p. pelo artº 176 n.º 1, 15 crimes de lenocínio, p. e p.
pelo artº 176 nºs 1 e 3 , todos do CP e 1 crime de detenção ilegal de arma, p. e p.
pelo artº 275 nºs 1 e 3 do CP, com referência ao artº 6º do DL 22/97 de 27 de
Junho;
•?1 crime de actos homossexuais com adolescentes, p. e p. pelo artº 175 do CP;
•?8 crimes de abuso sexual de crianças p. e p. pelo artº 172 nºs 1, 3 crimes de abuso
sexual de crianças, p. e p. pelo artº 172 n.º 3 b) e 12 crimes de abuso sexual de
crianças, p. e p. pelo artº 172 nºs 1 e 2, todos do CP;
Na decisão judicial de fls. 20738 e segs., a Mmª. Juiz de Instrução proferiu despacho
de não pronúncia dos arguidos Herman José Krippall e Paulo José Fernandes Pedroso e
relativamente aos crimes de lenocínio que foram imputados ao arguido Francisco José
Soares Alves.
Mais, não pronunciou os arguidos Carlos Silvino da Silva, Hugo Manuel dos Santos
Marçal, Maria Gertrudes da Conceição Pragana Nunes e Manuel José Abrantes pelas
condutas conexionadas com as que foram imputadas no despacho de acusação ao arguido
Paulo José Fernandes Pedroso.
A Mmª Juiz de Instrução revogou todas as medidas de coacção - de obrigação de
permanência na habitação - a que os arguidos Carlos Cruz, Ferreira Dinis, Manuel Abrantes
e Gertrudes Nunes estavam sujeitos, substituindo-as pelas que passaram a constar do
despacho de pronúncia.
Assim:
1. O arguido Carlos Pereira Cruz encontrava-se sujeito à medida de
coacção de obrigação de permanência na habitação, passando a estar
sujeito à medida de proibição de ausência do concelho da sua residência
(Cascais) e apresentação semanal no posto policial da área da sua
residência;
2. O arguido João Ferreira Dinis encontrava-se sujeito à medida de coacção
de obrigação de permanência na habitação, acompanhado de vigilância
electrónica, passando a estar sujeito apenas à obrigação de se apresentar
semanalmente no posto policial da área da sua residência e à proibição de
se ausentar da área do concelho da sua residência (Lisboa);
3. O arguido Manuel José Abrantes encontrava-se sujeito à medida de
coacção de obrigação de permanência na habitação, passando a estar
sujeito apenas à obrigação de se apresentar semanalmente no posto policial
da área da sua residência e à proibição de se ausentar da área do concelho
da sua residência (Oeiras);
4. A arguida Maria Gertrudes da Conceição Pragana Nunes encontrava-se
sujeita à medida de coacção de obrigação de permanência na habitação,
passando a estar sujeita apenas à obrigação de se apresentar semanalmente
no posto policial da área da sua residência e à proibição de se ausentar da
área do concelho da sua residência (Elvas);
Todavia, e salvo o devido respeito, cremos que não assiste razão à Mmª. Juiz, quer
ao não pronunciar os arguidos referidos, quer na revisão que efectuou das medidas de
coacção.

II. RELATIVAMENTE AO ARGUIDO PAULO JOSÉ
FERNANDES PEDROSO
1. Dos fundamentos da decisão recorrida
No ponto 6.5 da decisão instrutória, a que atribuiu a designação de “O
reconhecimento-identificação do arguido Paulo Pedroso”, a Mmª. Juiz explana o
fundamentos que conduziram à decisão de não pronúncia deste arguido.
A Mmª. Juiz invoca, na fundamentação, uma multiplicidade de razões, em função
das quais concluiu que “a conjugação de tais circunstâncias coloca sérias e fundadas
dúvidas sobre a qualidade e a validade da identificação do arguido Paulo Pedroso e
inculca a forte convicção de que os ofendidos se enganaram quanto à mesma...”
A Mmª. Juiz concluiu assim, destacando:
- as referências feitas pelas testemunhas ao arguido Paulo Pedroso, e,
especificamente, a forma como o identificaram/reconheceram – cinco
testemunhas, duas delas ofendidas;
- as intricadas questões relacionadas com a memória;
- o reconhecimento efectuado através da fotografia n.º. 8 do apenso AJ, que
considerou, padecer de “inevitável fragilidade probatória, ainda mais quando
não é reforçado por outro elemento minimamente consistente”, tendo salientado
que os reconhecedores nada sabiam do arguido Paulo Pedroso, apenas um deles
achava que era político e que “Estavam, pois, a apontar a fotografia de um
indivíduo completamente estranho que viram por pouquíssimas vezes, em
situações extremamente penosas...”;
- a inexistência nos autos de depoimento de outras pessoas que durante o inquérito
tivessem relacionado o arguido Paulo Pedroso, por qualquer forma, com o
cometimento de actos de natureza pedófila ou homossexuais com adolescentes,
referindo expressamente a Mm. Juiz que o arguido Carlos Silvino nunca
mencionou o nome do arguido Paulo Pedroso, “nem sequer na carta que
endereçou ao juiz de instrução já depois de conhecer o teor da acusação,
certamente elaborada pensadamente e com cuidado, com a colaboração
declarada do seu Ilustre advogado”, só vindo a mencionar tal arguido já na fase
de instrução;
- a flagrante inverosimilhança da “identificação nominal do arguido Paulo
Pedroso com a respectiva colagem sistemática a um (no caso de Testemunha A) ou dois (no caso de Testemunha B) militantes do Partido Socialista e
ex-Ministros (...) quanto mais não seja por ausência absoluta de outro
sustentáculo de ligação – também destes – a abusos sexuais de crianças ou
jovens”;
- a prova produzida em instrução que, ainda que se pudesse reconhecer como
válida a identificação realizada, a veio “abalar significativamente”, sendo
estranho que, demonstrada a existência de uma ginecomastia e o uso de um
aparelho dentário fixo as testemunhas nunca a uma ou a outro tivessem aludido;
- a inexistência da necessária comprovação médica da marca física relatada pela
Testemunha A (mancha acastanhada na nádega com cerca de 1,5
cm. de diâmetro).
O Ministério Público crê, no entanto, que não assiste qualquer razão à Mmª. Juiz e
que esta parte da decisão instrutória está ferida de contradições insanáveis, não tendo a Mmª
Juiz de Instrução procedido a uma correcta valoração da prova, não ponderando a
globalidade dos indícios recolhidos, olvidando elementos de prova, sem qualquer razão
justificativa e perdendo-se em afirmações sem qualquer suporte factual nos autos.

2 – Da análise da decisão recorrida
2.1 – Da identificação do arguido pelas testemunhas
Na decisão recorrida a Mmª. Juiz, depois de efectuar uma breve resenha das
referências que foram efectuadas pelas testemunhas ao arguido Paulo Pedroso, e de se ter
detido sobre as características da fotografia nº. 8 do apenso AJ, considerou que “os
reconhecedores nada sabiam do arguido Paulo Pedroso: nem o seu nome nem a profissão
“apenas um deles achava que era político”. Nenhum deles mencionou características
faciais de relevo (indivíduo de óculos, mais novo que o arguido Jorge Ritto) nem outros
elementos distintivos perceptíveis no contexto (como por exemplo, a marca do carro)”.
Concluiu, com base nestas premissas, que “Um reconhecimento com esses
condicionalismos padece de inevitável fragilidade probatória, ainda mais quando não é
reforçado por outro elemento minimamente consistente”.
O Ministério Público considera, porém, em função de uma análise de todos os
depoimentos constantes dos autos que referenciam o arguido Paulo Pedroso, que não assiste
qualquer razão à Mmª. Juiz, conforme se demonstrará.
O arguido Paulo Pedroso foi pela primeira vez referido nestes autos em 06 de
Janeiro de 2003, cerca de um mês depois do início do presente processo, numa altura em
que, à excepção dos arguidos Jorge Ritto e Carlos Cruz, não havia qualquer outra referência
pública que ligasse os outros arguidos – e o arguido Paulo Pedroso em particular – a práticas
pedófilas.
Tal referência foi feita pela Testemunha A, num extenso depoimento
prestado nesse dia, no âmbito do qual descreveu a forma como a sua relação com o arguido
Carlos Silvino se foi tornando progressivamente mais próxima e referenciou vários
indivíduos a quem tal arguido levava menores alunos da CPL a fim de serem sujeitos a
abusos sexuais. Entre estes contavam-se, além do arguido Paulo Pedroso, Carlos Cruz,
Ferreira Dinis, Manuel Abrantes, Jorge Ritto e Hugo Marçal, que vieram a ser constituídos
arguidos e sujeitos à medida de coacção de prisão preventiva, face aos fortes indícios da
prática de crimes de abuso sexual de crianças que entretanto foram recolhidos nos autos.
Nesse depoimento, a Testemunha A mencionou, também, outros
indivíduos como estando envolvidos na prática de crimes de abuso sexual de crianças,
relativamente aos quais não veio a ser exercido o procedimento criminal, por inexistirem
condições legais de procedibilidade ou por não ter sido possível recolher indícios suficientes
da prática dos crimes em causa.
Relativamente ao arguido Paulo Pedroso, foi o mesmo cabalmente identificado,
no depoimento em apreço, pela Testemunha A.
Em tal depoimento, disse, além do mais, a Testemunha A: “o Silvino tinha uma
série de pessoas com quem se dava muito bem. Tinha muitos amigos. Um dos amigos dele
foi um dos antigos ministros do Partido Socialista de nome Paulo Pedroso. Sabe que ele
substituiu o Ferro Rodrigues. (...) também este indivíduo, Paulo Pedroso, o político que
sucedeu a Ferro Rodrigues, também se envolvia, frequentemente com rapazes da Casa
Pia.”
No decurso dos sucessivos depoimentos prestados, Testemunha A, à medida que
foi admitindo ter sido vítima de abusos sexuais perpetrados por vários dos arguidos
constituídos nestes autos, esclareceu que, ao contrário do que dissera inicialmente, vira
pessoalmente o arguido Paulo Pedroso, inclusivamente, algumas vezes, na casa da Rua
Domingos Lavadinho, em Elvas, tendo sido abusado sexualmente pelo mesmo.
A Testemunha A disse, no depoimento prestado em 17.07.2003, como bem
salienta a Mmª. Juiz que o arguido Paulo Pedroso “tem uma marca na nádega, tipo mancha
acastanhada (sinal) com o diâmetro parecido com uma moeda de 2 cêntimos” e que “Antes
de ir a Elvas, o depoente viu uma vez o Paulo Pedroso na Provedoria da CPL a falar com o
Abrantes. Bibi disse-lhe quem era e referiu-lhe que aquela pessoa era política e mandava
na CPL.”
A segunda testemunha a mencionar o arguido Paulo Pedroso foi a Testemunha C, nos depoimentos prestados em 20.01.2003 e em 13.02.2003 (sendo que, no
depoimento prestado em 03.01.2003, ao contrário do que refere a Mmª. Juiz, não se
vislumbra qualquer referência a tal arguido).
A Testemunha C, depois de, logo no primeiro depoimento
prestado, ter descrito os vários abusos de que foi vítima, as circunstâncias em que ocorreram
e referenciado vários indivíduos que conseguiu identificar como tendo sido os autores de
tais abusos, nos posteriores depoimentos prestados em inquérito, reportando-se a indivíduos
que frequentavam a casa de Elvas, mencionou o arguido Paulo Pedroso como sendo um
“indivíduo, também de óculos, mais novo que o anterior (o arguido Jorge Ritto)”, que
reconheceu fotograficamente.
Na data em que a Testemunha C fez tal referência não existia já
qualquer contacto entre si e a Testemunha A, tendo o primeiro abandonado a
CPL em 21.08.2000 (conf. fls. 3199) e nenhuma referência pública tinha sido feita ao nome
do arguido Paulo Pedroso como podendo estar relacionado com os abusos sexuais de que
foram vítimas os alunos da CPL;
Em 16.01.2003, a Testemunha D, logo no primeiro depoimento em que
descreveu os abusos sexuais de que foi vítima, as circunstâncias em que ocorreram e
identificou dos seus autores, mencionou o arguido Paulo Pedroso, como um dos
indivíduos que abusou de si sexualmente, referenciando-o como sendo “um indivíduo de
óculos”, de que disse não saber o nome mas que reconheceu, sem qualquer reserva, na
fotografia que lhe foi exibida.
Nesse mesmo depoimento, tendo-lhe sido perguntado se sabia qual a profissão do
indivíduo que, através da fotografia, identificou, a Testemunha D respondeu “é
político, acho eu...”.
Também nesta data, não havia qualquer referência pública ao nome de Paulo
Pedroso, sendo certo que a testemunha frequentava, desde 2001, a Escola da Paiã, tendo,
pelo menos, a partir daí, deixado de ter contacto com a Testemunha A e
Testemunha C, este último logo em 2000.
Nesse e nos posteriores depoimentos, a Testemunha D identificou sempre
inequivocamente o arguido Paulo Pedroso, através da fotografia nº. 8 constante do apenso
AJ que lhe foi exibida e, a partir de 18.11.2003, também através da fotografia nº. 81,
entretanto junta ao apenso AJ, tendo, nos depoimentos prestados, descrito
circunstanciadamente os abusos sexuais de que foi vítima perpetrados pelo arguido Paulo
Pedroso – ocorridos em Elvas, em duas ocasiões que aí se deslocou, a primeira em data
situada entre Janeiro e Fevereiro de 2000 e a segunda entre Julho e Agosto de 2000.
Após o decretamento da prisão preventiva do arguido Paulo Pedroso, a testemunha D
reforçou espontaneamente não ter qualquer dúvida relativamente à
identidade do arguido, conforme informação constante de fls. 4807.
Já na fase de instrução, a Testemunha D, no depoimento que prestou perante a
Mmª. Juiz, disse:
“Quem abusou de si foi o Carlos Cruz, o Paulo Pedroso, o Bibi e o Ferreira Dinis”;
“O Carlos Cruz e o Paulo Pedroso despiam-se e o declarante chegou a vê-los
completamente nus; o Bibi e o Ferreira Dinis não porque apenas despiam as calças.
O Carlos Cruz e o Paulo Pedroso falaram com o declarante, perguntaram-lhe o
nome e a idade e falavam de tudo um pouco.
O declarante reconheceu o Paulo Pedroso pela primeira vez nas fotografias que lhe
foram mostradas na PJ porque se lembrava muito bem da sua cara (sublinhado nosso); Foi
também a primeira vez que soube o nome dele.
Quer o Carlos Cruz quer o Paulo Pedroso tinham “uma maneira de falar mais
educada” do que a do declarante na altura.”
Finalmente, a Testemunha E, também logo no primeiro depoimento em que
relatou os abusos sexuais de que foi vítima perpetrados na casa de Elvas, mencionou o
arguido Paulo Pedroso, tendo-o identificado inequivocamente através da fotografia nº. 8
constante do apenso AJ, e descrito pormenorizadamente os abusos sexuais de que foi vítima
perpetrados por este arguido.
Tal depoimento foi prestado em 28.04.2003, altura em que não existia ainda
nenhuma referência pública ao nome de Paulo Pedroso.
Nos posteriores depoimentos, a Testemunha E refere-se sempre aos abusos
sexuais de que foi alvo perpetrados pelo arguido Paulo Pedroso, que identificou através de
fotografia e de quem não sabia, até ao decretamento da sua prisão, o nome, profissão ou
outros dados pessoais.
No depoimento prestado em 03.11.2003, a Testemunha E disse expressamente
que em Elvas “os contactos sexuais que manteve foi sempre com o indivíduo da foto nº. 8 e
81 que agora sabe que se chama Paulo Pedroso. Quando soube que o Paulo Pedroso saiu
da prisão “mandou um murro” na baliza que ela ficou toda torta. Tem muita raiva dele. Só
soube quem era depois da prisão deste, antes não fazia a mínima ideia quem era.
O depoente não gosta de televisão, só vê desenhos animados e só gosta de jogar
futebol. É guarda redes e ninguém o bate.”
Na fase de instrução, a Testemunha E, no depoimento que prestou perante a
Mmª. Juiz, reafirmou ter sido vítima de abusos sexuais perpetrados pelo arguido Paulo
Pedroso e afirmou, referindo-se a tal arguido e ao arguido Jorge Ritto, que “quando os viu
na televisão, reconheceu o Embaixador Ritto e o Paulo Pedroso pela voz e pela forma da
cabeça que nunca mais se esquece.”
Pelo menos desde 14.01.2003 que a Testemunha A se encontrava fora
da CPL, ao abrigo de um programa especial de segurança, conforme despacho judicial de
fls. 425, e, por isso, sem qualquer contacto com a Testemunha E.
O arguido Paulo Pedroso foi ainda mencionado pela testemunha B – a
cujos depoimentos se fará referência mais detalhada no capítulo seguinte desta
resposta – o qual, em 18.06.2003, relatou pormenorizadamente os abusos sexuais de que foi
vítima perpetrados numa casa sita nas traseiras da Embaixada da Turquia, em Lisboa,
designada por “Casa dos Erres”, onde se encontravam vários homens que identificou – entre
os quais dois militantes do Partido Socialista, o arguido Carlos Cruz e o arguido Paulo
Pedroso, tendo vindo a saber que este também era político aquando da sua detenção.
3. Da análise crítica da prova testemunhal
3.1 Da identificação nominal do arguido Paulo Pedroso efectuada por duas
testemunhas
Perante os depoimentos prestados por estas testemunhas, de que se extraíram apenas
os excertos mais relevantes para a apreciação da questão vertente, urge perguntar se será
possível afirmar que “os reconhecedores nada sabiam do arguido Paulo Pedroso: nem o
seu nome nem a profissão (apenas um deles achava que era “político”). Nenhum deles
mencionou características faciais de relevo (indivíduo de óculos, mais novo que o arguido
Jorge Ritto) nem outros elementos distintivos perceptíveis no contexto (como por exemplo a
marca do carro).
É manifesto que a resposta só pode ser negativa, pois é inquestionável que duas
testemunhas - a Testemunha A e a Testemunha B - mencionaram o arguido pelo nome
– sabendo as mesmas precisamente de quem se tratava.
Por tal ser uma verdade irrefutável, a Mmª. Juiz chega à conclusão que acabou de se
transcrever, abalando, na parte em causa, a credibilidade de tais depoimentos ao referir que
“a identificação nominal do arguido Paulo Pedroso com a respectiva colagem sistemática a
um (no caso de Testemunha A) ou dois (no caso de Testemunha B) militantes do
Partido Socialista e ex-Ministros é flagrantemente inverosímil quanto mais não seja por
ausência absoluta de outro sustentáculo da ligação – também destes – a abusos sexuais de
crianças ou jovens”.
Quer dizer, de acordo com a tese da Mmª. Juiz, porque se não obtiveram outros
elementos de ligação dos outros dois militantes do Partido Socialista à prática de abusos
sexuais de crianças, forçosamente se tem de concluir pela inverosimilhança das imputações
que se reportam quer àqueles, quer ao arguido Paulo Pedroso, fazendo “tábua rasa” de todos
os outros depoimentos existentes nos autos que confirmam o envolvimento deste arguido na
prática de crimes de abusos sexuais de crianças.
Afinal, não são as testemunhas que efectuam uma “colagem sistemática” do arguido
Paulo Pedroso aos militantes do Partido Socialista em causa, mas sim a Mmª. Juiz que
exclui a existência de prova da prática de crimes de abuso sexual relativamente ao arguido
Paulo Pedroso, pela circunstância de se não ter obtido prova da prática dos mesmos crimes
relativamente aos outros dois militantes do Partido Socialista mencionados.
Não se compreende, aliás, com base em que critérios é que a Mmª. Juiz qualifica as
imputações em causa como flagrantemente inverosímeis.
Considerar determinada imputação inverosímil, nomeadamente em função da
projecção pública do visado, cargos políticos, aparente respeitabilidade e honorabilidade,
estatuto social ou profissão, implica um pré-juízo que carece de qualquer justificação,
principalmente em crimes da natureza daqueles que estiveram em investigação nestes autos
– contra a autodeterminação sexual de crianças – alvo da máxima reprovabilidade ética e
moral, sendo os seus autores, quer tenham projecção pública ou não, geralmente pessoas
aparentemente normais, relativamente às quais não se levantam as mais leves suspeitas do
seu envolvimento neste tipo de ilícitos.
Este processo foi a comprovação disso mesmo, tendo sido obtidos fortes indícios da
prática de crimes de abuso sexual de crianças por pessoas que estavam, a priori, “acima de
qualquer suspeita”, como o arguido Carlos Cruz uma pessoa consensualmente tida como
referência na sociedade portuguesa.
Assim, como se veio a comprovar nos autos, a referenciação de pessoas que, à
partida, poderiam estar acima de qualquer suspeita, em nada descredibilizou as testemunhas,
tendo sido obtidos fortes indícios da prática de crimes de abusos sexuais e de lenocínios
perpetrados por elas – um apresentador de televisão, um advogado, o ex-provedor adjunto
da CPL, uma ama de crianças, um médico e um ex-embaixador.
Retomando o despacho recorrido, no trecho citado, sempre se dirá, também, que não
corresponde à verdade que a Testemunha A tivesse efectuado a identificação nominal do
arguido Paulo Pedroso com a respectiva “colagem sistemática” a um militante do Partido
Socialista.
A Testemunha A, menciona, é certo, além do arguido Paulo Pedroso, um outro
militante socialista, como estando envolvido em abusos sexuais de crianças.
Contudo, relativamente a este militante do Partido Socialista, afirmou que o mesmo
contactava com o arguido Carlos Silvino a quem pedia que lhe “levasse rapazes”.
Já relativamente ao arguido Paulo Pedroso, a Testemunha A veio a referenciá-lo
como sendo um dos indivíduos que frequentava a casa de Elvas, onde foi sexualmente
abusado pelo mesmo.
Isto é, se relativamente ao arguido Paulo Pedroso, a Testemunha A o referenciou
como sendo um dos indivíduos que frequentavam a casa de Elvas, já quanto ao outro
militante do Partido Socialista não fez tal referenciação, fazendo por isso sentido que,
relativamente ao primeiro, e já não quanto ao segundo, tivessem sido, efectivamente,
recolhidos outros depoimentos de testemunhas que eram levadas pelo arguido Carlos
Silvino à casa de Elvas, e que o indicaram como autor de abusos sexuais de crianças,
reconhecendo o próprio arguido Carlos Silvino que, na casa de Elvas, se encontrava o
arguido Paulo Pedroso.
Por outro lado, se os outros dois militantes do Partido Socialista citados pelas
testemunhas em causa são, ou foram, figuras de primeira linha do panorama político
nacional, com presença constante nos órgãos de comunicação social, já o arguido Paulo
Pedroso não o era, não sendo possível afirmar-se que, antes de ter sido tornado público o seu
envolvimento na matéria investigada nestes autos, o mesmo gozasse de uma popularidade
tal que o tornasse conhecido da generalidade da população, designadamente de jovens
adolescentes, socialmente desfavorecidos, internados na CPL, cujos interesses não se
prendem, propriamente, com as questões de política nacional, conforme tiveram ocasião de
declarar à Mmª. Juiz que os questionou especificamente sobre os seus interesses e
ocupações.
Inclusivamente, e conforme resulta do depoimento de Alexandre Rosa – testemunha,
aliás, arrolada pelo arguido – prestado em instrução, a fls. 17989, a cara do arguido era de tal
forma desconhecida da população em geral, que nem um presidente de uma Casa do Povo
(por natureza atento à vida política) o conheceu.
Por isso, face à referenciação do arguido Paulo Pedroso efectuada pela Testemunha A
– nos termos precisos em que o fez – com indicação do seu nome e cargos públicos
exercidos, conclui-se, em função das regras da experiência, que tal conhecimento só podia
advir, do facto de, efectivamente, tal arguido estar envolvido na prática de crimes de abusos
sexuais de crianças, não sendo de questionar que tivesse sido o arguido Carlos Silvino
quem deu conhecimento à testemunha, conforme a mesma referiu, da identidade e
importância do arguido em causa, enquanto detentor de cargos públicos.
De referir, aliás, que a Mmª. Juiz, com excepção desta parte do depoimento do
Testemunha A, não põe em causa, relativamente a quaisquer outros factos, a sua
credibilidade, não obstante algumas flutuações e, por vezes, imprecisões dos seus
depoimentos.
De facto, a Testemunha A, ao longo dos vários depoimentos
prestados, foi concretizando e precisando os múltiplos factos de que tinha conhecimento,
face à especial relação de proximidade que tinha com o arguido Carlos Silvino, compondo
dessa forma um “puzzle” abrangente da totalidade de factos de que foi vítima e/ou que
presenciou perpetrados por vários agentes, em vários locais, circunstâncias e datas distintas
ou, ainda, de que tinha conhecimento devido à sua especial ligação ao arguido Carlos
Silvino – a testemunha conhecia o conteúdo de um caderno no qual o arguido Carlos Silvino
anotava os nomes e contactos dos seus clientes e que foi destruído aquando da prisão
preventiva deste.
A Testemunha A foi vítima e tinha conhecimento de múltiplas acções criminosas,
praticadas por diversos indivíduos, pelo que seria, sim, de estranhar que “debitasse”, sem
hesitações ou flutuações, de uma forma absolutamente precisa, relativamente às
circunstâncias de tempo, modo e lugar todos os factos.
Sob o ponto 6.1 da decisão instrutória, a Mmª. Juiz expressamente consigna que
“neste, como na maioria dos casos de abusos sexuais, a prova se restringe à de natureza
pessoal, havendo apenas a palavra dos próprios ofendidos”
E, mais adiante “os principais denunciantes deste processo (...) são jovens com
antecedentes familiares de grande sofrimento e tiveram um percurso de vida muito
desfavorecido. Institucionalizados há largos anos, evidenciaram em maior ou menor escala
dificuldades de conformação com regras de adequação à CPL (o que, diga-se aliás, nem é
de espantar perante tudo o que neste processo foi noticiado).
Os depoimentos, prestados ao longo de quase todo o inquérito, sofrem
evidentemente de contradições entre alguns dos factos narrados, de datação imprecisa de
alguns dos acontecimentos e de rectificação de ocorrências anteriormente relatadas.
Alguns deles, aliás começaram por negar terem sido objecto de qualquer prática sexual por
banda de adultos.
Não creio, porém, que algumas dessas incongruências sejam determinantes para a
invalidade dos depoimentos respectivos, para que se lhes assace desde já o cunho as
incredibilidade e da inveracidade.”
Ora, relativamente aa Testemunha A, como relativamente às outras
testemunhas, a Mmª. Juiz não pôs nunca em causa os seus depoimentos, apenas o tendo
feito no que se reporta à identificação do arguido Paulo Pedroso.
Diga-se, aliás, que, relativamente aa Testemunha A, a Mmª. Juiz, por não ter
quaisquer motivos que a levassem a duvidar da sua credibilidade, considerou
suficientemente indiciados factos com base, no que concerne à prova pessoal, apenas no seu
depoimento, nomeadamente aqueles que se reportam aos abusos sexuais perpetrados pelo
arguido Manuel Abrantes na “casa MA”, sita na Ajuda, Lisboa.
Por outro lado, a Mmª. Juiz, apesar de, na decisão recorrida, ter considerado que
“perante a sua razão de ciência (profissionais de consabida e relevante experiência com
crianças e adolescentes), é manifesto que não pode deixar de assumir relevância a
abonação que dos relatos de inúmeros ofendidos foi feita por parte de Maria Catalina
Pestana e Pedro Strecht Ribeiro”, ignorou por completo tais depoimentos, esquecendo que,
quer o Dr. Pedro Strecht, quer a Drª. Catalina Pestana, consideram absolutamente credível o
Testemunha A e, nomeadamente, a referenciação que o mesmo fez do arguido Paulo
Pedroso.
A leitura apenas pode ser uma: a razão de ciência da Drª. Catalina Pestana e do Dr.
Pedro Strecht já em nada releva quando está em causa o arguido Paulo Pedroso, não tendo a
Mmª. Juiz explicitado com base em que critérios olvidou essa razão de ciência que
considerou ser tão importante.
É que a Drª. Catalina Pestana refere circunstanciadamente, no depoimento constante
de fls. 5828 a 5832 dos autos, de que forma a Testemunha A lhe deu conhecimento do
envolvimento do arguido Paulo Pedroso em abusos sexuais de crianças da CPL e a razão
porque acreditou no mesmo, apesar de inicialmente ter considerado que tal não poderia ser
possível, sendo certo que conhecia o arguido Paulo Pedroso “desde que o mesmo tinha 17
ou 18 anos, do tempo em que ambos colaboraram no CIDAC, tendo a depoente trabalhado
no Ministério do Trabalho e da Solidariedade no tempo em que este arguido foi secretário
de estado e ministro, tendo desenvolvido um relacionamento cordial e relativamente
próximo.”
No depoimento citado, a Drª. Catalina Pestana relata o que a Testemunha A lhe
transmitiu, relativamente ao envolvimento do arguido Paulo Pedroso nos abusos sexuais dos
menores da CPL e, fazendo um juízo sobre tal relato, disse que a serenidade com que o
menor descreveu perante si os factos, a convenceu – apesar de, inicialmente lhe ter custado
muito a acreditar no que lera nos apontamentos que a Testemunha A lhe entregara, onde
já constava o nome de Paulo Pedroso.
Também o Dr. Pedro Strecht relata de que forma e com que estado de espírito o
Testemunha A lhe transmitiu os factos de que tinha conhecimento, sendo que o nome do
arguido Paulo Pedroso foi logo mencionado pela Testemunha A àquele pedopsiquiatra,
quando, pela primeira vez, lhe falou das pessoas envolvidas em abusos sexuais de crianças
da CPL.
Disse o Dr. Pedro Strecht, no depoimento constante de fls. 6363 a 6366 dos autos:
“Em Setembro de 2002 a testemunha A procurou o depoente, manifestando uma grande
preocupação e instabilidade emocional, pois havia sido chamado à Provedoria da CPL
para prestar depoimento no âmbito do processo de suspensão do Bibi, com o qual
trabalhava nas oficinas. A testemunha A sempre teve o sonho de ser motorista e sempre fez
muitos desenhos relativos a carros.
Nessa altura e apesar da grande inquietação a Testemunha A não referiu a existência de
nenhum abuso sexual por parte do Bibi. (...)
Dois ou três dias depois da prisão do Bibi, a Testemunha A telefonou-lhe muito aflito e
com grande preocupação e contou ao depoente que havia muita gente importante ligada ao
Bibi e a uma rede de pedofilia a ele ligada e que existiam muitos nomes importantes ligados
a esta rede, tais como Carlos Cruz, Ferreira Dinis, Jorge Ritto e Paulo Pedroso. Disse que
sabia muita coisa porque ele próprio acompanhava o Bibi nas funções de distribuição de
crianças aos clientes. Revelou precocemente um grande sentimento de culpa por ter
“ajudado” o Bibi nessas tarefas e revelou nomes de miúdos que estavam envolvidos e que
como ele precisariam de apoio psicológico, manifestando uma grande preocupação em
“reparar” os danos que ajudara a causar. (...)”
O Dr. Pedro Strecht, em função da observação que efectuou da Testemunha A,
que acompanhou regularmente, em psicoterapia, desde Novembro de 2002, dado o “grave
impacto do sofrimento psíquico que os factos lhe causaram, tendo sido igualmente
medicado”, disse poder assegurar que “não nos encontramos perante falsas alegações,
sendo o seu depoimento altamente credível.”
Ora, em Novembro de 2002 – aquando da prisão do arguido Carlos Silvino –
ninguém suspeitava sequer que o arguido Paulo Pedroso pudesse estar envolvido no “caso
Casa Pia”.
Analisando, também, em particular o depoimento da testemunha B conclui-se que a Mmª. Juiz o não podia igualmente ter olvidado, sendo de salientar,
desde logo, que considerou tal depoimento credível relativamente às afirmações ali
proferidas atinentes ao arguido Jorge Ritto.
Aliás, a única referência que a ele faz é para considerar tal depoimento como sendo
inverosímil, tendo a Mmª. Juiz considerado que o mesmo se limitava a “colar” o nome do
arguido Paulo Pedroso a dois militantes do Partido Socialista “quanto mais não seja por
ausência absoluta de outro sustentáculo da ligação – também destes – a abusos sexuais de
crianças ou jovens.” – ( fls. 20814)
Debrucemo-nos, então, sobre os depoimentos da Testemunha B:
Esta testemunha foi inquirida pelo Ministério Público no dia 11 de Janeiro de 2003,
tendo relatado os abusos sexuais de que foi vítima perpetrados pelo arguido Carlos Silvino,
por outros funcionários da CPL e pelo arguido Jorge Ritto.
A testemunha encontrava-se em grande sofrimento psicológico, só tendo sido
possível inquiri-la a um sábado, tendo os reconhecimentos de locais sido interrompidos por
causa da perturbação emocional que os mesmos lhe causaram.
Mais tarde, a 28.4.2003 – cerca de um mês antes do arguido Paulo Pedroso ter sido
preso preventivamente – veio relatar as ameaças de que estava a ser vítima, conforme se
afere da leitura do documento de fls. 3861.
No dia 18 de Junho de 2003, foi inquirido pela Polícia Judiciária, tendo confirmado
o depoimento realizado no DIAP e tendo conseguido continuar a relatar mais factos sobre a
sua experiência enquanto aluno da CPL.
Assim, mencionou que fora levado pelo Bibi até uma residência de Cascais, onde
além do arguido Jorge Ritto, se encontravam outros indivíduos que nominalmente
identificou e cujas fotografias indicou, posteriormente, como tendo os nºs 3,15 e 60 do
Apenso AJ.
Descreveu pormenorizadamente os abusos sexuais de que foi vítima e descreveu o
interior da casa em que tal aconteceu e a sua localização, tendo-se apurado que se tratava da
residência do arguido Jorge Ritto, em Cascais.
Relatou, ainda, que o arguido Carlos Silvino o levou a uma casa sita nas traseiras da
Embaixada da Turquia, em Lisboa, designada por “Casa dos Erres” e que veio a reconhecer,
conforme auto de fls. 12464.
Referiu ter sido abusado sexualmente nessa casa, no interior da qual se encontravam
alguns indivíduos, entre os quais reconheceu os arguidos Jorge Ritto, Carlos Cruz e Paulo
Pedroso, além de outros indivíduos, dois dos quais militantes do Partido Socialista que
identificou nominalmente.
Explicou que sabia que o arguido Paulo Pedroso era amigo de um desses militantes,
pois chegavam e partiam sempre juntos da referida casa, só tendo vindo a saber que Paulo
Pedroso também era político quando o mesmo foi detido.
Explicou pormenorizadamente a forma como estas pessoas se portavam e os abusos
sexuais que ali aconteciam e de que eram vítimas o depoente e alguns colegas seus.
Depois de ter referenciado os nomes acima descritos, visionou as fotografias
constantes do Apenso AJ e indiciou sem qualquer reserva os indivíduos retratados sob
os nºs 3,8,15,18,26 e 60 do Apenso AJ.
Referiu ainda que recebeu várias ameaças – que trouxe aos autos em data anterior à
prisão do arguido Paulo Pedroso – e que só tinha relatado os factos depois disso “pois,
apesar de algumas ameaças que vem sendo vítima, acredita na justiça e quer deixar o seu
contributo claro e inequívoco relativamente às personalidades que abusaram
sexualmente de si e de outros seus colegas pois nunca tivera oportunidade de
desmascarar tais indivíduos.
O medo que lhe incutia a pressão que sobre ele exerciam para que nada contasse
foram sempre um grande obstáculo para que pudesse livremente contar as situações de
abuso sexual que viveu. Mesmo agora e com alguns “poderosos” detidos ainda sofre
ameaças pelo telefone “sendo aconselhado” a manter-se calado e a não divulgar o
sofrimento que teve durante os anos em que foi criança”.
Explicou, ainda, que - à excepção dos indivíduos ligados à CPL e do Carlos Cruz -
desconhecia as ocupações dos indivíduos que referiu, sabia os seus nomes pelo facto de
ouvir os nomes deles e que “só anos mais tarde é que se apercebeu que os restantes eram
políticos”.
A fls. 10466, esta testemunha relata as ameaças de que foi alvo e que são
confirmadas, a fls. 11193 e 11208 pelos seus colegas de trabalho Ana Luísa Ribeiro e
Ricardo Azinhaga.
Esta testemunha foi submetida a exame médico-legal de natureza sexual no dia 25 de
Junho de 2003, tendo mencionado ao perito médico todos os abusos de que foi vítima e
tendo referido os mesmos nomes que tinha adiantado nos seus depoimentos perante o
Tribunal. O perito médico concluiu pela existência de sinais compatíveis com os abusos
sexuais que descreveu, tendo afirmado que “o relato fornecido pelo próprio se revelava,
pela sua consistência, coerência, congruência e ressonância afectiva, compatível com as
alegadas práticas sexuais”. Salienta, ainda, o perito que “no decurso da longa entrevista
realizada, a testemunha B nunca procurou, a despeito dos sinais de sofrimento psicológico
despertado pela evocação de experiências manifestamente penosas, furtar-se a responder
ou a iludir qualquer das questões que lhe foram colocadas, tal como não deu mostras de,
através dele, procurar obter, por qualquer forma, benefícios secundários” (sublinhado
nosso) – vd. relatório de exame médico-legal de fls. 6312 a 6323.
Não há, pois, nenhum elemento que permita duvidar da versão dos factos que a
Testemunha B apresentou, não sendo possível afirmar, como se faz na decisão
recorrida, que a identificação nominal do arguido Paulo Pedroso feita por esta testemunha
“é flagrantemente inverosímil”, não tendo a Mmª Juiz de Instrução adiantado uma única
razão, suspeita ou elemento em que tenha baseado tal conclusão, a não ser o facto deste ter
identificado nominalmente o arguido Paulo Pedroso “com a respectiva colagem sistemática
a (...) militantes do Partido Socialista e ex-Ministros”.
A inverosimilhança não pode decorrer da filiação partidária dos referidos indivíduos
ou da circunstância de terem sido membros do Governo do País.
Mais uma vez, a apreciação da prova realizada na decisão recorrida foi efectuada
sem qualquer critério, socorrendo-se de argumentos sem sentido e sem qualquer suporte
factual e jurídico que a sustente. Este tipo de argumentação nada vale e equivale a qualquer
coisa como “é assim porque é assim”.
No entanto, o depoimento da Testemunha B assume particular
importância quando confrontado com o depoimento da Testemunha A.
Ambos são de gerações diferentes da CPL e quando a Testemunha B saiu da CPL o
Testemunha A ainda nem sequer era aluno daquela Instituição, vivendo no Porto, nunca
se tendo ambos encontrado alguma vez.
Todavia, ambos coincidem no nome do arguido Paulo Pedroso a quem identificam
nominalmente, dizendo a Testemunha A que o mesmo era político e tinha substituído
Ferro Rodrigues quando o mesmo mudou de Ministério – “um dos antigos ministros do
Partido Socialista de nome Paulo Pedroso. Sabe que ele substitui Ferro Rodrigues” (fls.
318).
Só depois desta identificação nominal, que teve lugar em 6.2.2003 (fls. 1211), é que
esta testemunha veio a indicar a fotografia que correspondia ao arguido Paulo Pedroso – a
foto nº 8 .
Alguém pode pôr em causa esta identificação? Com que fundamento? Não há
qualquer fundamento para o fazer e por isso o despacho recorrido – tal como o fizera, aliás,
o Acórdão da Relação de Lisboa de 8.10.03 que citou – “arrumou” a questão em duas
penadas socorrendo-se da coincidência da filiação partidária dos indivíduos mencionados
que, apenas e só pode ser critério para justificar a especial ligação entre ambos.
Mas é ainda mais incompreensível que a Mmª Juiz de Instrução apenas tivesse
afastado estes depoimentos na parte relativa ao arguido Paulo Pedroso, quando umas
páginas atrás, na mesma decisão recorrida e relativamente ao arguido Jorge Ritto tinha
credibilizado o depoimento da Testemunha B, considerando o mesmo válido até porque
“mencionou a título de “pormenor” que o arguido Jorge Ritto mandou-o tomar banho, o
que coincide com uma prática de início de relacionamento assumida pelo próprio
arguido”.
Por conseguinte, foi afastada a credibilidade do depoimento da testemunha B
sem que se vislumbre qualquer critério legal, lógico ou sequer razoável que o
justifique.
Se a Mmª. Juiz tinha dúvidas acerca do testemunho de Testemunha B e da sua
credibilidade, deveria tê-lo inquirido na fase de instrução. E não se diga que o critério da
Mmª. Juiz foi apenas o de ouvir os ofendidos dos crimes mencionados no despacho de
acusação, uma vez que inquiriu a testemunha F, relativamente à qual, tal como
no que respeita aa Testemunha B, o procedimento criminal contra os autores dos factos
que denunciaram, já não era legalmente admissível nessa data.
Conclui-se assim que esta “descredibilização parcial” dos depoimentos da
Testemunha A e Testemunha B é absolutamente inadmissível e
injustificada, tendo sido efectuada sem qualquer critério que se possa considerar sustentado
na lógica ou regras da experiência.
3.2 Da identificação/reconhecimento do arguido Paulo Pedroso efectuado por
três testemunhas, duas delas suas vítimas
Estes depoimentos – da Testemunha A e da Testemunha B - cuja credibilidade é
absolutamente insusceptível de ser abalada, são corroborados pelos restantes depoimentos
das testemunhas que, de forma inequívoca, também identificaram o arguido Paulo Pedroso,
apesar de não terem referido o seu nome, tendo sido duas delas vítimas de abusos sexuais
perpetrados por tal arguido.
A Testemunha D prestou, ao longo de todo o inquérito, depoimentos
exemplarmente coerentes, credíveis e consistentes, tendo, conforme já supra se explanou,
logo a partir do primeiro depoimento em que relatou os abusos sexuais de que foi vítima,
referenciado o arguido Paulo Pedroso como um dos indivíduos que de si abusou.
Tal testemunha referenciou o arguido Paulo Pedroso como sendo um indivíduo de
óculos, de quem disse “é político acho eu...” e que identificou inequivocamente através das
fotografias que lhe foram exibidas, a fotografia nº. 8 constante do apenso AJ e, a partir de
18.11.2003, também a fotografia nº. 81 constante do mesmo apenso.
Esta testemunha, para além de ter identificado o arguido Paulo Pedroso através de
fotografia, fez referência ao facto assaz relevante de conhecer a actividade a que se dedicava
o arguido, o que só aumenta a sua credibilidade.
De facto, das duas uma, ou a testemunha teve conhecimento de tal facto no contexto
do contacto que manteve com o arguido Paulo Pedroso ou ficou com a noção de que o
mesmo era político através da comunicação social (relembrando-se aqui que, na data em que
a testemunha fez, nesses moldes, referência ao arguido, não existia ainda na comunicação
social qualquer notícia ou rumores de ligação do arguido Paulo Pedroso ao presente
processo), o que, em qualquer das circunstâncias, reforça o valor da identificação efectuada
através de fotografia.
É, por isso, a todos os títulos incompreensível que a Mmª. Juiz desvalorize, sem
mais, tal facto mencionado pela Testemunha D, chamando à colação “outros
elementos distintivos perceptíveis no contexto (como por exemplo a marca do carro)”, não
mencionados pelas testemunhas.
De facto, é inquestionável que a menção à actividade desenvolvida pelo arguido
é muito mais relevante que qualquer possível menção a uma marca de carro, que até se
desconhece se poderia ter sido feita, quando se apurou, conforme referiu a sua ex-mulher,
que o arguido Paulo Pedroso não gostava de conduzir, desconhecendo-se de que forma ele
se deslocava a Elvas, nomeadamente, se efectivamente conduzia veículo próprio, se ia no
veículo de alguém.
Refira-se, em acréscimo, que a Testemunha D sempre mencionou nos seus
depoimentos que o arguido Paulo Pedroso ia à casa de Elvas acompanhado por um amigo,
cuja identidade não se logrou apurar no âmbito do processo, por quem também o primeiro
disse ter sido abusado sexualmente.
Aliás, as testemunhas, para além da menção a “grandes máquinas”, nos depoimentos
prestados, não referem quais eram as marcas dos carros de cada um dos arguidos - até
porque se apurou que os menores não entravam na casa de Elvas ao mesmo tempo que os
arguidos, mas só depois de estes já estarem dentro da residência, vendo aqueles os veículos
já estacionados sem os proprietários no seu interior - não se compreendendo por isso que a
Mmª. Juiz considere que tal menção poderia/deveria ter sido feita relativamente ao arguido
Paulo Pedroso.
Não tem também qualquer razão a Mmª. Juiz ao salientar o facto de as testemunhas
não terem referido “características faciais de relevo”, mas apenas que era um indivíduo de
óculos, mais novo que o arguido Jorge Ritto.
Como resulta das regras da experiência, uma pessoa que use óculos é logo descrita
mediante menção, “à cabeça”, dessa particularidade, tendo, por isso, todas as testemunhas
que não sabiam o nome do arguido – as testemunhas E e C – feito
referência ao mesmo mencionando tal facto.
De salientar que a Testemunha C, referiu-se ao arguido Paulo
Pedroso depois de ter mencionado o arguido Jorge Ritto, que também usava óculos, tendo
por isso explicitado que o primeiro era mais novo que o segundo.
A exigência da descrição exaustiva de todas as características físicas do arguido
apenas faria sentido no caso de um reconhecimento efectuado nos moldes definidos pelo
artº. 147º. do CPP, a que não se procedeu nos autos.
Contudo, a identificação efectuada obedeceu igualmente às normas processuais
penais, conforme, aliás, considerou a Mmª. Juiz sob o ponto 2 da decisão instrutória no qual,
ao pronunciar-se sobre a invocada invalidade dos reconhecimentos fotográficos, concluiu
pela sua validade e referiu, expressamente, consubstanciarem um meio de prova
frequentemente utilizado em inúmeras investigações.
As objecções colocadas à qualidade da fotografia nº. 8 do apenso AJ não são
susceptíveis de porem em causa a identificação efectuada, por essa via, pelas testemunhas
que incriminam o arguido Paulo Pedroso.
De facto, é inquestionável que em tal fotografia são patentes as feições do arguido,
que está por isso perfeitamente identificável, não tendo as testemunhas tido dúvidas em
apontá-lo, de entre muitos outros indivíduos retratados nas fotografias constantes do apenso
em causa, como sendo o autor dos factos de que foram vítimas.
Acresce que, no apenso AJ existem muitas outras fotografias de dimensões idênticas
àquela que retrata o arguido Paulo Pedroso e outras até de dimensões mais reduzidas (a
deste nem sequer é a mais pequena) assim como fotografias a preto e branco, sendo em
todas elas, porém – tal como na fotografia nº. 8 – perfeitamente identificável o indivíduo
que retratam, preocupação que, como é evidente, esteve presente na selecção das fotografias
que integram o apenso em causa.
Não há muitos anos, todas as fotografias eram a preto e branco e muitas, mesmo para
efeitos oficiais, tinham dimensões mais reduzidas do que a fotografia nº. 8 que retrata o
arguido Paulo Pedroso, sendo as pessoas inequivocamente identificadas através desse tipo
de fotografias.
Aliás, tal fotografia foi retirada do jornal “Acção Socialista”, órgão oficial do Partido
Socialista, não fazendo qualquer sentido que este escolhesse e publicasse uma fotografia de
um seu dirigente em que o mesmo não fosse reconhecível.
Parece, assim, que a identificação por fotografia que a Mmª. Juiz considera um
método habitual de obtenção de prova nada vale se a testemunha não souber qual a marca
do veículo do autor dos factos de que seja vítima.
Ou seja, ou as vítimas sabem alguns, de preferência todos, os dados de identificação
dos autores dos factos que denunciam ou, mesmo que apontem inequivocamente um
indivíduo como autor desses factos, o julgador sempre terá de concluir que as vítimas
“certamente se enganaram”.
Diferente seria se a fotografia estivesse desfocada, distorcida, não tivesse a nitidez
suficiente, o que não é o caso, pois a imagem e feições do arguido Paulo Pedroso são
perfeitamente perceptíveis, correspondendo a fotografia a um grande plano do arguido,
retratado a partir dos ombros e de frente, não tendo por isso as testemunhas manifestado
quaisquer dúvidas ou hesitações quando o identificaram.
Não se pode também afastar, como faz a Mmª. Juiz, a relevância da identificação
posterior do arguido, também por via da fotografia nº. 81, ao considerar que a essa fotografia
“não pode ser atribuído qualquer valor para este efeito porque nessa data já o arguido se
encontrava preso preventivamente há quase dois meses e a sua imagem havia aparecido
incontáveis vezes na imprensa e em todos os canais de televisão”.
Sempre se dirá que, seguindo este raciocínio da Mmª. Juiz, sempre a identificação de
figuras públicas em quaisquer processos seria absolutamente inviável.
As testemunhas, nomeadamente a Testemunha D e a Testemunha E, ao
identificarem o arguido Paulo Pedroso estavam a “apontar a fotografia de um indivíduo
completamente estranho que viram pouquíssimas vezes, em situações extremamente
penosas”. Todavia, identificaram-no sem vacilarem e sem qualquer reserva,
inexistindo nos autos um elemento sequer que permita pôr em causa as identificações
efectuadas.
Aliás, é de salientar que, depois da prisão preventiva do arguido, nenhuma das
testemunhas mencionadas veio referir ter-se enganado, tendo todas elas reafirmado as
imputações efectuadas relativamente ao arguido Paulo Pedroso.
Impressionam, principalmente, os depoimentos prestados na fase de instrução,
perante a Mmª. Juiz, pela Testemunha D e Testemunha E,
resultando desses depoimentos que os abusos de que foram alvo perpetrados pelo arguido
Paulo Pedroso estão indelevelmente marcados nas suas memórias.
É, por todas as razões aduzidas, impossível pretender extrair dos autos que os
ofendidos se enganaram quando identificaram o arguido Paulo Pedroso, pois inexiste
qualquer elemento que permita inferir esse invocado engano.
Não se compreendem por isso as referências feitas “a talho de foice” pela Mmª. Juiz
à fragilidade da memória, pois nada de objectivo existe nos autos que permita duvidar da
credibilidade das imputações feitas pelos ofendidos Testemunha D e Testemunha E
relativamente aos crimes de que foram vítimas, nomeadamente, aqueles que se
indicia fortemente terem sido perpetrados pelo arguido Paulo Pedroso.
O arguido Paulo Pedroso foi identificado não só pelos menores que foram suas
vítimas mas também por outras testemunhas que sabiam quem o mesmo era e o
referenciaram pelo nome e os cargos públicos exercidos, não sendo por isso razoável
questionar a memória dos primeiros.
A Mmª. Juiz não refere qualquer facto relevante susceptível de justificar que
tivesse posto em causa a memória dos ofendidos e que a levasse a concluir que os
mesmos certamente se enganaram.
Não invocou qualquer facto em função do qual seja possível concluir-se ter ocorrido
uma qualquer alteração da memória, não bastando, como é evidente, para se afirmar ou
aventar a existência de possíveis distorções da memória a referência às circunstâncias em
que ocorrem crimes desta natureza.
Caso contrário, seriamos levados a concluir que, na generalidade, a investigação dos
crimes de abuso sexual estaria irremediavelmente condenada ao fracasso, pois sempre seria
de questionar a memória das vítimas - nos casos em que o agressor não é uma pessoa das
suas relações – relativamente a alguém que viram, muitas vezes, apenas uma vez, numa
situação extremamente penosa.
Acresce que, na situação vertente, as testemunhas/ofendidos não viram o arguido
Paulo Pedroso apenas uma vez – viram-no várias vezes e os contactos estabelecidos, apesar
de breves, não foram de tal modo fugazes que não lhes permitisse fixar a fisionomia do
agressor.
Basta ter presente que os menores eram levados para uma casa –a casa de Elvas –
onde os aguardavam os adultos que com os menores estabeleciam um convívio mínimo.
Conforme os ofendidos referiram, no depoimento que prestaram perante a Mmª. Juiz
na Instrução, o arguido Paulo Pedroso encetava algum diálogo com eles, tanto que a
Testemunha D apercebeu-se da forma particularmente educada e correcta como tal arguido
falava e a Testemunha E referiu que nunca o iria esquecer, nomeadamente, a sua voz.
Por outro lado, nada nos autos permite sequer a formulação da mais leve suspeita de
que a memória dos ofendidos pudesse ter sido “ajudada, parcialmente reestruturada ou
completamente alterada por inputs posteriores ao acontecimento”, pelo que não se
compreende a pertinência e o alcance desta citação, da qual, aliás, não foi retirada pela Mmª.
Juiz qualquer consequência.
Toda a tramitação processual e o conteúdo da prova obtida é a demonstração de que
os testemunhos foram produzidos com a máxima espontaneidade, sem que tivesse ocorrido
qualquer espécie de sugestão exterior.
Por isso, as testemunhas identificam o arguido Paulo Pedroso de acordo com o que
cada uma delas sabia do mesmo ou com a imagem que dele retiveram, sendo que todas o
identificaram inequivocamente.
Qualquer eventual sugestão exterior sempre teria como consequência uma
uniformização tendencial dos testemunhos, em função dos “inputs” fornecidos – o que
manifestamente não acontece nos autos!
Por isso, a prova existente no processo é absolutamente credível, não fazendo
qualquer sentido o recurso a teorias psicológicas sobre “memórias induzidas”, por nos autos
não existirem quaisquer factos/dados ou elementos que permitam, sequer minimamente, pôr
em causa a forma isenta, imparcial e neutra como os depoimentos foram recolhidos e, em
consequência, a forma espontânea e livre como foram prestados.
Aliás, a Mmª. Juiz entra em contradição flagrante na decisão instrutória, pois se, por
um lado, conclui que os ofendidos certamente se enganaram e, apenas quanto ao arguido
Paulo Pedroso, – repete-se, sem que tivesse aventado qualquer dado objectivo que lhe
permitisse a formulação de tal conclusão – por outro, a fls. 20803 defende que:
“Outro fenómeno curioso – e perigoso – é a designada transferência inconsciente: a
testemunha ou a vítima/testemunha indica como agressor um sujeito, convencida de que o
rosto que tem à frente lhe é familiar. Porém, essa familiaridade, que existe, decorre de se
tratar de alguém que já encontrou na rua, ou porque é personagem pública e a cara lhe diz
algo.
Quando a vitimização é de natureza sexual (doméstica em especial), é admissível o
reforço de todas as citadas condicionantes.
Todo este circunstancialismo não pode, todavia, obstar à tomada da decisão
judicial. E quando ele não é significativamente negativo no sentido de excluir a hipótese de
os testemunhos serem verdadeiros , haverá que dar-lhes relevo ou não, consoante os
demais elementos introduzidos no processo.”
Depois de expender estas considerações a Mmª. Juiz conclui, relativamente aos
principais denunciantes deste processo, nomeadamente a Testemunha A, Testemunha C,
Testemunha D e Testemunha E que, apesar de algumas
incongruências nos seus depoimentos, não se lhes deverá assacar, à partida, o “cunho da
incredibilidade e as inveracidade”.
Ora, é precisamente quanto à identificação do arguido Paulo Pedroso pelos
ofendidos Testemunha D e Testemunha E que, para aqueles era
completamente desconhecido, fora do contexto dos abusos sexuais, que a Mmª. Juíz
põe em causa a memória das testemunhas/vítimas, sem que para tal avente qualquer
facto objectivo, quando concluira que as dificuldades inerentes à apreciação da prova
neste tipo de crimes apenas seria susceptível de fazer perigar uma decisão judicial
(obviamente de pronúncia) nos casos em que tal circunstancialismo fosse
significativamente negativo no sentido de excluir a hipótese de os testemunhos serem
verdadeiros.
De referir ainda que, também relativamente à Testemunha D, a
Mmª. Juiz olvida por completo, não fazendo qualquer referência, à credibilização de tal
testemunho resultante do depoimento prestado pelo Dr. Pedro Strecht, constante de fls. 6455
a 6458 dos autos.
O Dr. Pedro Strecht acompanhou, com regularidade, o menor Testemunha D
tendo relatado que o menor sempre lhe “falou que tinha sido abusado por quatro pessoas” e
concluído que o menor “não tem estrutura psicológica que lhe permita “inventar” ou
confabular: não existe desorganização do pensamento, foi sempre coeso, consistente e
congruente no que falou, demonstrando um sofrimento emocional concomitante com o
descrito, pelo que podemos concluir pela credibilidade de todo o seu depoimento.”
Referiu, também, o Dr. Pedro Strecht que “O Luís manifestava um sofrimento
intenso ligado a estas situações de abuso e expressava alguns sentimentos de culpa por ter
tido contrapartidas económicas que, no entender do depoente, agravam o próprio abuso,
porque constituem forças de coacção interna que fecham as crianças em círculos de medo,
humilhação e silêncio.
Quando se efectuaram prisões neste processo, o Luís manifestava um grande
sentimento de reparação e de que estava a ser feita Justiça, chegando mesmo a afirmar que
“sempre que ouço que cada um deles fica preso, apetece-me fazer uma festa como quando o
Porto foi campeão”, sendo esta frase sinal do desejo de reconhecimento público do seu
sofrimento interior.”
Ora, esta testemunha acompanhou o menor Testemunha D com regularidade, conhece
o seu percurso pessoal e a sua história familiar, pelo que as considerações que teceu acerca
deste têm um valor probatório inquestionável, tanto mais que se trata de um pedopsiquiatra
cujo percurso profissional e competência técnica são unanimemente reconhecidos,
inclusivamente, conforme já se referiu, pela Mmª. Juiz que o classifica como sendo um
profissional “de consabida e relevante experiência com crianças e adolescentes”.
Os depoimentos de todas as testemunhas – ofendidos e não ofendidos – credibilizamse
reciprocamente, escapando a todas as regras da lógica que se ponha em causa a memória
das testemunhas que identificaram inequivocamente o arguido Paulo Pedroso por
fotografia, quando, em acréscimo, existem outras testemunhas – maxime a Testemunha A
– que sabia perfeitamente quem era o arguido, tendo-o identificado cabalmente e
confirmado que o mesmo era um dos adultos que se deslocava à casa de Elvas, onde,
juntamente com os outros arguidos, sujeitava a abusos sexuais os menores alunos da CPL
que para aí eram levados pelo arguido Carlos Silvino.
Por todas as razões aduzidas, se conclui que inexiste qualquer facto ou raciocínio
lógico de onde seja possível extrair que os ofendidos se pudessem ter enganado quando
identificaram o arguido Paulo Pedroso.

3.3. Das declarações prestadas pelo arguido Carlos Silvino e das referências por
ele feitas ao seu co-arguido Paulo Pedroso
Referiu a Mmª Juiz de Instrução, no despacho recorrido, que não vislumbrava nos
autos qualquer outra pessoa que durante o inquérito tivesse relacionado o arguido Paulo
Pedroso, por qualquer forma, com o cometimento de actos de natureza pedófila ou
homossexuais com adolescentes. Já ficou demonstrado que tal não é exacto, bastando para
tanto recordar os depoimentos a que já se fez referência.
Acrescenta, depois, a Mmª. Juiz que “Mesmo o arguido Carlos Silvino nunca
mencionou o nome do arguido Paulo Pedroso, nem sequer na carta que endereçou ao juiz
de instrução já depois de conhecer o teor da acusação, certamente elaborada
pensadamente e com cuidado, com a colaboração declarada do seu Ilustre Advogado
(apenas mencionando os nomes dos arguidos Gertrudes Nunes, Hugo Marçal, Jorge Ritto,
Ferreira Dinis e Carlos Cruz).
Só nesta fase processual, o referido arguido refere pela primeira vez o arguido
Paulo Pedroso, o qual terá visto na casa de Elvas, a chegar apeado à “casa dos Erres” e
num almoço de Pina Manique em 2001”.
O arguido Carlos Silvino da Silva optou por uma estratégia de defesa que
inicialmente se pautou pelo rigoroso silêncio, correspondendo a mesma a uma fase em que
estava fortemente medicado, encontrando-se demonstrado nos autos que teve de receber
assistência, inclusivamente, no Hospital Prisão de Caxias.
Foi começando a falar aos poucos, relatando os factos que, no essencial,
confirmaram as versões dos ofendidos. E mencionou o nome do arguido Paulo Pedroso
perante a Mmª Juiz de Instrução, com a mesma convicção com que referiu os nomes dos
outros arguidos. Também ele levou crianças a muitos lugares e a muitas pessoas e as
“baralhações” que fez com as datas e alguns nomes são explicáveis pelas condições
psicológicas e físicas de extrema debilidade em que se encontrava e pela circunstância,
legítima, de não querer assumir os factos que a ele próprio dizem respeito.
Não se percebe porque é que o seu depoimento tem de ser desvalorizado
relativamente ao arguido Paulo Pedroso – que enfrentou na acareação a que foi sujeito,
não vacilando quanto à sua identificação nem por um momento – e não relativamente
aos outros arguidos.
O arguido Carlos Silvino foi pressionado pelos seus co-arguidos dentro da cadeia
conforme atestam os vários bilhetes trocados entre todos; foi-lhe “arranjado” um advogado
que a única coisa que fez foi tentar assegurar que o mesmo não denunciaria ninguém,
inclusivamente ele próprio; tinha conhecimento das funções e da relevância social e política
do arguido Paulo Pedroso e sabia que o mesmo se encontrava em liberdade e tinha
regressado, até ao momento da acusação, aos cargos políticos que exerceu.
No entanto, e apesar de todos esses factores de coacção interna e externa, o arguido
Carlos Silvino foi capaz de, perante a Mmª Juiz de Instrução, de viva voz, relatar que Paulo
Pedroso era um dos adultos que tinha visto na Casa de Elvas e na “Casa dos Erres” e,
quando acareado, com este arguido, manteve integralmente a sua versão.
Ao arguido Carlos Silvino assiste o direito de estruturar a sua defesa da forma de
entender por mais conveniente, inexistindo qualquer norma ou regra de experiência em
função da qual se possa concluir não serem de valorizar as declarações prestadas por um
arguido em fases mais adiantadas do processo, quando não o fez, nomeadamente, em fase de
inquérito.
Aliás, a confissão do arguido só tem valor probatório quando prestada perante
um Juiz – artºs. 140º. e 344º. do CPP.
As declarações prestadas pelo arguido Carlos Silvino deveriam ter sido apreciadas
em função dos restantes elementos existentes nos autos, uma vez que a convicção do
julgador se forma, não a partir da valoração de cada um dos elementos de prova de per si
considerados, mas da respectiva conjugação e concertação, sendo inquestionável que,
perante tais elementos, nada permite duvidar das suas declarações.
Aliás, cabe perguntar o que poderia justificar e o que ganharia o arguido Carlos
Silvino ao incriminar o seu co-arguido Paulo Pedroso.
A resposta é óbvia: nada justifica tais declarações a não ser o facto de as mesmas
corresponderem à verdade.
Assim, o argumento utilizado pela Mmª Juiz de Instrução cai pela base, não sendo
relevante nem podendo ser sustentáculo da sua decisão de não pronúncia do arguido Paulo
Pedroso.
Por outro lado, não se percebe, também, porque é que a Mmª. Juiz como forma de
fundamentar a sua decisão de não pronúncia do arguido Paulo Pedroso usou o argumento de
que o arguido Carlos Silvino não falou daquele, e não fez o mesmo raciocínio relativamente
ao arguido Manuel Abrantes, arguido que nunca foi referido pelo Silvino, nem mesmo
perante a Mmª Juiz de Instrução, e que esta não hesitou em pronunciar – e bem – nos
exactos termos do despacho de acusação.
Estranha-se mesmo que a Mmª Juiz de Instrução, nem por uma vez, se tenha referido
à acareação que decidiu realizar entre os arguidos e de que resultaram elementos que
permitiram perceber com nitidez o grau de credibilidade de cada uma das afirmações
proferidas pelos arguidos.
Nessa acareação, o arguido Paulo Pedroso perdeu-se em deambulações sobre os
pormenores da cor e do material da camisa por ele utilizada num almoço realizado no
Colégio de Pina Manique, não tendo sido capaz de adiantar, mais uma vez, uma única razão
que pusesse em causa as declarações do seu co-arguido Carlos Silvino, na parte em que este
peremptoriamente o incrimina.
Acresce que, da análise conjugada dos depoimentos de Carlos Silvino, Testemunha A
e Testemunha B, resulta que todos apontam nominalmente o arguido Paulo
Pedroso, sem qualquer margem para dúvida, não tendo a Mmª Juiz de Instrução feito uma
análise correcta e concertada de toda a prova produzida, nem tendo adiantado qualquer
critério objectivo ou mesmo perceptível e lógico para “fazer tábua rasa” de tais testemunhos.

3.4 Da prova resultante dos apensos AZ-T e BC-T
Por último, cabe realçar que a análise das transcrições das intercepções telefónicas
que constituem os Apensos AZ-T e BC-T traduzem o que foi o comportamento do arguido
ao longo do processo.
Diz a experiência comum que, quando alguém é acusado de algo que não fez, tenta
por todos os meios ao seu alcance demonstrar a sua inocência, pelos meios lícitos e comuns
usados pelas pessoas que nada temem.
Diz a experiência comum que é normal e compreensível que quem é acusado
injustamente proteste a sua inocência aos quatro ventos, mas que, sobretudo, o faça junto de
quem lhe é próximo, nomeadamente os seus maiores amigos e familiares.
Diz a experiência comum que quem é injustamente acusado aguarde serenamente
que se faça justiça, sem pretender qualquer tratamento de favor ou sem tentar, por vias
travessas, influenciar o aparelho judiciário a adoptar procedimentos anómalos.
Ora, o arguido Paulo Pedroso, afirmou que conhecia que o seu nome estava
envolvido no “caso Casa Pia” pelo menos, desde o dia 9 de Maio de 2003 – vd. fls. 4630
a 4634.
Desde essa data e até à sua prisão preventiva, a 21 de Maio de 2003, não existe uma
única conversa telefónica nem com os seus familiares, nem com a sua namorada, nem com
os seus companheiros de partido, nem com qualquer amigo em que o mesmo tenha
verbalizado a mínima indignação ou revolta perante a acusação “injusta” de que estava a ser
alvo.
Todavia, acompanhava a par e passo os trâmites da estratégia de defesa do arguido
Carlos Cruz e mostrava-se particularmente preocupado com a prisão do arguido Jorge Ritto
– vd. fls. 26, 62 e 77 do Apenso AZT - salientando-se que o arguido declarou não conhecer
nem um nem outro e que os dois telefonemas em causa apenas tiveram por assunto aquelas
questões.
Quando o arguido se apercebeu de que a sua constituição como tal era iminente,
tentou mover tudo e todos a fim de tentar que os Tribunais adoptassem comportamentos
anómalos – ser ouvido como arguido antes do levantamento da sua imunidade enquanto
Deputado.
Quando foi constituído arguido tentou defender-se implicando terceiros em “cabalas”
e depois em “urdiduras” mirabolantes, nas quais, cedo, os seus próprios amigos deixaram de
acreditar – vd., por todos, os depoimentos de José Luís Saldanha Sanches e Alexandre
Manuel de fls. 6808 a 6810 e 6880 a 6882.
É este o comportamento normal de um homem injustamente acusado?
O arguido goza do direito de não prestar declarações, de mentir e de dizer o que
entender. Ninguém é obrigado a contribuir para a sua própria incriminação. Mas os
comportamentos adoptados pelos arguidos não podem deixar de ser levados em conta na
apreciação da prova e na aferição do seu juízo de culpabilidade.
Assim, o comportamento do arguido Paulo Pedroso, revelado nas conversações
telefónicas que efectuou, acabou por dar credibilidade a toda a prova produzida que o
incriminava, estranhando-se que a decisão recorrida tenha omitido qualquer referência
a tal, sendo certo que para justificar tal omissão se impunha, pelo menos, uma análise
crítica das mesmas.

4. Da prova produzida na fase de instrução
4.1 O aparelho dentário fixo que o arguido usou entre Outubro de 1999 e Julho
de 2000
No decurso da Instrução, e nomeadamente perante o depoimento da testemunha Dr.
Nuno Oliveira – constante de fls. 18359 dos autos – apurou-se que, entre Outubro de 1999 e
meados de Julho de 2000, o arguido Paulo Pedroso usou uma aparelho dentário fixo no
maxilar superior, cujas características foram descriminadas no depoimento daquela
testemunha, médico dentista do arguido, e nas fotografias que por ela foram juntas aos
autos.
Pôde-se, assim, concluir que tal aparelho consistia numa prótese fixada no maxilar
superior através de ganchos e num fio de metal fino que atravessava a dentadura superior,
encontrando-se presa aos dentes por dispositivos de metal nos molares e pré-molares e de
silicone ou borracha transparente nos dentes frontais (incisivos e caninos).
Tal prótese – destinada a “endireitar” os dentes frontais do arguido – tinha umas
“almofadas”, assentes sobre cada dente frontal, feitas de material transparente, por forma
a ocultar a sua visibilidade, ao contrário do que é comum neste tipo de aparelhos em que, em
regra, as referidas “almofadas” são feitas de material metálico prateado.
Nas fotografias que o arguido juntou aos autos na fase de Instrução, vê-se que o
aparelho está colocado na parte superior de cada dente, sendo necessária a abertura completa
da boca e a sua fixação por meio de molas ortodônticas para o mesmo se notar a olho nú.
Tal é particularmente notório nos slides do documento n.º 9 do Apenso EH.
Quando a investigação teve conhecimento da existência de tal aparelho solicitou a
todas as estações de televisão cópias de todas as intervenções do arguido Paulo Pedroso
entre 1999 e 2000 – período ao longo do qual usou o referido aparelho – o que foi satisfeito,
passando tais gravações a constar do Apenso V.
Ora, visionando-se tais gravações, verifica-se que em nenhuma das intervenções do
arguido Paulo Pedroso – nalgumas das quais aparece a falar – se vislumbra o referido
aparelho. Assim, não é verdade que tal aparelho fosse facilmente visível e pudesse ser
apontado como uma característica física particular do arguido pelas testemunhas que o
identificaram.
Por outro lado, no decurso da Instrução, a testemunha Eduardo Ferro Rodrigues,
pessoa com quem o arguido privava quase diariamente, afirmou que o arguido Paulo
Pedroso “fazia um esforço para não mostrar o aparelho”.
Aliás, a comunicação social só trouxe a público a existência do referido aparelho em
Abril de 2001, data em se presume soube da sua existência, o que não deixa de reforçar que
o aparelho mal se notava, pois se assim acontecesse, teria, certamente, usado essa
característica do arguido para tecer comentários, tanto mais que a data em que o colocou
coincide com a sua posse como Secretário de Estado.
Da análise das fotografias constantes do Apenso EH e que foram juntas pelo arguido
constata-se que, em nenhuma delas o referido aparelho é visível, sendo que as mesmas
foram tiradas em situações em que o arguido estava particularmente descontraído e,
portanto, sem necessidade de fazer o “habitual” esforço para tentar que o aparelho se não
notasse.
Vejam-se as fotografias da festa de Natal de 25.12.1999 - doc. n.º 93 – e a do
casamento do seu amigo Mark Kirkby – doc. n.º 116. Mesmo na foto que constitui o doc. n.º
45 do referido Apenso, e tirada poucos dias depois de o arguido ter retirado o citado
aparelho e, portanto, quando já não precisava de o disfarçar, não é visível qualquer dente do
arguido, pela simples razão de que este, quando fala normalmente, oculta os dentes do
maxilar superior com o lábio.
Relativamente às fotografias constantes de fls. 19656 a 19662 as mesmas
reproduzem partes de uma entrevista dada pelo arguido a um programa da RTP, em
12.3.2000. São “frames” (imagens paradas) que correspondem ao arguido a sorrir
abertamente, o que não seria a sua postura habitual aquando da realização dos abusos
sexuais que se mostram indiciados.
Porque o aparelho não era visível quando o arguido falava normalmente, a defesa
teve de arranjar imagens paradas – frames – do arguido quando ria abertamente, para tentar
demonstrar a visibilidade do referido aparelho.
De facto, basta a visualização do conteúdo da cassete com a filmagem da
entrevista referida - junta pelo arguido em 07.05.2004, que teve termo de apensação ao
processo por linha a fls. 19689 dos autos, de onde foram pelo arguido retiradas as referidas
frames – para se dissiparem as dúvidas relativamente à visibilidade ou não do aparelho
dentário que o mesmo usou.
Pura e simplesmente tal aparelho não é visível quando o arguido fala
normalmente.
E, é assim, porque o arguido quando fala não mostra os dentes do maxilar
superior, que ficam integralmente cobertos pelo lábio superior.
E o aparelho dentário nem sequer alterava, minimamente que fosse, a dicção do
arguido, conforme se constata pela audição e visualização da referida cassete.
O referido aparelho apenas é perceptível quando o arguido ri abertamente, e, mesmo
nessas alturas, o aparelho dentário é susceptível de passar despercebido a um observador
menos atento que não esteja predisposto a encontrar nos dentes do arguido algo diferente.
Com efeito, no decurso da visualização de tal filmagem, o citado aparelho não é
visível, a não ser que se esteja predisposto e exactamente à procura de um aparelho dentário
com as características do que era usado pelo arguido, o que não era obviamente o caso dos
menores de quem ele abusou sexualmente.
A Mmª Juiz de Instrução considerou que este tipo de “pormenores” (e o termo é o
utilizado na decisão recorrida – fls. 20815) “verificados em adultos são geralmente alvo de
reparo entre as crianças e jovens e dificilmente olvidáveis (bem mais notórios que a
utilização de óculos, comum a uma grande parte da população); e a perturbação
decorrente da violência inerente ao acto sexual perpetrado numa criança pode desviar-lhe
a atenção exactamente para este tipo de detalhes”.
Ora, de acordo com as regras da experiência que, nos termos do artº 127 do CPP,
devem presidir à análise da prova, a conclusão a retirar é exactamente a oposta. Com efeito,
qualquer criança que esteja a ser vítima de abusos sexuais dificilmente terá como hábito
fixar a sua atenção em pormenores ou detalhes, precisamente por causa da grave perturbação
que a violência sexual exercida sobre ela acarreta. Aliás, seria em absoluto despido de
sentido exigir-se a uma criança vítima de abuso sexual que descrevesse a cor da roupa do
seu abusador, a marca dos sapatos, ou o feitio da colcha da cama onde tal abuso decorre.
Como a própria Mmª Juiz de Instrução reconhece a fls. 20806, e como sempre foi
entendido, “nos delitos chamados sexuais nunca é de exigir rigor e precisão nas provas,
que por óbvias razões quase nunca se obtêm” (sublinhado nosso).
Assim, como a própria Mmª Juiz de Instrução também consignou a fls. 20804 e
referindo-se às testemunhas/ofendidos dos presentes autos, “ não é de estranhar que não se
recordem ou não consigam identificar com clareza os locais onde estiveram nem descrevêlos
com minúcia e exactidão. Não é de desconfiar se não relatam logo numa primeira
inquirição quem foram os adultos que deles abusaram. Sobretudo, não é de estranhar que
as suas declarações não coincidam integralmente mesmo quando estiveram juntos na
mesma ocasião e local”.
Tendo tudo isto por assente, como aliás parece ter tido a Mmª Juiz na decisão
recorrida, impõe-se perguntar: e será de exigir que os menores tivessem identificado e dado
conta que o arguido usava um aparelho dentário, praticamente invisível na parte frontal, que
não se vê de todo quando o mesmo fala normalmente? E sê-lo-ia quando ainda por cima a
maioria deles foi sodomizada de costas para o arguido, não se podendo aperceber dos
esgares e dos trejeitos que possa ter feito (tanto mais que na maioria das vezes o arguido
ejaculava na casa de banho)?
Afinal, não se entende qual o critério que esteve na base da apreciação judicial.
É de questionar ainda mais tal hipotético critério, quando, mesmo adultos que
conviviam com o arguido quase diariamente, seus amigos de há longos anos e que estiveram
com ele entre Outubro de 1999 e Julho de 2000, não conseguiram descrever, ou mesmo
sequer dizer se, nessa data, o arguido tinha ou não tinha aparelho dentário – vejam-se, por
exemplo, os depoimentos das testemunhas Manuel Riscado, seu médico assistente (fls.
17958), Luís Capucha (fls. 17993), Carlos Martins (fls. 18012) e Ferro Rodrigues (fls.
18355) – salientando-se que este último nem os óculos do arguido conseguiu descrever.
Se estas testemunhas que são adultos e conviviam amiúde com o arguido Paulo
Pedroso não o fizeram, seria de esperar que crianças o fizessem?
E qual é o critério científico ou de senso comum para se poder afirmar, como se faz
na decisão recorrida, que em situações de violência as crianças podem (sublinha-se podem)
aperceber-se de pormenores não comuns em indivíduos adultos? Se podem não quer
dizer que devam e o que foi exigido às testemunhas foi que deveriam ter-se lembrado
de um aparelho imperceptível.
Não se vislumbra qual o critério utilizado para se proferirem as afirmações da
decisão recorrida. Mas mesmo que se admita que a Mmª Juiz pudesse ter dúvidas sobre tal
matéria sempre a sua obrigação legal seria a de ter confrontado os menores que inquiriu
sobre as características físicas e, nomeadamente, sobre o aparelho dentário, o que não fez.
Com efeito, admite-se que o julgador – mesmo em sede indiciária, como é o caso da
fase processual da Instrução – tenha dúvidas. O que não se admite é que nada tenha feito
para as resolver. Diremos que nessa perspectiva, então todas as dúvidas se revelam
insanáveis.
Dispõe o artº 288º. n.º 4 do CPP que o juiz investiga autonomamente o caso
submetido a instrução e deve, nos termos do artº 290º. do mesmo diploma, praticar todos os
actos necessários à realização das finalidades referidas no artº 286º. n.º 1, isto é, comprovar
a decisão de acusação ou de arquivamento, em ordem a submeter ou não a causa a
julgamento.
Ora, da leitura das inquirições dos ofendidos, levadas a cabo pela Mmª Juiz de
Instrução, verifica-se que nenhuma pergunta lhes foi feita sobre as características físicas dos
seus abusadores, sendo certo que, na data em que tais inquirições foram realizadas, a Mmª
Juiz de Instrução já tinha todos os dados sobre o aparelho dentário usado pelo arguido.
E não se diga que, ao perguntar-se à testemunha D se o arguido falava
consigo, se procurou dissipar tal dúvida, tanto mais que, como é sabido, das duas últimas
vezes que esta testemunha refere ter visto o arguido Paulo Pedroso em Elvas – Julho/Agosto
de 2000 e Novembro de 2000 – o mesmo já não usava o referido aparelho.
Uma última nota sobre o depoimento da testemunha Testemunha E quando, a
fls. 4010, refere que a solicitação do indivíduo que identifica como sendo o retratado na
foto n.º 8 – o arguido Paulo Pedroso – praticou sexo oral no pénis do mesmo, depoimento
que a Mmª. Juiz invocou como forma de demonstrar que, em consequência, esta testemunha
deveria ter feito menção a tal aparelho.
No entanto, nada permite retirar tal conclusão.
Na realização de sexo oral, as partes da boca que entram em contacto com o pénis
são os lábios, a língua e a parte interior dos dentes.
Ora, o aparelho que o arguido usou estava fixado nos molares e o fio e as almofadas
de suporte estavam colocadas na parte frontal dos dentes, conforme descreveu o médico que
lho colocou – fls. 18360 – e se vislumbra nas fotografias que constituem o doc.nº 9 do
Apenso EH, não apresentando a parte interior dos dentes qualquer fio, metal ou dispositivo
que pudesse ser percepcionado pelo menor através do contacto da boca do arguido com o
pénis daquele último.
Assim, segundo as regras da experiência e a lógica das coisas, também este
argumento utilizado na decisão recorrida não pode valer.

4.2 A ginecomastia do arguido
O arguido foi sujeito a exame médico de clínica médico-legal, tendo-se apurado que
o mesmo padecia de “moderada ginecomastia (aumento do volume mamário), mais evidente
à direita” – fls. 12537.
Com o consentimento expresso do arguido foram realizadas as fotografias constantes
no anexo ao referido exame e que são as fls. 12541 a 12544 dos autos.
Conforme se afere pela análise das referidas fotografias e do exame médico
realizado, resulta que o arguido tem um elevado perímetro abdominal e um considerável
tecido adiposo que não aparenta ter quando vestido.
Da análise do relatório médico constante de fls. 12537, das fotografias acima
referidas e também da que consta como doc. nº 45 do Apenso EH, verifica-se que a
ginecomastia é bilateral, embora mais desenvolvida na mama direita, podendo ser, para um
leigo, percepcionável apenas como caracterizando um indivíduo gordo.
Aliás, a sua própria família nunca deu qualquer relevância a esse facto, conforme se
afere pelo depoimento da testemunha apresentada pelo arguido Ana Margarida Cerqueira,
constante de fls. 17982.
Assim, não seria de esperar que os menores reparassem na referida ginecomastia
“moderada e bilateral”, num indivíduo com tal perímetro abdominal e “biótipo normolíneo”
– como se afere das fotografias que lhe foram tiradas aquando da realização do exame
médico e da que constitui o doc. n.º 45 do Apenso EH – que nem sequer é muito notória e,
por isso, não era objecto de qualquer menção particular por parte dos familiares do
arguido, nem de qualquer acompanhamento clínico especial, tal como o próprio arguido
(vd. fls. 12535), e o seu médico assistente ( fls. 17957) reconheceram.
Aliás, decorre do conhecimento de um homem médio e da própria lógica das coisas,
que, em indivíduos magros e com o tronco “seco” e musculoso, qualquer protuberância ou
relevo ao nível do tronco, assume maior protagonismo e sugere mais atenção, do que em
indivíduos gordos, em que as referidas protuberâncias ou relevos são mais facilmente
confundíveis com a própria gordura corporal.
Mais uma vez, se mostra incompreensível que se tenha exigido que os menores
tivessem fixado uma particularidade física do arguido que, objectivamente, e dadas as suas
características anatómicas (elevado perímetro e gordura do tronco), nem sequer era
particularmente visível, como qualquer pessoa pode constatar mediante análise distanciada e
lúcida das fotografias a que já se fez referência.

4.3 O exame de clínica médico-legal e os sinais e marcas particulares do arguido
O arguido foi sujeito a exame médico-legal no decurso do qual se apurou que o mesmo
apresentava:
•?Uma área hiperpigmentada, acastanhada escura, na bolsa escrotal esquerda;
•?Uma área ligeiramente hiperemiada no períneo à direita da linha média;
•?Três manchas hiperpigmentadas, acastanhadas escuras, na metade proximal da face
externa da coxa esquerda, arredondadas;
•?Uma pápula no terço distal da face antero-interna da coxa esquerda, ovalada (..)
rosada com orla acastanhada;
•?Uma zona irregularmente pigmentada a nível das nádegas, característica
especialmente evidenciada sob a luz de Wood;
•?Manchas de forma irregular, igualmente hiperpigmentadas, mas mais claras que se
localizam sobretudo nas regiões glúteas (nádegas), sendo mais evidentes no
quadrante superior interno da região glútea direita.
Conforme se afere das conclusões de tal relatório, o arguido Paulo Pedroso
apresenta, nas nádegas, sobretudo na nádega direita, manchas hiperpigmentadas
susceptíveis de serem descritas como manchas ou sinais.
Assim, ao contrário do que é referido na decisão recorrida, tal exame confirmou
que o arguido apresenta, na nádega direita, uma mancha hiperpigmentada,
característica que é especialmente evidenciada sob a luz de Wood (ultravioleta) e que é
compatível com múltiplas etiologias, não sendo possível afirmar ou infirmar que tais
manchas tenham sido atenuadas mediante utilização de raios laser, processo largamente
utilizado para remoção de algumas alterações patológicas do revestimento cutâneo – vd. fls.
13877.
No seu depoimento de fls. 6921, o ofendida Testemunha A refere que o arguido
Paulo Pedroso tem na nádega uma mancha acastanhada com o diâmetro equivalente a uma
moeda de dois cêntimos – isto é, cerca de 1,5 cm – tendo declarado que, em conversa com a
Drª Catalina Pestana lhe tinha referido “as marcas que o Paulo Pedroso tinha no corpo”.
No seu depoimento de fls. 5828, a testemunha Maria Catalina Pestana refere que o
menor Testemunha A, por alturas de Abril de 2003, lhe pediu que lesse uns
“apontamentos” que tinha escrito em que era referido o nome do arguido Paulo Pedroso. Já
antes, numa conversa ocorrida em princípios do ano de 2003 (no início do presente processo
e quando não havia nenhuma referência pública ao nome do arguido Paulo Pedroso), o
Testemunha A lhe tinha referido o nome do arguido Paulo Pedroso, dizendo-lhe mais
tarde (por volta do mês de Abril de 2003) que o arguido Paulo Pedroso “tinha muitos sinais
nas costas e no peito (...) e que também tinha visto os sinais debaixo, querendo referir-se
qos que normalmente são tapados pelos calções da praia”.
No seu depoimento em sede de Instrução, constante de fls. 17966 dos autos, Cristina
Gomes, que foi mulher do arguido e que com ele coabitou até Setembro de 1999, referiu que
o mesmo tinha um sinal no pénis, sendo o único sinal do mesmo a que deu relevância, não
se tendo lembrado, por exemplo, dos que o arguido ostenta no peito e que são
particularmente visíveis, conforme fotografia constante de fls. 12542 dos autos.
Estes sinais, que são bem visíveis no tronco do arguido, confirmam o relato que a
Testemunha A fez à Drª Catalina Pestana, quando afirmou que o arguido
tinha muitos sinais no peito e nas costas.
Da conjugação de todos estes depoimentos e elementos de prova pericial, importa
retirar conclusões que são em tudo diferentes das que a Mmª Juiz retirou na decisão
recorrida.
Com efeito, impõe-se dar como assente que o arguido tinha manchas/sinais
hiperpigmentados nas nádegas, na bolsa escrotal esquerda e no períneo e na face externa da
coxa esquerda e na face antero-interna da coxa esquerda – isto é, na região habitualmente
coberta com os calções de praia, tal como foram descritos pela Testemunha A
à Dr.ª Catalina Pestana e que ela relata a fls. 5828. Também o exame físico de fls. 12535
identificou nas costas e peito do arguido 18 sinais e manchas que se encontram descritas
nas alíneas c), e), f), g), h), i) e j) do ponto 2 da Secção A do capítulo V do referido exame –
fls. 12536 e 12537.
Assim, curiosamente, todas as discromias melânicas que o arguido apresenta estão
localizadas nas zonas púbicas, glúteas e no tronco, não apresentando o arguido quaisquer
outras manchas /sinais que tenham sido identificadas pelo INML no exame físico a que
foi submetido.
E, resulta ainda evidente que, pelo menos em Setembro de 1999, o arguido
apresentava um sinal no pénis – tal como refere a sua ex-mulher que, seguramente, conhece
o corpo do indivíduo com quem viveu mais de 10 anos, melhor do que ninguém.
Ora, em 26 de Novembro de 2003 tal sinal – que chamou particularmente à atenção
da ex-mulher do arguido – tinha desaparecido, uma vez que, à observação do pénis, o
arguido não apresentava nenhum sinal particular naquela zona.
Com efeito, o pénis do arguido foi examinado e não foi detectado qualquer mancha
ou sinal de relevo, apresentando-se não circuncidado e com características normais.
Apesar de o exame médico-legal a que o arguido foi submetido se ter destinado a
detectar eventuais sinais particulares existentes no seu corpo, no pénis do mesmo apenas
foram detectadas as particularidades acabadas de referir, tendo-se constatado que não tinha
qualquer sinal ou mancha no pénis.
Donde, é forçoso concluir que, das duas uma: ou o arguido, inexplicavelmente, tem
sinais que desaparecem espontaneamente, ou retirou o sinal que tinha no pénis.
E se assim foi, então o exame de fls. 12536 tem de ser lido com outro rigor. A
possibilidade ali referida de o arguido ter retirado um sinal deixa de ser neutra, do
ponto de vista da prova, para se tornar num forte indício de que, efectivamente, o
arguido o terá retirado e de que o que a Testemunha A disse
corresponde à verdade, ao contrário do que concluiu a Mmª. Juiz.
Assim, a conclusão do despacho recorrido de que “ o único pormenor físico relatado
(por Testemunha A) – a marca na nádega tipo mancha acastanhada ou sinal com o
diâmetro de cerca de 1,5 cm – não obteve a necessária comprovação médica” é
manifestamente errada e demonstra uma inaceitável apreciação da prova.
Por outro lado, mais uma vez, estranha-se que a Mmª Juiz tenha desvalorizado e
“esquecido” nesta parte, o depoimento da Drª Catalina Pestana, pessoa que classifica como
“profissional de consabida e relevante experiência com crianças e adolescentes”, ficando,
também uma vez mais, por perceber qual foi o critério utilizado na decisão recorrida para
assim ter optado.

4.4 Da valoração judicial efectuada na instrução dos exames periciais
realizados em fase de inquérito
Nos presentes autos foram solicitados à Delegação de Lisboa do Instituto Nacional
de Medicina Legal, a realização dos seguintes exames periciais:
1) Perícias médico-legais de natureza sexual, nos termos do artº. 159º, nº 1, do Código
de Processo Penal (CPP);
2) Perícias sobre a personalidade dos ofendidos nos termos dos artºs. 160º, 151º e 131º,
nº 3, do CPP, “com vista a averiguar, à luz dos resultados obtidos e na medida em
que tal for possível, a credibilidade dos respectivos relatos e testemunhos” (sic).
Em consonância com o pedido formulado, foram realizados dois tipos de perícias às
alegadas vítimas de abusos sexuais: perícias médico-legais de natureza sexual e perícias
sobre a personalidade (estas últimas apenas a alguns dos sujeitos).
Trata-se de dois tipos de abordagem clínica diferente – as primeiras efectuadas por
médicos (artº. 159º, nº 1, do CPP) e as segundas, maioritariamente, por psicólogos (artº.
160º, nº 2, do CPP).
Em nenhum destes casos foi solicitada ou realizada perícia psiquiátrica (artº. 159º, nº
2, do CPP).
O corpus de conhecimentos da psiquiatria e da psicologia são diversos, tal como o
são os métodos e técnicas que utilizam, o que justifica a independência destas duas ciências,
ainda que psiquiatras e psicólogos possam e devam colaborar estreitamente sempre que tal
se mostre necessário.
O CPP, respeitando o corpo epistemológico próprio de cada uma destas ciências,
estabelece uma diferença nítida entre as intervenções periciais cometidas aos especialistas
de cada uma destas áreas do saber: aos primeiros, a realização de perícias psiquiátricas (artº.
159º, nº 2, do CPP); aos segundos, a realização de perícias sobre a personalidade (artº. 160º,
nº 2, do CPP).
Ora, reconhecidas que são a existência de duas ciências distintas e atribuições
periciais também elas diferentes, não se afigura legítimo nem razoável aceitar sem crítica ou
recorrer ao parecer de psiquiatras para aferir do desempenho profissional de psicólogos, tal
como merece crítica o facto de psiquiatras terem acedido a formular juízos de natureza
científica e a criticar métodos e técnicas da área da psicologia.
É fácil pôr em causa qualquer relatório pericial psicológico, tal como sucede, aliás,
com qualquer relatório pericial psiquiátrico. Sobretudo, quando, em nome de uma pretensa
objectividade absoluta, materialmente inatingível neste domínio do saber, se ignora em
absoluto o examinando.
É verdade que as condições para a realização das perícias, nomeadamente das
perícias sobre a personalidade, não foram as melhores, desde logo pelo carácter de urgência
ditado pelos prazos processuais estipulados no CPP.
Porém, o lapso de tempo disponível para a sua realização não põe em causa o
essencial da intervenção pericial.
Por outro lado, não pode deixar de se louvar a postura profissional e até ética dos
Senhores Peritos que, atendendo ao facto de vários dos examinados não manterem relações
próximas com familiares ou terem referido que estes não estavam a par do sucedido ou
ainda que não queriam vê-los envolvidos no processo, procuraram respeitar esta postura,
abstendo-se de realizar qualquer abordagem aos familiares dos mesmos.
O que importa salientar é que a realização das perícias obedeceu às regras
gerais aceites pela maior parte da comunidade científica internacional para este tipo de
exames.
Vejam-se, por amostragem, (Gisbert Calabuig, 1991; Debout & Durigon, 1994;
Bernet & the Work Group on Quality Issues, 1997) - Gisbert Calabuig, J.A. (1991): Delitos
Contra la Libertad Sexual. In Medicina Legal y Toxicologia (4ª ed.), J.A. Gisbert Calabuig
(Coord.), Barcelona, Salvat Editores, S.A., pp. 441-458; Debout, M. & Durigon, M. (1994):
Médecine Légale Clinique. Paris, Edition Marketing; Bernet, W. & the Work Group on
Quality Issues (1997): Practice Parameters for the Forensic Evaluation of Children and
Adolescents Who May Have Been Physically or Sexually Abused. Journal of the American
Academy of Child & Adolescent Psychiatry, vol. 36 (10S) Supplement October: 37S-56S.
Conforme se alcança dos relatórios dos exames periciais constantes dos Apensos CC
e CG, a missão pericial no presente processo traduziu-se pelos seguintes procedimentos:
1) Exame médico-legal de natureza sexual (duração média: 4 horas):
1.1) Informação externa (um auto de depoimento de cada examinando prestado à
Polícia Judiciária);
1.2) Informação fornecida pelo examinando (entrevista clínica):
a) Relato dos acontecimentos que estiveram na origem da realização do exame;
b) Antecedentes pessoais;
c) Antecedentes familiares;
d) Personalidade prévia (maneira de ser habitual);
1.3) Queixas;
1.4) Exame mental (comportamento, orientação têmporo-espacial, funções
cognitivas, rendimento intelectual, pensamento, discurso, humor, afectos,
questões direccionadas com vista a testar a credibilidade do relato, etc.);
1.5) Exame físico por regiões topográficas, incluindo, naturalmente, a observação
da região perineal e órgãos genitais externos.
2) Perícia sobre a personalidade (duração média: 9/10 horas):
2.1) Entrevista clínica (duração média: 4/5 horas)
a) Amplamente livre, procurando respeitar a espontaneidade do examinando e
explorando, tal como no exame mental da perícia anterior:
a.1) Antecedentes pessoais;
a.2) Antecedentes familiares;
b) Questões direccionadas com vista a testar a credibilidade do relato;
2.2) Observação psicológica (comportamento, funções cognitivas, pensamento,
discurso, humor, afectos, etc.);
2.3) Aplicação de testes psicológicos (duração média: 4/5 horas): MMPI, teste
psicodiagnóstico de Rorschach e outros indicados no relatório pericial, que,
para além do complemento de informação que fornecem, constituem um modo
outro de observação psicológica e avaliação do funcionamento do sujeito,
indissociáveis da entrevista clínica.
Na circunstância, cada um dos sujeitos em relação ao qual foi solicitada uma
perícia sobre a personalidade foi examinado por dois peritos ( Prof. Dr. Jorge Costa
Santos e Drª Alexandra Anciães ou Prof. Dr. António Mendes Pedro), que, actuando
independentemente, o submeteram a uma observação com uma duração global média de
13 a 14 horas, tempo este bastante superior ao dispendido na generalidade de idênticos
exames periciais realizados em países estrangeiros de referência neste domínio (em Portugal
não é conhecida experiência na avaliação integrada deste tipo de vítimas).
Na decisão recorrida a Mmª Juiz de Instrução faz “tábua rasa” da prova pericial
obtida, afirmando que é do “senso comum” a conclusão de que as perícias à personalidade
realizadas nas condições em que o foram não podem servir para credibilizar os depoimentos
das vítimas, pelo que e afirmando que voltava “à estaca zero”, ignorou por completo o seu
conteúdo.
Dispõe o artº 163 do CPP que “o juízo técnico, científico ou artístico inerente à
prova pericial presume-se subtraído à livre apreciação do julgador”, devendo este, sempre
que divergir de tal juízo, fundamentar a sua divergência.
Ora, na decisão recorrida, a Mmª Juiz de Instrução questiona os objectivos,
metodologia e conclusões das perícias sobre a personalidade realizadas, fundamentando a
sua divergência apenas naquilo que apelida ser o “senso comum”. A míngua de
fundamentação é, pois, evidente e nem o apelo à Análise Crítica junta pelo arguido Paulo
Pedroso – relativamente ao qual nem sequer se percebe quais as conclusões que merecem a
concordância da Mmª Juiz – pode colmatar a leveza e a pressa com que tais perícias foram
analisadas.
Vejamos, então, quais os métodos, os objectivos e as conclusões utilizados pelo
Instituto Nacional de Medicina Legal na realização dos exames periciais cuja realização lhe
foi solicitada.

4.4.1 Das perícias à personalidade
“Personalidade” vem do grego persona, que significa “máscara de teatro”. O
conceito de personalidade está, pois, etimologicamente ligado à noção de papel
desempenhado pelo indivíduo num determinado contexto e face a um público. A
personalidade, entendida numa perspectiva científica, refere-se ao conjunto dos sistemas
organizados que sustêm a conduta. Aquela distingue-se do comportamento na medida em
que este mais não é que a actualização visível dos elementos da personalidade, e isso numa
situação específica. Deste modo, podemos definir a personalidade, utilizando a proposta de
M. Reuchlin (1992), como “uma característica relativamente estável e geral da maneira de
ser de uma pessoa no seu modo de reagir às situações nas quais se encontra”. Segundo esta
concepção, a personalidade refere-se a qualquer tipo de determinante da conduta (cognitivos
e não cognitivos, incluindo-se nestes últimos as emoções, as motivações, os traços e os
tipos, os estilos de condutas, as atitudes e os mecanismos de defesa).
A análise da personalidade não se pretende apenas implícita e especulativa, mas
assenta numa interacção dinâmica entre a elaboração de conceitos e a observação
estandardizada e controlada das condutas, abarcando uma grande diversidade de abordagens
e de métodos – Bernaud, J.L (1998) “Métodos de Avaliação da Personalidade, Lisboa,
Climepsi Ed. De entre as categorias de métodos, correspondentes às correntes actualmente
mais divulgadas, destacam-se três: a observação do comportamento por um perito, os
questionários e os métodos projectivos.
A maior parte dos especialistas neste domínio concorda com o facto de a avaliação
da personalidade se constituir como um procedimento complexo, que atinge um nível de
coerência satisfatório sob a condição de aceitar um certo número de compromissos, que tem
por consequência a elaboração de uma visão parcial do funcionamento da personalidade.
Pode-se, assim, enfatizar o dizer e o fazer, analisar os processos conscientes ou
inconscientes, avaliar as estruturas estáveis ou instáveis, mas não é, de modo algum,
concebível ter em conta, ao mesmo tempo, todos os parâmetros da personalidade.
Ainda que tal conste expressamente dos relatórios periciais, vale a pena repeti-lo,
agora com o apoio de referências bibliográficas: não existem técnicas infalíveis de
diagnóstico do abuso sexual (Lamb, 1994), tal como não existe um amplo consenso
internacional no que se refere à utilização de instrumentos destinados a avaliar com precisão
a validade do testemunho (Viaux, 2003) – Viaux, J.L. , in “Psychologie Légale, Paris, Ed.
Frison- Roche.
Contudo, uma revisão da literatura científica sobre a matéria mostra a
existência de diferenças significativas e sistemáticas entre abusados e não abusados
sexuais, ainda que estas diferenças não resultem do abuso sexual em si mesmo, mas dos
traumas e perturbações psicológicas mais gerais associados ao abuso (Waterman &
Lusk, 1993).
Na ausência de um protocolo de exame psicológico forense que, nesta matéria,
funcione como uma referência internacional amplamente consensual, os peritos que
efectuaram as perícias sobre a personalidade às crianças e jovens no âmbito deste processo,
seguiram de perto as linhas de orientação e procedimentos metodológicos propostos pela
American Academy of Child & Adolescent Psychiatry (1997) e pela Fédération Française
de Psychiatrie (2002). Embora se trate de uma verdade elementar, não será demais recordar
que estes, como outros procedimentos, não são redutíveis a uma simples soma de técnicas,
tal como uma pessoa não é o resultado de uma mera adição de membros e órgãos.
No conjunto destes procedimentos complexos, os testes psicológicos devem ser
considerados apenas como uma das várias componentes da avaliação, não permitindo os
seus resultados, por si sós, conclusões sobre os abusos sexuais. Tal facto, não obsta, porém,
a que os testes psicológicos integrem os procedimentos habituais de avaliação do abuso
sexual, como resulta, inequivocamente, das recomendações da American Academy of
Child & Adolescent Psychiatry (1997) e da VII Conférence de Consensus de la
Fédération Française de Psychiatrie (2003). A primeira (vide Bernet & the Work Group on
Quality Issues, 1997) preconiza expressamente a utilização de testes de inteligência e testes
de personalidade, enquanto a segunda refere-se apenas aos testes psicológicos em geral,
como complemento da avaliação clínica, deixando aos psicólogos a selecção dos
instrumentos que entenderem mais adequados ao caso em estudo.
Nestes procedimentos destaca-se a entrevista clínica cognitiva, que é uma entrevista
livre, sem propósitos terapêuticos, organizada a partir do contexto dos acontecimentos
vividos e que visa a reconstituição do conteúdo do testemunho, tendo em conta possíveis
manipulações da memória e do discurso. Esta entrevista tem lugar num encontro dual, facea-
face, entre a alegada vítima e o perito, sem utilização de questionamentos sobre o fundo
capazes de criar sugestões, o que implica qualidades relacionais de neutralidade empática,
de molde a que a reiteração-revivência do narrado possa ser avaliada não só tendo em conta
o conteúdo, mas também os processos emocionais que o acompanham.
A relação perito-examinando é estabelecida ao longo da entrevista, que não é apenas
um diálogo ou interrogatório, mas inclui a utilização de diversas técnicas que têm, entre
outros objectivos, avaliar o sujeito, as suas motivações, o seu comportamento explícito e
implícito. Algumas destas técnicas visam precisamente o confronto e a detecção de condutas
de simulação, parasimulação, sobresimulação ou dissimulação, sempre possíveis em
contexto forense.
As hipóteses diagnósticas vão surgindo no decorrer da entrevista, devendo o perito
estabelecer um plano de avaliação e seleccionar as técnicas e os testes a utilizar, com vista a
alcançar com a maior precisão possível os objectivos que estiveram na origem da realização
do exame. A utilização de mais do que um teste ou técnica permite uma validação intertestes
dos resultados obtidos, ou seja, os testes validam-se simultaneamente, diminuindo,
assim, a margem de erro.
A fase de aplicação da bateria de testes, é um marco importante, pois é aqui
possível, para além da realização do próprio teste, avaliar a forma do sujeito lidar com o
inesperado, a adversidade, a frustração (p. ex., quando tem um tempo limite para responder
e não o consegue), as estratégias que ele elabora na resolução das tarefas, entre vários outros
factores (Craig,”Entrevista Clínica e Diagnóstica, Porto Alegre, Ed.Artes Médicas(1991) e
Nunes, M.L.(1993) in “Entrevista Psicológica”, Psicodiagnóstico –R ( 4ª Edição), Posto
Alegre, Ed. Artes Médicas).
Só no final deste processo, e relacionando todos os resultados obtidos, se torna
possível traçar o perfil psicológico de um dado sujeito.
O princípio geral nestas avaliações não é o da detecção da verdade ou da
mentira, o que remeteria para a veracidade dos testemunhos e escapa às possibilidades
dos exames psicológicos. O que se avalia é o grau de credibilidade dos testemunhos,
isto é, aquilo que faz com que um testemunho possa ou não ser acreditado quanto à sua
validade, fiabilidade e coerência. É, pois, um procedimento complexo baseado nas
análises congruentes da personalidade do sujeito e da autenticidade do sofrimento existente,
bem como da narração do acontecimento feito num contexto.
Como resulta amplamente da literatura especializada, não existe uma síndrome
específica do abuso sexual, nem um perfil-tipo do abusado (Mc Aulty, 1993), mas
manifestações de perturbações globais, podendo a credibilidade ser captada na realidade dos
efeitos sintomáticos, a curto termo, ou nas sequelas do abuso sexual no devir do sujeito, a
longo termo.
Não sendo os actores centrais do processo, os psicólogos forenses verificam
hipóteses com vista ao esclarecimento dos magistrados, que poderão contribuir, em última
análise, para a formação da convicção destes. A sua intervenção funda-se num saber
especializado, que inclui o conhecimento dos estádios do desenvolvimento cognitivo e
afectivo dos sujeitos, a sugestibilidade que pode ser provocada pelos adultos e a
capacidade para testemunhar acontecimentos traumáticos vividos. Numa situação
destas, o que a criança ou o jovem guardam na memória é a acção central, mas podem ser
incapazes de a situar no tempo de modo cronológico (Mc Nichols, 2000).
É, pois, à luz da entrevista, que ocupa o centro do dispositivo de avaliação, que os
testes psicológicos são utilizados e analisados, seja para confirmar, seja para infirmar as
hipóteses equacionadas.
Queira-se ou não, concorde-se ou não, estes são os procedimentos mais
frequentemente utilizados neste domínio.
4.4.2 Dos exames de clínica médico legal de natureza sexual
A par das perícias de avaliação psicológica, todos os ofendidos foram submetidos a
exame de natureza sexual, tendo em vista a procura de sinais físicos compatíveis com os
abusos de que referiram ter sido vítimas, incluindo tais exames e conforme já foi referido, a
realização de uma entrevista clínica ao examinado, de uma exame mental e de um exame
físico.
Tais exames foram realizados pelo Prof. Dr. Jorge Costa Santos, médico, especialista
em Medicina Legal, com formação psiquiátrica e pós-graduação em psiquiatria forense, e
professor de Medicina Legal, Ética, Direito e Deontologia Médica, da Faculdade de
Medicina de Lisboa, perito que efectuou, ao longo da sua carreira profissional, mais de
2.500 exames periciais de natureza sexual abrangendo todos os grupos etários, conforme é
unanimemente conhecido nos meios judiciários.
Dos relatórios periciais constantes do Apenso CG resulta que, em todos eles, este
Perito Médico, de consabida experiência e de reputada competência profissional e
deontológica, conclui que o relato fornecido pelos menores que examinou era, pela sua
coerência, congruência e ressonância afectiva compatível com os abusos sexuais que
relataram, sendo a ocorrência de tais práticas e as circunstâncias relatadas altamente
prováveis.
Enquanto este Perito-médico efectuou todos os exames periciais de natureza sexual,
cada um dos psicólogos – Drª Alexandra Ansiães e Prof. Dr. Mendes Pedro - realizou as
perícias sobre a personalidade que foram solicitadas, de acordo com a idade dos
examinandos, ou seja, os jovens com idade igual ou superior a 16 anos foram avaliados por
Alexandra Anciães, enquanto as crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos foram
avaliados por António Mendes Pedro.
Resulta, assim, que, nos casos em que foi solicitada a realização de perícia sobre a
personalidade, as crianças e jovens foram sujeitos a uma dupla avaliação, efectuada por
dois técnicos diferentes – um médico especialista e um psicólogo clínico –, que actuaram
independentemente, em conformidade com as disposições contidas no artigo 42º
(Responsabilidade pelas perícias), do Decreto-Lei nº 11/98, de 24 de Janeiro, cujo nº 2
estabelece que “no exercício das suas funções técnicas os peritos gozam de independência e
autonomia técnico-científica, sendo responsáveis pelas perícias e pelos pareceres por si
efectuados.”
Entre as testemunhas a que se procedeu a exame Médico-legal de natureza sexual e a
avaliação psicológica contam-se a Testemunha A, Testemunha B,
Testemunha C, Testemunha E e Testemunha D.
Se a esta dupla avaliação se juntar a abonação privilegiada dos testemunhos dos Drs.
Pedro Stretch e Catalina Pestana, verifica-se que o “senso comum” invocado pela Mmª Juiz
de Instrução para pôr em causa as conclusões periciais das avaliações à personalidade
realizadas, é completamente despido de sentido, de rigor e, sobretudo, de fundamento
fáctico e científico.
4.4.3 Da avaliação judicial das perícias realizadas
Na decisão instrutória, a Mmª Juiz de Instrução valeu-se, apenas, das conclusões
periciais relativas aos sinais físicos observados nalgumas vítimas, ignorando por completo a
avaliação psicológica que consta dos relatórios do Apenso CG, revelando um entendimento
restritivo das denominadas perícias médico-legais de natureza sexual, pouco consentâneo
com a doutrina e praxis periciais.
Com efeito, como escreveu o Prof. Dr. Jorge Costa Santos, “a prova médica não é
(…) esta ou aquela marca traumática, este ou aquele vestígio infeccioso, mas uma síntese
compreensiva e integrada de todos os elementos apurados, sejam eles de natureza física,
psicológica ou comportamental. A prova médica, tal como a entendemos, é, acima de tudo,
um testemunho especializado tão exaustivo quanto possível, devidamente fundamentado e
(…) apresentado em termos de probabilidade. Porque um diagnóstico médico – não é
demais recordá-lo – é um exercício de probabilidade. E o diagnóstico médico-legal não
foge a esta regra.” – vd Costa Santos, J. (1997): “Prova médica: que prova? Reflexões sobre
os exames periciais em matéria de abusos sexuais de crianças e adolescentes”, in “Abusos
Sexuais em Crianças e Adolescentes. Contributos do 1º Seminário Nacional”, ed. da
Associação para o Planeamento da Família, Lisboa, pág. 69.
Admitir que o exame médico-legal reside na mera observação dos genitais externos
ou da região perineal da alegada vítima, em busca da identificação de vestígios traumáticos
ou infecciosos, traduz uma visão mecanicista, que pouco ou nada tem a ver com os
conhecimentos e a experiência da moderna medicina psicossomática, para a qual o corpo e a
mente, o soma e a psique, o físico e o psíquico, representam não duas realidades distintas,
mas duas faces ou vertentes de uma mesma realidade – a pessoa. Em medicina geral, a visão
mecanicista levaria, por exemplo, a negar a existência de doença ou perturbação em todos os
pacientes cujas queixas não fossem passíveis de objectivação, no sentido em que esta é
habitualmente entendida. Ora, como é por demais sabido, queixas tão frequentes como as de
dor abdominal podem ter causas muito diferentes - umas orgânicas (objectiváveis ou não) e
outras funcionais (quase constantemente não objectiváveis). Não ter em conta esta realidade
é, no mínimo, surpreendente.
O facto de a intervenção médico-legal não se revestir de finalidade terapêutica não
compromete, como é óbvio, a sua natureza médica e, consequentemente, a necessidade de
respeitar os procedimentos semiológicos conducentes a uma formulação diagnóstica.
Isto para dizer que, embora as perícias de natureza sexual tenham sido
efectuadas de acordo com as leges artis, ou seja, em conformidade com os
conhecimentos e experiência da medicina, incluindo uma observação clínica na dupla
vertente psicológica e somática, apenas os aspectos físicos foram retidos pela Mmª Juiz
de instrução.
No entendimento da Mmª Juiz que subjaz à decisão recorrida, parece que estas
perícias apenas terão servido para reconhecer a existência de vítimas - as que apresentavam
sinais físicos compatíveis com abuso sexual -, uma vez que resulta evidente que tudo o mais
que figura nos respectivos relatórios foi ignorado. No entanto, a história biográfica e dos
abusos sexuais referidos por cada um dos examinados, tal como figura no respectivo
relatório pericial, é amplamente sobreponível aos elementos de informação obtidos por
outras vias, o mesmo sucedendo com o resultado da observação clínica do funcionamento
mental dos examinados por comparação com o resultado das perícias sobre a personalidade.
Assim, dificilmente se compreende que não tenha sido levado em devida conta o
facto de elementos de ordem clínica obtidos por dois técnicos diferentes, agindo
independentemente, em tempos diversos, serem, no que à observação psicológica diz
respeito, amplamente coincidentes.
A ter sido devidamente valorado, este facto não poderia deixar de reforçar os
resultados das perícias sobre a personalidade, pelo menos no que se refere à apreciação da
credibilidade do testemunho dos examinados que a estas se sujeitaram. E muito menos se
compreende esta posição da Mmª Juiz de Instrução, que, após ter descartado o valor destas
perícias, declara expressamente que “a avaliação da credibilidade dos ofendidos e da
veracidade dos seus relatos terá que ser levada a cabo de acordo com a experiência do
julgador, sempre alicerçada, naturalmente, noutros elementos incorporados no processo”
(fls. 20799 dos autos).
Ora, os relatórios dos exames médico-legais de natureza sexual encontram-se
incorporados no processo, constando do Apenso CG, mas parece não terem tido qualquer
relevância para este fim.
Também o facto de os relatórios periciais registarem, quase constantemente, a
ausência de erros grosseiros, bem assim como a coerência e consistência de cada um dos
relatos dos examinados, não terá merecido qualquer atenção por parte da Mmª Juiz , talvez
por ignorar que faz parte da técnica pericial confrontar entre si, ao longo do processo de
avaliação, os relatos dos vários examinados que terão passado por experiências idênticas,
com vista a averiguar a sua credibilidade.
Este procedimento decorre do denominado modelo da metamemória, o qual se refere
à utilização da informação relativa à coerência do testemunho para avaliar a sua
credibilidade. Esta coerência pode referir-se às declarações de uma testemunha ou resultar
da comparação das declarações das diversas testemunhas (Sobral, Arce & Prieto, (1994) in
“Manual de Psicología Jurídica”,Barcelona, Ed. Paidos.)
A decisão recorrida põe, ainda, em causa a importância dada, pela perita Alexandra
Anciães, aos pormenores e às descrições feitas pelos jovens, mas como ignorá-los se são
exactamente os pormenores e descrições que contribuem para a avaliação quer da
credibilidade, quer da ausência de patologias da memória?
Segundo autores que realizaram estudos sobre a credibilidade das declarações de
menores em casos de abuso sexual e que estão na base da chamada “Hipótese Undeutsch”, a
descrição de eventos que realmente haviam ocorrido diferenciava-se em conteúdo, qualidade
e expressão, daqueles que eram fruto da imaginação (Steller, 1989, cit. in Masip & Garrido
Manzanero, 1997- in “Evaluación psicológica forense de la credibilidad: contextualización
teórica y paradigmas evaluativos” in Soares, A., Araúlo, S. & Caires, S. (orgs.), in “
Avaliação Psicológica: Formas e Contextos”, vol. VI. Braga: APPORT e Ceci &
Hembrooke, (2002), in “Expert witnesses in child abuse cases: what can and should be said
in court. Washington: American Psychological Association”).
Ao contrário das opiniões expressas quer pelo Colégio da Especialidade de
Psiquiatria da Ordem dos Médicos, quer pelos três psiquiatras de Coimbra subscritores do
documento intitulado “Análise Crítica”, todos os testes utilizados têm lugar em sede de
avaliação pericial forense, conforme referem, por amostragem, Taborda, J.G.V.; Chalub, M.
& Abdalla-Filho, E. (2004): “Psiquiatria Forense”. S. Paulo: Artmed Editora, S.A., pp. 205-
219 e Fédération Française de Psychiatrie (2003): « Conséquences des maltraitances
sexuelles. Les reconnaître, les soigner, les prévenir »- 7éme Conférence de consensus de la
Fédération Française de Psychiatrie, 6 et 7 de novembre.
Curiosamente, a dimensão clínica, tão cara aos psiquiatras, surge claramente
desvalorizada por comparação com os testes psicológicos, os quais são totalmente alheios à
sua formação e experiência profissional. Assinale-se o pormenor, que fala por si, de os três
psiquiatras autores da “análise crítica” terem recorrido à colaboração de um psicólogo não
identificado para avaliar os testes utilizados, o qual se declara, por sua vez, incompetente
para se pronunciar sobre o teste de Rorschach.
A despeito das críticas, pareceres e comentários, a realidade é esta: os testes
psicológicos utilizados nas presentes perícias são usados sistematicamente em contexto
forense como mostra a literatura científica.
Diversos autores (Durand, Blanchard & Mindel, 1998; Piotrowski & Belter, 1993)
referem que o MMPI-2/MMPI-A, WAIS-R/WAIS III e o Rorschach são os três testes
considerados mais importantes na prática psicológica forense e que o Rorschach (Butcher &
Rouse, 1996) é o segundo teste mais utilizado como instrumento para avaliação da
personalidade.
Autores americanos conceituados, como Weiner, Exner & Shiara (1996), referem
que o teste de psicodiagnóstico de Rorschach é bem aceite nos tribunais, tendo sido
utilizado em mais de oito mil casos, dos quais quatro mil no âmbito criminal. Weiner (2001)
refere, por outro lado, quatro argumentos em que o Rorschach constitui uma mais-valia em
contexto forense: 1) por ser constituído por uma série de índices quantitativos; 2) por
permitir avaliar processos inconscientes; 3) por ser uma técnica que é sensível à simulação,
nomeadamente quando se alega a existência de um trauma psicológico; 4) por permitir
avaliar a personalidade numa perspectiva a longo prazo.
Outros autores, como Leifer et al. (1991), mostraram que os resultados do Rorschach
em vítimas de abusos sexuais eram caracterizados pela predominância dos distúrbios do
pensamento e experiências com mais elevado stresse do que os dos não abusados. A
conclusão de que os testes de Rorschach são facilmente rebatíveis na elucidação dos casos
forenses é ela própria facilmente rebatível.
Por seu turno, como mostra Ogloff (1995), a utilização do MMPI e do MMPI-2 é
aceite quotidianamente nos tribunais americanos. Quanto ao “Mini-Mult”, Streiner,
Woodward & Goodman (1973) referem que, nesta forma abreviada do MMPI, há uma perda
de validade na ordem dos nove por cento, mas que essa perda não é significativa para
invalidar a sua utilização, sobretudo quando a versão original não pode ser empregue.
Também é manifestamente redutora a afirmação de que a bateria de testes WAIS-R e
WISC-III, bem como a Figura Complexa de Rey, não fornecem informações directas acerca
da credibilidade dos relatos emitidos pelos sujeitos em estudo, mas apenas permitem inferir
sobre a capacidade intelectual destes para compreenderem as questões que lhes são
colocadas, para utilizarem raciocínio lógico-abstracto, para se situarem perante tarefas
concretas que fazem apelo à inteligência visuo-motora e para as solucionarem dentro de um
tempo limitado. Com efeito, resulta dos respectivos manuais que a cognição avaliada pela
WISC e pela WAIS é sensível a factores perturbadores como sejam o stresse, a ansiedade, o
estilo cognitivo (Kaufman, 2000; Gregoire, 2000).
António Damásio (1994, 2000) mostrou de forma irrecusável como os processos
cognitivos estão associados aos processos emocionais. Existem vários estudos que mostram
as correlações entre o abuso sexual, o insucesso escolar e as vicissitudes do
desenvolvimento intelectual (Kendall-Tacket & Eckenrode, 1996). Segundo Rieder &
Cichetti (1989), o desequilíbrio entre a emoção e a cognição resulta da necessidade criada
no abusado para estar sempre em alerta face à possibilidade de estímulos agressivos. Esta
dificuldade de adaptação resultaria da pobreza do modelo de aprendizagem e revelar-se-ia
enquanto imaturidade do controlo cognitivo. A utilização destas técnicas é conveniente
também para a avaliação da capacidade de testemunhar, sendo que em regra a existência de
défices cognitivos põem em causa a fiabilidade da cognição. Também a existência de
resultados muito baixos no QI verbal concomitantes com funcionamentos cognitivos
concretos em que a diferença entre QI verbal e QI de cognição é muito elevada, é
característica de funcionamentos delinquentes recidivistas com características psicopáticas.
Assinale-se, a concluir, que os critérios para avaliação da credibilidade baseiam-se,
sobretudo, na experiência clínica, não estando, pois, ao abrigo de críticas (vide, p. ex.,
William Bernet & the Work Group on Quality Issues, op. cit.).
Em suma: o resultado das perícias sobre a personalidade efectuadas suportam a
credibilidade dos testemunhos dos examinados, embora nada possam dizer sobre a
veracidade dos mesmos, porque não era esse o seu objectivo, não possuem essa
potencialidade, nem, a priori, os testes psicológicos - quaisquer testes psicológicos –
permitem, por si sós, distinguir as verdadeiras das falsas alegações.
A questão da “veracidade”, indevidamente introduzida, ainda que em termos globais,
pela perita Alexandra Anciães, terá motivado, de certo modo, críticas e conclusões
manifestamente desproporcionadas, mas que não comprometem as conclusões relativas à
credibilidade dos testemunhos.
O quesito endereçado pela Mmª. Juiz ao Colégio da Especialidade de Psiquiatria da
Ordem dos Médicos, “acerca das aptidões dos testes utilizados nas perícias à
personalidade das testemunhas com o fim de atestar se tais pessoas falam ou não verdade
quanto à identificação que fazem das pessoas que supostamente delas abusaram”, não tem
qualquer suporte científico e, como tal, não poderia esperar outra resposta do que aquela que
obteve, ou seja, que “os testes aplicados não têm potencialidade ou validade para a
validação da veracidade” – vd. fls. 19282 a 19289.
Aliás, aquela Perita já antes o havia declarado expressamente em cada relatório:
“não existe qualquer sistema ou método validado cientificamente que permita afirmar a
completa veracidade de um relato ou testemunho” (sic).
Em conclusão, as considerações realizadas pela Mmª Juiz de Instrução para afastar
a prova pericial resultante dos relatórios sobre a personalidade constantes do Apenso CC,
não têm qualquer fundamento científico e o recurso ao argumento do “senso comum”
mostra-se, conforme se demonstrou, completamente despropositado e sobretudo despido de
qualquer suporte factual, científico e mesmo jurídico e é claramente violador do comando
legal consignado no artº. 163 do CPP.
Assim, as avaliações psicológicas realizadas são mais um elemento que permite
suportar a conclusão que, em sede indiciária, se apresenta como uma evidência: não há
nenhum elemento nos autos que permita duvidar do relato efectuado pelas
testemunhas inquiridas que claramente e sem qualquer dúvida indicam o arguido
Paulo Pedroso como um dos indivíduos que os sujeitou aos abusos sexuais que
descreveram.
Pelo exposto, as conclusões periciais de todos os exames realizados nos autos –
Apensos CC e CG - reforçam o juízo de forte indiciação realizado na acusação, pelo que,
também eles apontam no sentido claro e inequívoco da pronúncia do arguido Paulo Pedroso.
5. Conclusão – Da existência de fortes indícios da prática pelo arguido Paulo
Pedroso dos crimes de abuso sexual de crianças descritos nos capítulos 6.7.1 e 6.7.2 do
despacho de acusação
Da conjugação de todos os elementos de prova, nesta fase processual, impõe-se a
conclusão de que existem fortes indícios da prática pelo arguido Paulo Pedroso dos crimes
em apreço.
Com efeito, e conforme ficou demonstrado, não há qualquer elemento que permita
concluir que as testemunhas se enganaram na identificação do arguido.
Os seus depoimentos são claros e inequívocos na descrição das práticas sexuais a que
foram sujeitos pelo arguido, credibilizam-se reciprocamente, coincidem na descrição das
circunstâncias de tempo, lugar, modo e nas particularidades comportamentais do arguido.
Dispõe o artº 308 nº 1 do CPP que “se até ao encerramento da instrução, tiverem
sido recolhidos indícios suficientes de se terem verificado os pressupostos de que depende a
aplicação ao arguido de uma pena ou de uma medida de segurança, o juiz, por despacho,
pronuncia o arguido pelos factos respectivos(...)”.
Por sua vez o artº 283 nº 2 do CPP dispõe que “se consideram suficientes os
indícios sempre que deles resultar uma possibilidade razoável de ao arguido vir a ser
aplicada, por força deles, em julgamento, uma pena ou uma medida de segurança”.
Assim, tal como acontece relativamente à aplicação da medida de coacção de prisão
preventiva – de que é pressuposto a existência de fortes indícios da prática de crime punível
com pena de prisão de máximo superior a três anos – a lei não exige a prova cabal de todos
os elementos objectivos e subjectivos da prática do crime.
Como bem ensina o Prof. Germano Marques da Silva, in Curso de Processo Penal,
Vol. II, edição 1993, p. 209-210: “A indiciação do crime necessária para aplicação de uma
medida de coacção ou de garantia patrimonial significa probatio levior, isto é, a
convicção da existência dos pressupostos de que depende a aplicação ao agente de uma
pena ou medida de segurança criminais, mas em grau inferior à que é necessária para a
condenação. Não se trata, porém, de mera presunção ou probabilidade insegura, que seria
sempre directa função da maior ou menor exigência que pessoalmente o juiz impusesse nas
suas presunções ou nos critérios de probabilidade, antes se impõe uma comprovação
objectiva face aos elementos probatórios disponíveis.
No momento da aplicação de uma medida de coacção ou de garantia patrimonial,
que pode ocorrer ainda na fase do inquérito ou da instrução, fases em que o material
probatório não é ainda completo não pode exigir-se uma comprovação categórica da
existência dos referidos pressupostos, mas tão-só, face ao estado dos autos, a convicção de
que o arguido virá a ser condenado pela prática de determinado crime.
Nos casos em que a lei exige fortes indícios a exigência é naturalmente maior;
embora não seja ainda de exigir a comprovação categórica, sem qualquer dúvida razoável,
é pelo menos necessário que face aos elementos de prova disponíveis seja possível formar a
convicção sobre a maior probabilidade de condenação do que de absolvição”.
Se é verdade que nesta fase processual não é feita a prova absoluta da existência de
todos os elementos objectivos e subjectivos dos crimes imputados, apenas tal sendo possível
de efectuar em sede de julgamento, em função da sujeição, para o efeito, da prova ao
princípio do contraditório e da imediação, também é verdade que a pronúncia do arguido
pela prática dos factos descritos no despacho de acusação, depende da existência de prova
consistente, de molde a criar a convicção de que o arguido, face a tais elementos
probatórios, em julgamento será, com “razoável grau de probabilidade”, condenado – artº.
283º. nº. 2 do CPP.
Ora, conforme resulta da decisão recorrida, a Mmª Juiz de Instrução afastou a
pronúncia do arguido apenas porque considerou que as testemunhas se enganaram – não que
mentiram – na sua identificação.
Considerou pois, que todos os restantes elementos se encontravam suficientemente
indiciados nos autos – tanto que pronunciou os restantes arguidos com os mesmos
elementos de prova.
Com efeito, a decisão recorrida afasta, sem qualquer margem para dúvidas, todos os
álibis apresentados pelo arguido Paulo Pedroso.
Assim a Mmª Juiz de Instrução considerou que “os documentos juntos pelo arguido
Paulo Pedroso não abrangem todo o tempo enunciado na acusação correspondente ao da
ocorrência dos actos ilícitos; e mesmo que se lhes dê integral crédito, remanescem lapsos
de tempo que possibilitariam a sua prática” - vd. fls. 20808.
Já quanto à prova testemunhal apresentada por este arguido a Mmª Juiz de Instrução
entendeu que “a prova testemunhal assim obtida não se reveste de qualquer espontaneidade
nem oferece a consistência desejada para a comprovação dos factos sobre que versou (...)”,
(fls. 20808).
Constatando que arguidos como Paulo Pedroso , “militante do Partido Socialista,
ex-Ministro e Secretário de Estado, Deputado ao Parlamento nacional, têm uma vida
pública e partidária muito intensa, acorrendo com frequência a eventos oficiais que estão
naturalmente registados quer na imprensa quer em publicações locais e oficiais”, tinham a
tarefa de “reconstituição” do seu dia-a-dia muito mais facilitada, em virtude dos cargos
públicos desempenhados, a Mmª Juiz de Instrução considerou que o “álibi” apresentado pelo
arguido Paulo Pedroso não logrou demonstrar que lhe era impossível ter praticado os factos
criminosos de que foi acusado.
O único facto que serviu para o afastamento da sua pronúncia foi a conclusão –
insustentada e despida de critério – de que as testemunhas, relativamente a este e só a este
arguido, se enganaram!
Ficou já suficientemente demonstrada na presente motivação de recurso a ausência
de critério lógico e a deficiente apreciação da prova que levou a Mmª Juiz de Instrução a tal
conclusão, uma vez que da análise concertada de todos os elementos de prova resulta
evidente a existência de fortes indícios da prática pelo arguido dos crimes de abuso sexual
de crianças de que foram vítimas a Testemunha D e a Testemunha E, não havendo
qualquer elemento que aponte, muito menos em sede indiciária, para a conclusão que
os mesmos se enganaram.
Perante os fortes indícios da prática de tais crimes mais não restaria à Mmª. Juiz de
Instrução que proferir despacho de pronúncia, uma vez que está verificada a forte
probabilidade (e não apenas a probabilidade razoável exigida pelo artº 283 nº 2 para que
remete o artº 308 do CPP) de ao arguido vir a ser aplicada, em julgamento, uma pena.
Por conseguinte, deverá ordenar-se a substituição da decisão recorrida por outra que
pronuncie o arguido Paulo Pedroso pela prática, de quatro crimes de abuso sexual de
crianças, p. e p. pelo artº. 172º. nº. 1 e 2 do CP, com refª. ao capítulo 6.7.1 do despacho de
acusação cujo teor deverá passar a constar do despacho de pronúncia e pela prática de três
crimes de abuso sexual de crianças, p. e p. pelo artº. 172º. nº. 1 e 2 do CP, e três crimes de
abuso sexual de crianças, p. e p. pelo artº. 172º. nº. 3 al. b) do CP, com refª. ao capítulo 6.7.2
do despacho de acusação, cujo teor deverá passar a constar do despacho de pronúncia.

6. Das consequências da pronúncia do arguido Paulo Pedroso para os arguidos
Carlos Silvino, Hugo Marçal, Gertrudes Nunes e Manuel Abrantes
Em consequência, com referência aos capítulos 6.7.2.2 e 6.7.2.3, deverá o arguido
Carlos Silvino ser pronunciado pela prática de mais dois crimes de abuso sexual de crianças,
p. e p. pelo artº. 172º. N.º 1 e 2 do CP, os arguidos Hugo Marçal e Gertrudes Nunes
pronunciados pela prática, cada um, de mais dois crimes de lenocínio, com agravação, p. e
p. pelo artº. 176º. Nºs. 1 e 3 do CP e o arguido Manuel Abrantes pronunciado pela prática de
mais dois crimes de abuso sexual de crianças por omissão, p. e p. pelos artºs. 10º. e 172º.
nºs. 1 e 2 do CP, com refª. aos capítulos 6.7.1 e 6.7.2.2 do despacho de acusação.

III- RELATIVAMENTE AO ARGUIDO FRANCISCO JOSÉ
SOARES ALVES
1 – Da acusação, Instrução e decisão instrutória.
1.1 Os factos apurados na fase de inquérito
O Ministério Público deduziu acusação contra o arguido Francisco Alves imputando-lhe
a prática de quinze (15) crimes de lenocínio, p. e p. pelo artº. 176º n.ºs 1 e 3 do CP, com
redacção introduzida pela Lei n.º 65/98, de 2 de Setembro e dezanove (19) crimes de
lenocínio, p. e p. pelo artº. 176º n.º 1 do CP, com a redacção introduzida pela Lei n.º 65/98,
de 2 de Setembro, e um (1) crime de detenção ilegal de arma, p. e p. pelo artº. 275º n.ºs 1 e 3
do CP, com referência ao artº. 6º do DL n.º 22/97, de 27 de Junho.
Com efeito, considerou o Ministério Público estar suficientemente indiciado que o
arguido Francisco Alves:
“a solicitação do arguido Manuel Abrantes, que conheceu em circunstâncias não
apuradas, cedia-lhe as chaves de casa para que nela sujeitasse, alunos da CPL, à prática
de abusos sexuais”;
Os abusos iniciaram-se a partir de Novembro de 1998 e, “Tais factos repetiram-se
até Maio ou Junho de 1999, durante cerca de 6 meses, sobretudo aos fins de semana e de
quinze em quinze dias”; “A partir de meados do ano de 1999, tais encontros passaram a
ser mensais, prolongando-se sensivelmente até Junho de 2001”;
“O arguido Francisco Alves, ao ceder nas ocasiões descritas, a utilização da casa
de que era proprietário, ao arguido Manuel Abrantes, sabia que a mesma se destinava,
exclusivamente, a que o segundo ali mantivesse com alunos da CPL, com idades inferiores
a 14 e a 16 anos, práticas de natureza sexual”;
“O arguido Francisco Alves sabia também que a disponibilização da sua casa,
localizada num sítio sossegado e sem vizinhos, permitia ao arguido Manuel Abrantes
concretizar tais práticas sexuais, para aí levando menores sem ser visto e identificado por
pessoas das suas relações pessoais ou profissionais” fls. 13615 e 13616 da acusação.
1.2 - A posição assumida pelo arguido após a notificação do despacho de
acusação
Este arguido, notificado do despacho de acusação, não requereu a abertura de
instrução.
1.3 - A decisão instrutória
Porém, realizada a instrução a requerimento de outros arguidos, decidiu a Mmª Juiz
de Instrução conhecer, em sede de decisão instrutória, de toda a factualidade imputada
àquele arguido, não o pronunciando pelos crimes de lenocínio de que vinha acusado.
Fundamenta a decisão no facto de, em seu entender, “os autos não [conterem] um
único elemento que permita deduzir a existência do elemento subjectivo dos crimes de
lenocínio atribuídos”, uma vez que, “se é legitimo ter como indiciada a ocorrência de
abusos na citada casa [do arguido Francisco Alves], inexistem elementos que permitam
concluir que o arguido Francisco Alves estava a par de que aí iriam ocorrer práticas
sexuais com jovens menores de 14 ou 16 anos de idade ou alunos da CPL”.
Salvo o devido respeito, a decisão da Mmª Juiz, no segmento que aqui se analisa, não
é aceitável, seja do ponto de vista formal, seja do ponto de vista substancial.
Vejamos porquê:
2. Da nulidade da decisão recorrida na parte em que não pronuncia
o arguido não requerente da Instrução, tendo pronunciado o arguido
requerente por factos conexos.
Logo no início da decisão instrutória, ao definir o objecto da Instrução (fls. 20746 e
20747), afirma a Mmª Juiz de Instrução que, relativamente aos arguidos Francisco Alves e
Gertrudes Nunes, “ao não requererem a abertura desta fase processual, implicitamente terse-
ão conformado com a introdução feita em juízo, postergando para o julgamento a
totalidade da sua defesa”.
Delimitando “o âmbito da cognição judicial em sede de decisão instrutória (...)
tendo sido acusados vários arguidos e tendo apenas um ou alguns deles requerido a
abertura de instrução, o juiz de instrução, deve, como principio geral, conhecer unicamente
da factualidade imputada ao requerente ou aos requerentes da fase instrutória.
É evidente que a tese formulada não pode ser entendida em termos absolutos, já que
admite derrogação naqueles casos em que as condutas assacadas a cada dos arguidos
estejam conexionadas entre si em termos tais, que a pronúncia ou não pronúncia de uns
seja indissociável da pronúncia ou não pronúncia de outros.
In casu¸ a factualidade imputada aos arguidos requerentes da instrução é
susceptível de ser apreciada independentemente das condutas atribuídas a qualquer dos
dois arguidos não requerentes (Francisco Alves e Maria Gertrudes Nunes); mas o seu
conhecimento vai necessariamente influir nos comportamentos assacados a estes dois
arguidos, acusados de crimes de lenocínio (...).
Em suma, não pode deixar de constatar-se que a censurabilidade jurídico-penal da
conduta assacada aos arguidos requerentes da instrução terá inevitável repercussão na
formulação de idêntico juízo relativamente aos factos imputados aos dois restantes.
Nesta perspectiva, a decisão instrutória, materializada no despacho de pronúncia
ou de não pronúncia, recairá igualmente sobre as condutas imputadas pelo Ministério
Público aos arguidos 8. e 9. – Francisco Alves e Maria Gertrudes Nunes - assim se dando
aplicação ao estatuído no artº 307º , n.º 4, do CPP”.
Como é evidente, até porque resultam directamente da aplicação de um preceito
legal, as considerações acima tecidas pela Mmª Juiz de Instrução não merecem qualquer
reparo.
Acontece, porém, que ao cumprir o comando contido no nº. 4 do artº. 307º do CPP, a
Mmª Juiz de Instrução proferiu uma decisão que extravasa claramente a letra da Lei, ao
pronunciar-se sobre questões que, no seu próprio entendimento, não cabem no objecto da
Instrução e que não resultam de qualquer extensão dos efeitos da mesma, por repercussão
das decisões tomadas quanto aos demais arguidos.
Nesta medida, a decisão da Mmª Juiz ultrapassa, até, os amplos limites da Instrução
fixados no Assento 1/97 do Supremo Tribunal de Justiça, de 19 de Outubro de 1995,
publicado no DR n.º 242 de 18.10.1997, e que considerou que “requerida a instrução por
um só ou por alguns dos arguidos abrangidos por uma acusação, os efeitos daquela
estendem-se aos restantes que por ela possam ser afectados, mesmo que a não tenham
requerido”.
A final, a decisão instrutória que vier a ser proferida deve abranger todos os arguidos
constantes da referida acusação, por não haver lugar, neste caso, a aplicação posterior do nº
2 do artigo 311º do Código de Processo Penal”.
É que, mesmo o Assento nº. 1/97 pressupõe que a decisão proferida em instrução,
relativamente a um arguido que a não requereu, resultará sempre de um efeito – ainda que
colateral – que aquela fase processual tenha produzido sobre um outro que a requereu.
Note-se que estamos no domínio da extensão dos efeitos da instrução a arguidos que
a não requereram, o que é substancialmente diferente da produção espontânea de efeitos,
na fase de instrução, relativamente a arguidos que os não quiseram.
Com as alterações introduzidas no Código de Processo Penal pela Lei nº 59/98, de
25.08, e especificamente com a substancial modificação do artº. 307º, caducou a
jurisprudência fixada pelo Assento nº. 1/97, consagrando-se, agora, o dever de o juiz retirar
da instrução – mesmo que requerida por um só arguido – as consequências legalmente
impostas a todos os arguidos.
A necessidade de uma certa causalidade entre os actos de instrução praticados e a
decisão que incide sobre um arguido que não a pretendeu parece ter ficado mais clara, já que
o que se impõe ao Juiz é que retire consequências da instrução que realizou. Assim, não
pode o Juiz de instrução ignorar os efeitos que a sua decisão sobre um arguido produz sobre
outro ou outros, seja porque existe entre eles uma qualquer relação de comparticipação
(ficando aqui de fora as circunstâncias exclusivamente pessoais), seja porque os factos que
se lhes imputam mantêm entre si uma relação de conexão, seja porque o efeito processual do
deferimento de uma pretensão produz, necessariamente, efeitos sobre os demais.
Fora deste quadro, em que se impõe ao Juiz de instrução uma intervenção activa
sobre a acusação, nenhuma razão jurídica existe para que se lhe atribuam poderes maiores
que os de simples saneamento do processo, à semelhança do que acontece, aliás,
relativamente ao Juiz de julgamento.
Dito de outro modo, o Juiz de instrução pronuncia-se sobre todo o objecto da
instrução e retira dela, obrigatoriamente, as consequências legais que se estendam a todos os
arguidos. No mais, procede ao saneamento do processo nos termos em que o faria o Juiz de
julgamento e, por isso, dentro de limites em tudo semelhantes aos fixados pelo artº. 311º,
nº. 2, do CPP.
Deste modo, em tudo o que não constitua objecto da instrução ou que não seja
consequência dela, o Juiz de instrução só pode afastar-se da acusação e rejeitar a pronúncia
do arguido se aquela for manifestamente infundada. “A impossibilidade de rejeição da
acusação por insuficiência de prova acabou por ficar decididamente perfilhada pela
Assembleia da República através do novos dispositivos da Lei nº 59/98, enumerando
taxativamente no nº 3 [do artigo 311º do Código de Processo Penal] os casos em que, para
efeitos do nº 2, a acusação se considera manifestamente infundada. Manteve-se assim a
estrutura acusatória do processo na sua pureza, bem como uma nítida separação entre os
órgãos de acusação e de julgamento” (v. Maia Gonçalves, Código de Processo Penal
Anotado, 1999, anotação ao artigo 311º, pp. 572).
Ora, como já atrás se disse, nos presentes autos, o arguido Francisco José Soares
Alves encontra-se acusado, pelo Ministério Público, da prática de crimes de lenocínio com
agravação, p. e. p. pelo artº. 176 n.º 1 e 3 do CP, uma vez que facilitou a prática de crimes
de abuso sexual praticados pelo arguido Manuel Abrantes e que ocorreram na casa que era a
residência habitual e única do primeiro.
O arguido Francisco Alves não requereu a abertura de Instrução pelo que, conforme
se afirma na decisão recorrida, ter-se-á “conformado com a introdução do feito em juízo,
postergando para o julgamento a totalidade da sua defesa” – fls. 20746.
O arguido Manuel Abrantes foi pronunciado pela prática de todos os factos descritos
no despacho de acusação, incluindo, naturalmente, aqueles que tiveram lugar na casa de
habitação e residência permanente do arguido Francisco Alves.
No decurso da Instrução não foi realizada qualquer diligência que tenha afectado a
factualidade imputada ao arguido Francisco Alves.
Assim, e na esteira de tudo o que acima se deixou dito, a Mmª Juiz de Instrução, ao
não pronunciar o arguido Francisco Alves por considerar serem insuficientes os indícios
contra ele existentes, ultrapassou flagrantemente os limites da competência material do Juiz
de instrução, pelo que a decisão instrutória é, nesta parte, nula, e como tal deve ser
declarada, por força das disposições conjugadas dos artºs. 17º, 286º, 307º, nº 4 (com
referência aos artºs. 311º, nº. 2) e 119º, al. e), todos do CPP.
3. Da errada apreciação da prova na decisão recorrida
Ainda que, por hipótese, assim não se entendesse, sempre a decisão recorrida
mereceria censura por deficiente apreciação e ponderação dos indícios existentes nos autos.
Com efeito, a não pronúncia do arguido Francisco Alves tem um único fundamento:
considera a Mmª Juiz que “os autos não contem um único elemento que permita deduzir a
existência do elemento subjectivo dos crimes de lenocínio atribuídos”.
Para servir de suporte a esta afirmação, refere-se que “se é legitimo ter como
indiciada a ocorrência de abusos na citada casa, inexistem elementos que permitam
concluir que o arguido Francisco Alves estava a par de que aí iriam ocorrer práticas
sexuais com jovens menores de 14 ou 16 anos de idade ou alunos da CPL.
Na verdade, a comprovação registral da propriedade da casa da Estrada Pedro
Teixeira não basta para assim concluir” (fls. 20816). E mais à frente refere-se que “nada
nos autos permite deduzir que o arguido Manuel Abrantes tenha “confessado” ao arguido
Francisco Alves que necessitava da casa para aí submeter menores de 14 ou 16 anos de
idade à prática de actos sexuais. Logo, nada nos autos permite deduzir que o arguido
Francisco Alves soubesse que na sua residência iriam ser submetidos a práticas sexuais
jovens do sexo masculino com idades inferiores a 14 ou 16 anos de idade.
“Aliás, as regras da experiência só nos dão pistas em sentido contrário. A não ser
que a relação entres os arguidos Manuel Abrantes e Francisco Alves fosse de grande
intimidade ou cumplicidade (o que se ignora, já que a acusação nada mencionou a esse
respeito), ou que o arguido Francisco Alves estivesse de alguma forma envolvido na prática
de crimes sexuais com menores de 16 anos (o que se desconhece nem está minimamente
noticiado no processo), não é normal que se relate a um amigo ou a um conhecido factos de
semelhante natureza (...)” – fls. 20817.
Não podemos de deixar de discordar com a apreciação que a Mmª Juiz de Instrução
faz dos indícios recolhidos (pois que é apenas disso que aqui se trata), para, com base em tal
apreciação, excluir a verificação do elemento subjectivo dos crimes de lenocínio imputados
ao arguido Francisco Alves.
Pela sua própria natureza, o elemento subjectivo dos tipos legais só pode ser
alcançado por via indirecta, ou seja, pela análise crítica da acção enquanto exteriorização de
um conhecimento e de uma vontade dirigidos a um resultado.
Essa análise crítica não poderá deixar de ser realizada de acordo com as regras da
experiência, entendidas estas como “definições ou juízos hipotéticos de conteúdo genérico,
independentes do caso concreto «sub judice», assentes na experiência comum, e por isso
independentes dos casos individuais em cuja observação se alicerçam, mas para além dos
quais têm validade” (Cavaleiro de Ferreira, citado por Simas Santos, Leal-Henriques e
Borges de Pinho em anotação ao artigo 127º, em Código de Processo Penal Anotado, Vol. I,
pp. 544).
O apelo à experiência comum como alicerce de tal conceito remete-nos,
necessariamente, para os paradigmas vivenciais contemporâneos, enquanto elementos
fundamentais de interpretação dos comportamentos humanos. Age-se para alcançar um
objectivo, mas, porque nenhuma acção é neutra (pelo menos no sentido em que agora a
tomamos), age-se de acordo com um conjunto de regras sociais e culturais que dão à acção
um conteúdo comunicacional e um significado alcançável, não só pelo seu destinatário, mas
por todos os elementos da comunidade em que se integra o agente.
Neste contexto, dificilmente se compreendem as ilações retiradas pela Mmª Juiz a
partir da conduta do arguido Francisco Alves.
Note-se que não estamos aqui perante uma cedência ocasional ou fortuita de uma
qualquer casa de férias, longinquamente situada e raramente visitada pelo seu proprietário.
Trata-se, como ficou demonstrado na instrução, da casa de habitação do arguido
Francisco Alves, do ponto central do seu quotidiano, do local que, numa palavra expressiva,
constitui o seu lar.
Ora, não se enquadra nas regras comportamentais que nos são comuns, a cedência de
uma casa de habitação durante um ano e meio com assinalável frequência, a alguém com
quem não se tenha grande intimidade ou cumplicidade (para usar as expressões da Mmª
Juiz).
Do mesmo modo, não se adequa a tais regras que uma casa de habitação permanente
– ainda por cima com dimensões reduzidas – tenha sido utilizada por tanto tempo e por
tantas vezes (durante meio ano, duas vezes por mês e, durante mais um ano, uma vez por
mês) sem que aquele que a empresta não se aperceba da utilização que lhe está a ser dada. E
quanto a este aspecto, é por demais esclarecedor o facto de os arguidos Francisco Alves e
Manuel Abrantes se terem rodeado de todos os cuidados para que nunca fosse possível
testemunhar ou detectar – apesar de procurados pela investigação – quaisquer contactos
entre eles, fossem esses contactos pessoais, telefónicos ou outros.
Neste enquadramento, não pode tomar-se como neutro o facto de estes dois arguidos,
quando confrontados com as condutas que lhes são imputadas, terem negado sequer
conhecerem-se: foi o previsível ponto de chegada de uma estratégia comportamental
cuidadosamente traçada e cautelosamente executada.
Pergunta-se, então, que comportamento sexual lícito, ainda que social ou
moralmente reprovável, poderia justificar tão especiais e eficazes cautelas por parte do
arguido Francisco Alves?
Fazendo apelo às regras da experiência e não perdendo de vista a idiossincrasia
dominante que naturalmente as enforma, não poderá deixar de concluir-se que nenhuma
situação de comportamento sexual lícito, e apenas social ou moralmente reprovável, levado
a cabo em casa do arguido Francisco Alves, levaria à adopção de tamanhas cautelas por
parte deste, tanto mais que nenhuma consequência particularmente gravosa lhe adviria do
conhecimento público de tal facto.
Finalmente, dizem-nos as regras da experiência que não é necessário que alguém
esteja “de alguma forma envolvido na prática de crimes sexuais com menores de 16 anos”
para que saiba ou possa saber que outrém abusa sexualmente de menores. O caso
paradigmático dos autos é a arguida Gertrudes Nunes que não está, nem se apurou que
alguma vez tivesse estado envolvida na prática de crimes sexuais com menores de 16 anos,
mas apurou-se, ter cedido a casa da sua residência para que nela indivíduos adultos
sujeitassem menores a práticas sexuais.
Assim, e ao contrário do entendimento expresso na decisão instrutória, são
exactamente “as regras da experiência que nos dão pistas em sentido contrário” ao seguido
pela Mmª Juiz de Instrução. Só o facto de o arguido Francisco Alves saber que tipo de
pessoas o arguido Manuel Abrantes levava para a casa da sua residência, a fim de aí as
sujeitar à prática de actos sexuais, permite decifrar e conferir significado ao comportamento
tão profundamente escamoteante que ambos adoptaram e explica que aquele sempre se
tivesse recusado a admitir que conhece o arguido Manuel Abrantes e que lhe havia cedido a
referida casa.
Por outro lado, a decisão recorrida deveria ter ponderado e valorado o que, no seu
depoimento de fls. 5116, diz o arguido Francisco Alves “(...) não é verosímil nem pode
admitir que tenha havido a utilização da sua chave e da sua casa porque é uma casa
pequena, com muitos objectos e sempre se aperceberia da eventual presença de estranhos”.
Confrontado com o desenho, de fls. 3307, realizado pelo menor aluno da Casa Pia
que no seu interior foi sujeito, durante um ano e meio, a recorrentes abusos sexuais
pelo arguido Manuel Abrantes, o qual esquematiza a sua casa, o arguido Francisco
Alves disse: “considera que efectivamente, corresponde com exactidão à sua casa,
embora não à escala”.
Esclareceu ainda o arguido Francisco Alves que “o Museu Nacional de Arqueologia
e Etnologia”, onde o arguido exerceu funções até 1996, tem o acesso das traseiras com a
Casa Pia de Lisboa. A passagem de veículos para as traseiras do Museu era feita pela
CPL e, a partir dos anos 80, o acesso passou a ser feito mediante pedido prévios por
ofício.”
Ora, com este pano de fundo, é forçoso concluir que as regras da experiência
apontam em sentido contrário ao retirado pela Mmª. Juiz.
Por outro lado, sendo certo que se exige o dolo relativamente a todos os elementos
constitutivos do tipo, “não se exigindo o dolo específico do agente o que diz respeito ao
lenocínio” – como se refere na decisão recorrida a fls. 20816, citando Maria João Antunes
in “Comentário Conimbricense do Código Penal”, tomo I pág. 541 – não poderia, também
por esta razão, deixar de ser pronunciado o arguido Francisco Alves.
Com efeito, mesmo que se admitisse que o arguido Manuel Abrantes nunca tivesse
“confessado” ao arguido Francisco Alves que mantinha práticas sexuais com menores na
casa deste, por tudo o que acima se expõe, não podia este arguido deixar de realizar tal facto
e, mesmo assim, cedeu ou continuou a ceder a sua ao arguido Manuel Abrantes.
Pelo exposto, o fundamento da não pronúncia deste arguido não resulta, pois, de
qualquer facto alegado pela sua defesa ou de qualquer circunstância minimamente indiciada
nos autos, mas tão só de uma mera convicção pessoal da Mmª Juiz, construída a partir de
elementos que não encontram eco na prova constante dos autos, nem mesmo nas declarações
do arguido. E o facto de o arguido persistir, como é seu direito, em afirmar que não conhece
o arguido Manuel Abrantes, não pode concorrer para fundamentar um juízo de não
pronúncia.
Como refere o Prof. Figueiredo Dias in Direito Processual Penal I Vol. pág. 449, “Se
o arguido não pode ser juridicamente desfavorecido (...) pelo seu silêncio, já, naturalmente,
o pode ser de um ponto de vista meramente fáctico, quando do silêncio derive o definitivo
desconhecimento ou desconsideração de circunstâncias que serviriam para justificar ou
desculpar, total ou parcialmente a infracção”. No caso em apreço, não é o arguido, mas
antes a Mmª Juiz que vem, por iniciativa própria, invocar circunstâncias – ainda por cima,
não demonstradas – que serviriam para justificar ou desculpar, total ou parcialmente a
infracção, o que, indubitavelmente, lhe está vedado por lei.
Assim, e em conclusão, a decisão recorrida é, na parte em que não pronuncia o
arguido Francisco Alves, nula por ter ultrapassado os limites da competência material do
Juiz de instrução e, caso assim se não entenda, enferma de uma deficiente apreciação da
prova, pelo que deverá a mesma ser substituída por outra que pronuncie esse arguido nos
exactos termos da acusação do Ministério Público.

IV – RELATIVAMENTE AO ARGUIDO HERMAN JOSÉ
KRIPPALL
1. Dos factos apurados na fase de inquérito
O Ministério Público deduziu acusação contra o arguido Herman José Krippall,
imputando-lhe um crime de acto homossexual com adolescente, p. e p. pelo artº. 176º do
CP, porquanto, os autos indiciavam ,em síntese, que:
(...); “Umas semanas depois, a 8 de Fevereiro de 2002, tinha o menor 15 anos de
idade, este, depois de uma festa de Carnaval da escola que frequentava, e quando se
encontrava um pouco alcoolizado, resolveu telefonar ao arguido Herman José, combinando
encontrar-se nessa mesma noite, perto das 23 horas, junto da estação de comboios de
Alcântara;
À hora marcada (...) o arguido aguardava numa viatura automóvel, grande e preta,
onde o menor entrou;
(...) o arguido Herman José conduziu a sua viatura até um local não muito longe
dali, escuro e onde não passava ninguém; (...);
“De seguida o arguido Herman José manipulou o pénis do menor, beijou-o na boca,
agarrou na cabeça do menor e introduziu-lhe o pénis na boca, tendo depois introduzido o
pénis no ânus do menor, aí o tendo friccionado até ejacular”.

2. Da prova produzida em fase de instrução
O arguido veio requerer a abertura de instrução negando a prática do crime que lhe
foi imputado na acusação, com um fundamento objectivo: no dia 8 de Fevereiro de 2002
estava no Brasil, para onde se deslocara a 6, e onde permaneceu até ao dia 13. Retira daí que
não poderia ter praticado os factos que lhe são imputados e que os mesmos não passam de
pura ficção – vd. fls. 15119 a 15141.
A isto se resume o que este arguido considera a impossibilidade de cometimento do
crime.
Trata-se de um facto novo não conhecido nem durante a investigação, nem à data da
dedução da acusação, e que o arguido não forneceu em diligência anterior, a 19 de
Dezembro de 2003, com vista à eventual suspensão provisória do processo nos termos do
artº. 281º do CPP e na qual foi confrontado com o facto de haver “um ofendido que por
alturas do Carnaval do ano de 2002 se encontrou com o arguido na zona de Alcântara” -
vd. acta de fls. 13221 a 13223.
Perante este facto novo, o Ministério Público veio, então, requerer à Mmª Juiz de
Instrução que inquirisse o menor ofendido e o confrontasse com este novo facto, com vista a
esclarecer a razão de ser da indicação, por si, da data de 8 de Fevereiro, já que, no mais, os
autos continham indícios fortes/suficientes da factualidade imputada ao arguido, vd. fls.
18919.
Ou seja, para o Ministério Público é claro que os factos integradores do crime
imputado ao arguido tinham efectivamente ocorrido, de acordo com o seu relato, embora em
data que não o dia 8 de Fevereiro de 2002.
Esse requerimento foi indeferido pela Mmª Juiz de Instrução, por despacho
irrecorrível, porquanto, em seu entender a diligência pretendida pelo Ministério Público
“seria útil se do respectivo depoimento prestado no decurso do inquérito resultasse alguma
vacilação quanto à localização temporal dos acontecimentos relatados ou se a redacção
dos mesmo permitisse ao intérprete judicial de tal depoimento intuir qualquer incerteza
relativamente à mesma afirmação temporal”.
Posteriormente, àquele despacho de indeferimento, o assistente, “tendo tomado
conhecimento do paradeiro e identificação de duas novas testemunhas”, cujo depoimento
considerou pertinente para a descoberta da verdade material, veio apresentá-las e requerer a
sua inquirição, por requerimento a fls. 19944 dos autos, o que foi deferido por despacho de
fls. 19950.
A Mmª Juiz de Instrução procedeu, então, à inquirição das duas testemunhas
indicadas – cfr. fls. 20003 a 20007 – que atestaram que o assistente Vando Teixeira
conhecia o arguido Herman José e que este tinha mantido práticas sexuais com o primeiro,
de acordo com o relato do mesmo, ocorrido ainda antes de qualquer referência pública ao
arguido como estando referenciado nestes autos, ou envolvido, sequer, em práticas desta
natureza.
O exame sexual realizado ao menor atesta a presença de lesões físicas compatíveis
com a prática repetida de coito anal, considerando o Perito Médico-legal que o relato
fornecido pelo próprio, pela sua congruência e consistência, permitia concluir pela elevada
probabilidade da ocorrência de tais factos entre os 13 e os 15 anos do menor – vd. relatório
de exame Médico-Legal de fls. 102 a 111 do apenso CG.

3. Da decisão recorrida
Finda a instrução, a Mmª Juiz proferiu decisão de não pronúncia considerando, em
síntese que:
“(....) ficou inequivocamente demonstrado nesta fase processual que o arguido
esteve ausente de Portugal entre os dias 6/2 e 13/2/2002”;
“Inquiridas nesta fase” duas testemunhas, “deu a primeira a entender que teria
havido um engano nessa data e que os factos se teriam efectivamente passado no dia
10/05/2002, o que lhe teria sido contado pelo próprio Vando, e a segunda que o Vando lhe
transmitiu, após a prisão do arguido Carlos Cruz, que o arguido Herman José também
tinha a ver com o processo”;
“Foi peremptória a datação dos factos” por parte do ofendido, “situou-os
claramente no dia 8/2/2002, tomando como ponto de referência uma festa de Carnaval,
festa que realmente aconteceu de acordo com os 2 testemunhos citados”;
“Não chega para abalar tal afirmação os depoimentos agora recolhidos (...)
depoimentos indirectos, relatando apenas a primeira uma conversa com o próprio Vando”;
Concluindo que:
“Em suma, não há no processo elementos bastantes que possam conduzir à
conclusão que o ofendido se enganou na data e bem assim, que a mesma deva ser alterada
(...)”;
“se o próprio ofendido não vacilou na datação dos factos, referenciando-os a um
evento memorável que efectivamente teve lugar, não pode outra qualquer pessoa substituirse-
lhe atribuindo uma data que julga mais provável”.

4. Da existência nos autos de indícios suficientes da prática de crime
de actos homossexuais com adolescente praticados pelo arguido Herman
José
Como resulta da análise do texto da decisão recorrida, a Mmª Juiz de Instrução
considerou que os autos não continham elementos que permitissem concluir que o menor se
tinha enganado na data.
Do depoimento das testemunhas inquiridas em sede de instrução resulta claramente
que a festa que o menor teve como base para a referenciação da data que indicou, como
sendo aquela em que ocorreram as práticas sexuais de que foi vítima, não foi a data
correspondente à festa de Carnaval mas uma outra festa ocorrida a 10 de Maio de 2002.
Convém não esquecer que esta diligência foi realizada a requerimento do Assistente,
não podendo tal requerimento deixar de ser entendido como o reconhecimento de que se
havia enganada efectivamente na data, pois, de outra forma, o mesmo não faria qualquer
sentido.
Assim, e ao contrário do que se afirma na decisão recorrida, todos os elementos dos
autos apontam no sentido de que efectivamente o menor se baralhou na localização temporal
dos factos.
Com efeito, a Mmª. Juiz não conclui na decisão recorrida – como o não poderia
concluir – que o menor mentiu.
De facto, não há nos autos quaisquer elementos que apontem, pelo menos em sede
indiciária, no sentido de que o menor não foi vítima de práticas sexuais perpetradas pelo
arguido Herman José.
Aliás, a Mmª Juiz de Instrução reconhece a fls. 20803 da decisão recorrida que
efectivamente assim é, ao escrever relativamente às testemunhas/denunciantes deste
processo “os seus depoimentos, prestados ao longo de quase todo o inquérito, sofrem
evidentemente contradições entre alguns dos factos narrados, de datação imprecisa de
alguns dos acontecimentos e de rectificação de ocorrências anteriormente relatadas.
Alguns deles, aliás, começam por negar terem sido objecto de qualquer prática sexual por
banda de adultos. Não creio, porém, que algumas dessas incongruências sejam
determinantes para a invalidade dos depoimentos respectivos para que se lhes assaque
desde já, o cunho da incredibilidade e da inveracidade”. (sublinhado nosso).
Assim, o silogismo da Mmª Juiz de Instrução que levou à não pronúncia do arguido,
está viciado à partida.
Com efeito, ao contrário do que se expende na decisão recorrida, o facto de o arguido
estar ausente de Portugal no dia 8 de Fevereiro de 2002, não permite retirar a conclusão de
que os factos não ocorreram. Permite, apenas, retirar a conclusão de que não ocorreram
naquele dia, e obriga – em obediência ao princípio da descoberta da verdade material – a
realizar as diligências que permitissem esclarecer, tanto quanto possível, qual a data
correcta.
E, tanto a Mmª Juiz de Instrução entendia que havia indícios de prova
fortes/suficientes da verificação do crime, conducentes à pronúncia do arguido que,
consequentemente, realizou a diligência requerida pelo assistente. De contrario estaria a
praticar um acto absolutamente inútil, o que não foi, obviamente, o caso.
Ora, realizada tal diligência, e perante o depoimento das testemunhas,
designadamente a testemunha Sandra Alberto, que refere um limite temporal para a
ocorrência dos fatos, impunha-se, então, a inquirição do menor ofendido para o
esclarecimento da data da ocorrência dos factos, como havia requerido o Ministério Público.
Ao não inquirir o menor ofendido, não poderia deixar de se considerar não apurada,
nesta fase processual, a data concreta da ocorrência dos factos, circunstância que, em sede
de prova indiciária, não é de todo exigível, não obstante se terem apurado e fixado os
parâmetros temporais da sua ocorrência – fins de Janeiro a 10 de Maio de 2002 .
Conforme decidiu recentemente o Tribunal da Relação de Coimbra, em Acórdão
datado de 09.10.2002, in www.dgsi.pt, “I- As circunstâncias de tempo e lugar só revestem
significado essencial nos casos em que só em razão dessas circunstâncias o facto seja
lesivo do bem jurídico, sendo nos demais casos, meros elementos acidentais do facto. II – A
menção temporal da prática da infracção não assume primordial saliência no contexto
enunciador do acusatório, bastando que diligentemente se indague e se refira o respectivo
tempo de execução.”
No mesmo sentido decidiu o Acórdão da Relação de Lisboa de 15.4.97, in Proc. nº
0077195 (consultado em www.dgsi.pt) ao considerar que “não deve ser rejeitada por
manifestamente infundada a acusação deduzida pelo MP (...) ainda que não se descrevam
com rigor e pormenor (pois tal não foi possíval apurar) as circunstâncias de tempo, lugar e
modo em que o furto ocorreu(...)”.
Assim, indeferindo a tomada de declarações ao menor ofendido e, não sendo a data
elemento essencial nem da acusação nem da pronúncia, como se dispõe nos artºs. 283 nº. 3
al. b) e 286 nº. 1, ambos do CPP, deveria a Mmª. Juiz, em face da suficiência dos indícios
recolhidos, ter proferido despacho de pronúncia, deixando para o Tribunal de Julgamento o
apuramento da data precisa em que os factos aconteceram.
Com efeito, e conforme se refere no Acórdão da Relação de Lisboa de 24.2.93, in
Proc. nº 028803 (consultado em www.dgsi.pt), a propósito, precisamente, de um crime de
natureza sexual “se os elementos de facto obtidos no processo, conjugados, persuadem da
culpabilidade do agente, gerando a convicção de que ele virá a ser condenado, - isso é
porque os indícios são suficientes”.
Ora, conforme já se referiu, todos os elementos constantes dos autos apontam no
sentido de que o assistente se enganou ao referir a data da ocorrência dos factos,
continuando a existir, por isso, indícios suficientes da prática dos factos imputados ao
arguido Herman José Krippall, pelo que o mesmo deveria ter sido proferido despacho de
pronúncia, por serem, pelo menos, suficientes os indícios contra ele recolhidos.
Conforme se refere no Acórdão da Relação de Lisboa de 29.04.97, in Proc. nº
0021885 (consultado em www.dgsi.pt) “ para a pronúncia do arguido, basta a existência
de indícios suficientes, os quais ocorrem quando deles resultar uma possibilidade razoável
de aplicação, se confirmados em julgamento, de uma pena ou uma medida de segurança”.
No mesmo sentido se pronuncia o Acórdão da Relação de Lisboa de 24.11.92 (consultado
no mesmo “site”).
Por todo o exposto, verificados todos os elementos constitutivos do crime de acto
homossexual com adolescente, p. e p. pelo artº. 176º do CP, bem como as circunstâncias de
modo, tempo e lugar em que os factos ocorreram e a motivação e o grau de participação do
agente, não poderá, nesta fase processual, deixar de considerar-se suficientemente indiciado
que o arguido praticou o crime que lhe é imputado, devendo o mesmo, em conformidade,
ser pronunciado.

V – RELATIVAMENTE ÀS MEDIDAS DE COACÇÃO
APLICADAS
1 - Da decisão recorrida
“O alarme social e a perturbação da tranquilidade pública decorrentes da natureza
e gravidade dos crimes imputados aos arguidos afiguram-se realidades ainda inegáveis.
Mas não se pode olvidar, por contraponto ao libelo acusatório, que o leque de ilícitos foi
significativamente reduzido; e bem assim, que os arguidos têm cumprido as obrigações
decorrentes das citadas medidas, designadanmente, comparecendo a todos os actos
processuais nos quais se considerou necessária a sua presença.
Por outro lado, a proximidade da audiência do julgamento faz acentuar o perigo da
pressão sobre os assistentes e testemunhas que nela irão depor, quase todos jovens de
baixa condição social e sem recursos económicos.
Encerrada (em princípio, de forma definitiva) a instrução, tudo indica que as
medidas impostas aos arguidos Ferreira Dinis, Carlos Cruz, Manuel Abrantes e Maria
Gertrudes Nunes tornam-se desnecessárias. E até por razões de justiça e de equidade, é
conveniente equiparar a situação processual de todos estes arguidos.
Pelo exposto e ao abrigo do disposto nos artigos 193º nº 1, 198º, 200º nº1 al. c),
204º al. c) 3 212º nº 3, todos do CPP, decido:
? Substituir a obrigação de permanência na habitação aos arguidos Ferreira
Dinis, Carlos Cruz, Manuel Abrantes e Maria Gertrudes Nunes pelas medidas de
coacção, cumuladas: proibição de ausência do concelho das respectivas residências e
obrigação de apresentação semanal nos postos policiais correspondentes;
Manter as medidas de coacção aplicadas aos arguidos Jorge Ritto e Hugo Marçal.”
Este o teor do despacho de pronúncia na parte em que dispõe acerca das medidas de
coacção aplicadas aos arguidos, o qual, para além de evidenciar míngua de fundamentação,
materializa uma decisão em frontal oposição com a fundamentação que lhe serve de
substracto.
2 - Dos vícios da decisão recorrida
Sendo as medidas de coacção meios processuais limitadores da liberdade pessoal que
visam assegurar finalidades de natureza meramente cautelar, compreende-se que aquelas só
devam manter-se enquanto necessárias ao prosseguimento dos mencionados objectivos.
De igual modo, não pode deixar de reconhecer-se que sempre que se verifique
alteração das circunstâncias que legitimaram a sua aplicação, devem as mesmas ser
revogadas ou substituídas por outras. Assim o dita a natureza precária das medidas de
coacção e o impõe a lei processual penal nos seus artºs. 191º nº 1, 193º nº 1, 204º e 212º nºs.
1 alínea a), e nºs. 2 e 3.
Tal substituição poderá traduzir-se na opção por medida de coacção menos gravosa
do que a que visa alterar-se – quando se verifique uma atenuação das exigências cautelares –
ou por medida de coacção mais gravosa – se aumentarem ou intensificarem exigências
cautelares, ao ponto de tornar inadequada – porque insuficiente – a que estiver em curso.
O despacho judicial de aplicação de uma medida de coacção ou de garantia
patrimonial, sendo um acto decisório, deve ser sempre fundamentado, dele devendo constar
a enunciação dos motivos de facto e de direito da decisão (artºs. 194º nº 3 e 94º , nº 4, do
CPP), por forma a permitir o controlo da actividade jurisdicional e convencer da sua
legalidade e justiça. Diga-se, em última instância, que a exigência de fundamentação actua
“como um meio de autocontrolo do próprio juiz, pela necessidade de justificar a ocorrência
das condições legais de aplicação da medida.”- Germano Marques da Silva, “Curso de
Processo Penal, vol. II, 3ª ed., pág. 278.
Da leitura do despacho recorrido, sobressai a seguinte ordem de razões de facto que,
no entendimento da Mmª Juiz, justificam, por um lado, a alteração das medidas de coacção
em curso contra os arguidos Manuel Abrantes, Carlos Cruz, Ferreira Dinis e Gertrudes
Nunes e, por outro lado, a manutenção das medidas coactivas oportunamente impostas aos
arguidos Hugo Marçal e Jorge Ritto:
? Inegável perigo de alarme social e perturbação da ordem pública (decorrentes da
natureza e gravidade dos crimes imputados aos arguidos);
? Aumento do perigo de pressão sobre assistentes e testemunhas que irão depor em
audiência de julgamento, tanto mais que aqueles são quase todos jovens de baixa
condição social e sem recursos económicos.
Porém, não é possível, a partir do despacho final, descortinar a razão pela qual as
medidas de coacção oportunamente aplicadas aos arguidos Ferreira Dinis, Carlos Cruz,
Manuel Abrantes e Maria Gertrudes se tornaram desnecessárias!
Se tal conclusão resultou das considerações de justiça relativa e de equidade,
referenciadas pela Mmª Juiz, cumpre ter presente que estas não figuram entre o elenco
dos pressupostos legais que o julgador carece ter presentes ao aferir da necessidade ou
escolha de um medida de coacção. Tal não ignora, de resto, a Mmª Juiz, já que
fundamentou jurídicamente a decisão por recurso a normativos processuais penais nos quais
não têm assento os citados critérios.
Nem poderia ser de outra forma.
Primeiramente, pela natureza excepcional das próprias medidas de coacção, que
apenas podem ser aplicadas em função das exigências processuais referidas no artº. 204º , as
quais terão de equacionar-se em concreto por forma a revelarem a necessidade de recurso às
mesmas.
Depois, porque, conforme incondicionalmente resulta do preceituado nos artºs. 193º
nº1 e 202º nº 1 alínea a), do CPP, - este último numa leitura “a contrario sensu” - a escolha
da medida de coacção depende de factores concretos que conduzam a considerar como
adequada uma e não outra medida, o que obriga a uma ponderação individual e casuística,
que no caso em apreço não foi feita.
Aliás, a aceitar o racíocinio expendido na douta decisão recorrida – que refutamos –
teríamos que concluir que houve um erro de cálculo, porquanto a justiça relativa motivadora
da equiparação das medidas deveria ter operado a partir de uma situação que seria a
modelar, ou de referência, e essa era, certamente, a que resultava da situação processual do
maior número de arguidos (Ferreira Dinis, Carlos Cruz, Manuel Abrantes e Maria
Gertrudes), os quais se encontravam sujeitos à medida prevista no artº. 201º nº 1, do CPP.
A ausência de alicerce legal para o uso do critério aludido impede a sua consideração
como fundamento da decisão, restando, em consequência, apenas e tão só, a referência à
diminuição do leque de crimes cuja prática é imputada aos arguidos, e que resulta da própria
decisão de pronúncia.
Cabe, pois, perguntar se essa seria razão bastante para motivar um juízo de
desnecessidade das medidas de coacção mais graves e ainda em curso, algumas delas (como
é o caso dos arguidos Carlos Cruz e Manuel Abrantes), impostas há menos de um mês, e
após realizadas todas as diligências instrutórias.
Atente-se nos dados que seguem e que elucidam acerca do número e tipo de crimes
imputados aos arguidos na acusação e na pronúncia.

ACUSAÇÃO PRONÚNCIA
Arguido nº de crimes Enquadramento
M. Abrantes 95 166º nº 1; 166º nº 1,2 e 3;172º nº 1 e 2, 172º nº 2; 177º nº 1 e 2 e 10º; 176º nº 1; 376º nº1, do CP
M. Abrantes 52 166º nº 1 e 2; 172º nº 1 e 2; 172º nº 1; 172º nº 1 e 10º; 176º nº 1; 376º nº 1, do CP
Carlos Cruz 25 172º 1; 172º nº 1 e 2, 176º nº 1 e 2; 175º do CP
Carlos Cruz 6 172º nº 1 e 2, 172º nº 1; 175º, do CP
Ferr.Dinis 48 176º nº 1 e 2 ; 172º nº 1
Ferr. Dinis 18 172º nº 1 e 2; 172º nº 1; do CP
Gert.Nunes 40 176º nº 1 e 3 Gert. Nunes 35 176º nº 1 e 3, do CP

Do cotejo dos dados constantes da tabela supra com o teor do ponto 7.1 da decisão
instrutória recorrida, ressalta que a diferença entre o número de crimes imputados aos
arguidos na acusação e na pronúncia resulta, essencialmente, não da insuficiência de
indícios no que tange à prática dos factos motivadores da subsunção, mas do critério
jurídico de aferição da unidade ou pluralidade de resoluções criminosas.
Por conseguinte, é incorrecta a conclusão de que a gravidade da conduta cuja prática
é apontada aos arguidos, resultou substancialmente diminuída com a subsunção jurídicopenal
levada a cabo em sede de pronúncia.
Só entende diferentemente quem reconduzir gravidade do crime a número de crimes
praticados, entendimento que não tem na lei qualquer base de sustentação.
De facto, dispondo acerca do princípio da adequação e da proporcionalidade, o artº.
193º nº 1, do C.P.P., reza que “As medidas de coacção e de garantia patrimonial a aplicar
em concreto devem ser adequadas às exigências cautelares que o caso requerer e
proporcionais à gravidade do crime e às sanções que previsivelmente venham a ser
aplicadas.”(sublinhado nosso).
Prova de que a gravidade do crime a que alude o dispositivo mencionado está
directamente conexa com a moldura penal que, em abstracto, lhe corresponde, é o próprio
artº. 202º do texto processual em consideração, o qual proíbe a imposição da medida de
coacção mais gravosa quanto a crimes dolosos puníveis com pena de prisão de máximo
igual ou inferior a 3 anos.
A dedução impõe-se: a moldura penal abstracta traduz, para efeitos processuais
penais, o índice de gravidade do crime e, no caso em apreço, a diminuição do número de
crimes imputados aos arguidos não é sinónimo de atenuação da gravidade da conduta
criminosa.
Aliás, neste sentido apontam as próprias palavras da Mmª JIC, que a fls. 21012,
penúltimo parágrafo, reconhece aos crimes indiciados uma gravidade tal que torna inegável
o alarme social e a perturbação da tranquilidade pública que decorreram da respectiva
prática!
Não descuramos, evidentemente, que o número de condutas criminosas é susceptível
de influir na aferição da necessidade de aplicação de medida de coacção e até na sua
escolha. Fazê-lo seria olvidar que o perigo de continuação da actividade criminosa constitui
um dos pressupostos que torna legítimo o recurso às mesmas (artº. 204º alínea c), do CPP) e,
ainda, que entre os diversos factores passíveis de demandarem a aplicação de medida de
coacção sobressai a circunstância do comportamento criminoso assumir contornos de
reiteração e não de acto isolado, pontual ou esporádico.
Ora, até nesta perspectiva falece o raciocínio da Mmª Juiz, conforme passa a
demonstrar-se.
Em consonância com o que supra se deixou expresso, qualquer um dos arguidos que
viu alterada a medida de coacção pelo despacho recorrido está pronunciado pela prática de
um número considerável de crimes.
Acresce que tais crimes são, na esmagadora maioria, graves, conforme decorre da
elevada moldura penal que lhes corresponde.
Finalmente, importa ter em conta que, compulsando a gravidade e número de
condutas criminosas, e tendo presente o grau de suficiência indiciária inerente à emissão do
despacho de pronúncia, é de equacionar como altamente provável que aos arguidos virão a
ser aplicadas em julgamento penas privativas de liberdade que não serão de curta duração.
Em suma: não se vislumbra que da diversa subsunção jurídico-penal levada a cabo
pela Mmª Juiz em sede instrutória resultasse a desproporcionalidade das medidas de coacção
que veio a substituir.
Inócuo nos parece ser, para efeitos de alteração dessas medidas, o facto dos arguidos
não terem incumprido as obrigações delas decorrentes, comparecendo a todos os actos
processuais nos quais se tornou necessária a sua presença.
Da constatação supra não poderia a Mmª Juiz retirar a ilação de que as medidas em
curso deixaram de se apresentar como necessárias.
De facto, garantir a presença dos arguidos sujeitos a permanência na habitação nos
actos processuais que o demandassem não foi o perigo que visou acautelar-se com a
respectiva sujeição a essa medida. Nem poderia sê-lo, pois a lei processual penal dispõe de
forma para assegurar a presença dos diversos intervenientes (a detenção pelo tempo
indispensável à realização da diligência), incluindo arguidos, e só o receio de fuga - que não
se equacionou em concreto – constitui pressuposto de aplicação de medida de coacção.
De igual modo, do facto de os arguidos comparecerem regularmente quando
convocados para acto processual, não podia a Mmª Juiz inferir que deixaram de verificar-se
os pressupostos que estiveram subjacentes à opção pelas medidas de coacção que veio a
alterar, mas tão só, e em última análise, que não foram praticados actos que revelassem a
intenção dos arguidos pretenderem furtar-se à acção da justiça. Tão só essa ilação lhe era
permitida e dela não decorria a desnecessidade, inadequação ou desproporcionalidade das
medidas em curso.
E tanto que são necessárias que no despacho recorrido se alude à manutenção do
perigo de alarme social e perturbação da tranquilidade pública, bem como ao acentuar do
perigo de pressão sobre os assistentes e testemunhas que irão depor em audiência de
julgamento, receios que se equacionaram em concreto aquando da decisão da
necessidade de imposição das medida de obrigação de permanência na residência.
Ora, desde então, não sobrevieram quaisquer factos ou circunstâncias que
apontassem no sentido do enfraquecimento das exigências cautelares. E disso é sintomático
a decisão recorrida!
Aliás, é nesta vertente que a decisão recorrida enferma de evidente contradição entre
a fundamentação e a decisão.
Vejamos:
A Mmª Juiz substituiu as medidas de obrigação de permanência na habitação
impostas aos arguidos Manuel Abrantes, Carlos Cruz, Ferreira Dinis e Gertrudes Nunes, por
se ter verificado atenuação das exigências cautelares que as haviam determinado.
Por exigências cautelares deve entender-se o conjunto de requisistos gerais
enunciados no artº. 204º, do CPP (neste sentido Simas Santos e Leal Henriques, “Código de
Processo Penal Anotado, I vol., pág. 957, 2ª ed.), pelo que importa, antes do mais, aferir
quais foram, concretamente, e relativamente a cada um daqueles arguidos, os perigos que
visaram acautelar-se com a imposição da medida de obrigação de permanência na habitação.
Assim, relativamente a Carlos Cruz, em 4 de Maio de 2004, e a Manuel Abrantes,
em 7 de Maio de 2004, equacionavam-se os perigos de perturbação do processo,
nomeadamente, na vertente da conservação ou veracidade da prova, e perigo em razão da
natureza e das circunstâncias do crime de perturbação da ordem e da tranquilidade públicas.
Já no que concerne ao arguido Ferreira Dinis, cumpre referir que foram os perigos
concretos de continuação da actividade criminosa e de alarme social e perturbação da
tranquilidade pública que fundamentaram a sua prisão preventiva, revogada por despacho da
Mmª Juiz, datado de 7 de Maio de 2004, no âmbito do qual foi julgada idónea para prevenir
os receios mencionados a medida de obrigatoriedade de permanência na habitação.
Finalmente, no que concerne à arguida Gertrudes Nunes, o perigo a que se reporta a
primeira parte do artº. 204º alínea c), do CPP, motivou, em 1 de Agosto de 2003, o
entendimento de que se justificava a aplicação de uma medida de coacção e que apenas a
prevista no artº. 201º nº 1 daquele diploma satisfaria tal exigência, juízo que se manteve e
renovou sucessivamente até à decisão instrutória.
Se, em razão das aludidas exigências cautelares, a obrigação de permanência na
habitação se apresentou como medida adequada a evitar a ocorrência efectiva dos perigos,
impõe-se averiguar qual o circunstancialismo que motivou o enfraquecimento de tais
exigências.
Conforme referimos supra, não pode ter sido a redução do leque de ilícitos
imputados ao arguidos, já que tal facto não retirou gravidade aos crimes, nem assume foros
de influenciar negativa ou positivamente, as exigências cautelares que motivaram a
aplicação da medida.
De facto:
? os crimes continuam a ser graves, como resulta da moldura penal que lhes
corresponde e previsivelmente, motivarão penas privativas da liberdade;
? “O alarme social e a perturbação da tranquilidade pública, decorrentes da
gravidade dos crimes imputados aos arguidos afiguram-se-me realidades inegáveis”
– vd. fls. 21012;
?”...a proximidade da audiência do julgamento faz acentuar o perigo da pressão
sobre assistentes e testemunhas que nela irão depor, quase todos jovens de baixa
condição social e sem recursos económicos.”
Também as aduzidas razões de justiça relativa e de equidade não podiam relevar
para efeitos da revogação, alteração ou extinção das medidas de coacção em curso, uma vez
que não constituem pressupostos de aplicação das mesmas, sendo de notar que se
encerrassem tal virtualidade, no caso concreto, apontariam no sentido contrário ao decidido
pela Mmª Juiz, justificando o agravamento das medidas de menor gravidade.
E se assim é, urge concluir que não só o despacho da Mmª Juiz viola frontalmente o
disposto nos artºs. 193º nº 1, 204º alíneas b) e c) e 212º nº 3, do CPP, como a decisão de
alteração exarada se encontra em total oposição com a escassa fundamentação invocada,
pois dos seus termos resulta uma agravação e não uma diminuição das exigências cautelares
que se faziam sentir até então e que apontaram como medida de coacção necessária,
adequada e proporcional a obrigação de permanência na habitação.
Prossigamos.
A pronúncia dos arguidos arguidos Manuel Abrantes, Jorge Ritto, Carlos Cruz,
Ferreira Dinis e Hugo Marçal, inculca que os factos indiciários são suficientes e bastantes,
por forma que logicamente relacionados e conjugados, integram um todo persuasivo de
culpabilidade, impondo um juízo de provável condenação, face à hipótese de
reprodução em audiência dos elementos probatórios conhecidos.
É, agora, líquido para os referidos arguidos que a respectiva sujeição a julgamento
deixou de ser uma mera hipótese, e, ainda, que os elementos probatórios recolhidos e
produzidos, a repetirem-se em julgamento, tornam mais provável a respectiva condenação
do que a absolvição pela prática de
Arguido Manuel Abrantes:
43 crimes de abuso sexual de pessoa internada, p. e p. pelo artº. 166º nº 1 e 2 do CP;
4 crimes de abuso sexual de crianças, p. e p. pelo artº. 172º nº 1 do C.P.;
2 crimes de abuso sexual de crianças, p. e p. pelo artº. 172º nºs 1 e 2 do C.P.;
2 crimes de lenocínio, p. e p. pelo artº. 176º nº 1, do C.P.:
1 crime de peculato de uso, p. e p. pelo artº. 376º nº 1,
Arguido Jorge Marques Leitão Ritto:
6 crimes de abuso sexual de crianças, p. e p. pelo artº. 172º nºs. 1 e 2, do CP;
3 crimes de abuso sexual de crianças, p. e p. pelo artº. 172º nº 1, do CP;
1 crime de lenocínio, p. e p. pelo artº. 176º nº 1 e 2, do CP;
1 crime de lenocínio, p. e p. pelo artigo 176º nºs. 1 e 3, do CP.
Arguido Carlos Pereira Cruz:
3 crimes de abusos sexuais de crianças, p. e p. pelo artigo 172º nºs. 1 e 2, do CP;
2 crimes de abusos sexuais de crianças, p. e p. pelo artigo 172º nº 1, do C.P.;
1 crime de actos homossexuais com adolescentes, p. e p. pelo artº. 175º, do CP;
Arguido Ferreira Dinis:
7 crimes de abuso sexual de crianças, p. e p. pelo artigo 172º nºs. 1 e 2, do CP;
7 crimes de abuso sexual de crianças, p. e p. pelo artigo 172º nº 1, do CP
Arguido Hugo Marçal:
12 crimes de abuso sexual de crianças, p. e p. pelo artigo 176º nºs. 1 e 2, do CP;
2 crimes de abuso sexual, p. e p. pelo artigo 172º nº 1, do C.P.;
10 crimes de lenocínio, p. e p. pelo artigo 176º nº 1, do CP;
12 crimes de lenocínio, p. e p. pelo artigo 176º nºs. 1 e 3, do CP
O que fica dito permite-nos concordar com a Mmª Juiz quando refere que a
proximidade da audiência de julgamento faz acentuar o perigo de pressão sobre os
assistentes e testemunhas que nela irão depor, tanto mais que quase todos são jovens de
baixa condição social e sem recursos económicos.
Porém, discorda-se do entendimento de, para além do perigo de pressão sobre as
testemunhas, apenas se evidenciar e manter o perigo de alarme social e de perturbação da
tranquilidade pública.
Não ignoramos que os perigos elencados no artº. 204º. do CPP têm de ser aferidos
em concreto, conforme expressamente estabelecido no corpo de tal norma e que tal aferição
se reporta – com excepção da fuga consumada – ao perigo em si, isto é, à possibilidade
efectiva e concreta de verificação de tais circunstâncias, dirigidas, em termos actuais,
precisamente ao momento da fixação da medida.
Assim, cumpre reconhecer que assiste razão à Mmª Juiz quando do facto da
proximidade do julgamento retira a conclusão do acentuar do perigo de pressão sobre
assistentes e testemunhas que irão depor, já que se mostram documentados no processo
actos só passíveis de compreensão se directamente relacionados com o propósito de fazer
perigar a conservação da prova.
De facto, relativamente a Manuel Abrantes, não pode olvidar-se que as vigilâncias
efectuadas e documentadas a fls. 3040 a 3044, no teor das sessões constantes do alvo 20348,
cuja transcrição foi oportunamente ordenada, conduziram à conclusão de que o arguido
mantém relações íntimas e próximas com elementos preponderantes da Casa Pia de Lisboa.
Mais foi apurado que o mesmo teve acesso a uma lista da qual constavam os nomes de
algumas das principais testemunhas do processo, de entre elas se incluindo as que afirmam
terem sido vítimas dos seus actos, e que haviam sido declaradas especialmente vulneráveis
pelo Tribunal.
Contam os autos, também, com a existência de depoimentos de ofendidos que
atribuíram ao temor que têm do arguido e daqueles que agem sobre as suas ordens ou a seu
mando, o não terem denunciado as situações de abuso mais cedo.
Finalmente, não é inócuo o facto de resultar indiciado – a partir de fls. 3171, 1972,
2524, 707, 2557 e 2558 e apensos OT e QT – que o arguido se deslocou à CPL após 21 de
Janeiro de 2003 e que tinha em mente regressar a tal instituição em data próxima da sua
detenção, mais propriamente em 15 de Abril de 2003.
Digno de realce, ainda, a circunstância de ter sido apreendida à companheira desse
arguido uma lista contendo nomes de alunos da CPL, alguns dos quais ofendidos e
testemunhas no âmbito do presente processo e de não poder ser encarado como normal e
inócuo, insusceptível de assumir relevância no âmbito deste processo, o facto de o mesmo se
ter mantido, até à aplicação da medida de coacção prisão preventiva, em contacto
permanente com funcionários da CPL, apesar de ter sido suspenso das funções que exercia
em tal instituição.
Salienta-se, também, que algumas testemunhas expressamente referiram o medo que
tinham do arguido, face às funções que o mesmo desempenhou na CPL, nomeadamente o
receio que tinham, no caso de denunciarem os factos, de virem a sofrer represálias.
E que dizer do facto de a cunhada do arguido, funcionária na CPL, a pedido do filho
deste, ter consultado o processo individual de um menor aluno da CPL, que sabia ter
segurança e ter contactado, posteriormente, o menor em causa para que lhe revelasse o nome
de outros menores na mesma situação, como resulta de fls. 10113, 10118 e 10122?
Aquando da imposição ao arguido da medida de prisão preventiva e face às mais
elementares regras da experiência comum, apenas uma resposta se apresentou ao julgador
como plausível: o arguido tinha por objectivo chegar até aos ofendidos. Essa mesma
valoração foi feita quando, recentemente, determinada foi a sujeição deste arguido a
obrigação de permanência na habitação.
Se os factos relatados eram, por si só, demonstrativos da existência de perigo para a
conservação e não adulteração da prova recolhida, o conhecimento da identidade dos
ofendidos e testemunhas por banda do arguido e a proximidade de um julgamento que tem,
já, por certo, fizeram aumentar exponencialmente, aquele receio.
Daí que a Mmª Juiz não pudesse ter deixado de atribuir relevância a tais factores, por
forma a fazer-lhes corresponder um juízo mais intenso de perigo de pressão sobre
testemunhas, e de consequente desvirtuação da prova de cariz testemunhal.
Também o arguido Carlos Cruz não permaneceu incólume a um juízo de receio de
perturbação da prova.
Com efeito, pode ler-se no Acórdão da Relação de Lisboa de 4 de Maio de 2004
( Recurso nº 3432/04, da 5ª Secção do TRL), que deu provimento parcial ao recurso
interposto por aquele arguido, revogando a medida de coacção que se encontrava em curso,
que “Quanto ao perigo previsto na alínea b),(...) art. 204º (...) há que dizer que este em
liberdade pode, efectivamente perturbar a instrução do processo, prejudicando a aquisição,
conservação e veracidade das provas através da pressão das vítimas que são pessoas de
modesto meio social e cultural de modo a ser alterada a prova produzida(...). Contudo há
que esclarecer que, em geral, o perigo de perturbação da instrução do processo é maior na
fase de inquérito(...)”
Porém, veio o referido Acórdão a considerar que “ ... o perigo que ainda se verifica
e previsto no artigo 204º al. b), do Cód. de Proc. Penal (...) pode ser acautelado impondo
ao arguido uma medida de coacção menos gravosa do que a prisão preventiva, como seja o
obrigação de permanência na habitação...” e , ainda, que tal perigo, na fase processual em
causa (instrução), “fica devidamente acautelado com a imposição ao arguido (...) da
medida de coacção prevista no artigo 201º do Cód de Proc. Penal ...” (sublinhado nosso).
Face ao que se referiu, uma certeza nos acompanha: tendo-se intensificado o perigo
de pressão sobre as testemunhas, resultou maximizado o receio de, num futuro próximo,
poder vir a ocorrer uma desvirtuação ou adulteração da prova de carácter testemunhal.
Por conseguinte, não pode afirmar-se que a medida de coacção imposta no acórdão
referido se mostre desnecessária, e muito menos que as medidas aplicadas pela Mmª Juiz
sejam capazes de evitar o perigo enunciado. A inadequação do actual estatuto de liberdade
do arguido é, pois, patente, dado ser insuficiente para prevenir os danos que equacionam
como de produção provável.
Estas considerações revestem, de resto, total pertinência relativamente ao arguido
Hugo Marçal.
Com efeito, e conforme decorre do acórdão da Relação de Lisboa de 9 de Julho de
2003, proferido nos Autos de Recurso 6073/2003, os indícios da prática por aquele arguido
dos crimes a que supra aludimos, alicerçam-se, essencialmente, “nos elementos de prova
recolhidos com o depoimento das vítimas desses crimes, e também de outras pessoas que
revelaram conhecimento dos factos em causa.”
Nesse mesmo aresto se consigna que entre a data do primeiro interrogatório judicial
do arguido e 5 de Maio de 2003 – data em que lhe foi imposta a medida de prisão preventiva
– Hugo Marçal praticou actos que objectivamente puserem em perigo a conservação da
prova – ( Fez veicular através do órgãos de comunicação social que se preparava para
accionar judicialmente as testemunhas que prestaram depoimento nos autos, sabendo que as
mesmas, pela sua idade características sociais, familiares e económicas, são pessoas assaz
vulneráveis,e, por inerência mais susceptíveis a qualquer tipo de constrangimento).
Aumentado que se mostra o perigo acção junto das testemunhas, nos moldes e com
amplitude que tem vindo a ser referida, a medida de coacção em curso relativamente a este
arguido revela-se inadequada e insuficiente para prevenir a sua efectiva ocorrência,
porquanto não encerra a virtualidade de garantir que não será exercida qualquer pressão
sobre quem sobre tem um papel fulcral na reprodução da prova em sede de audiência.
Aliás, este é, no actual estado dos autos, uma receio que, necessariamente, urge
equacionar como de verificação altamente previsível relativamente aos demais arguidos já
alvo de juízos de indiciação pela prática de crimes de abuso sexual de crianças (Ferreira
Dinis e Jorge Ritto) ou que, mercê do provimento de recurso interposto, venham a sê-lo
(Paulo Pedroso).
Na iminência de um julgamento por crimes cuja natureza confere especial valor à
prova de cariz testemunhal, na presença de testemunhas cujo percurso pessoal é marcado
pelo abandono e desamparo, pela ausência de suporte familiar, pelo baixo nível socioeconómico
- como relatado a fls. 20 757 a 20 788 da decisão instrutória – e por contraponto
com arguidos de elevada projecção pública, sólida reputação social e profissional –
conforme fls. 20801 da decisão instrutória – ou, simplesmente, com um estatuto sócioeconómico
elevado, não pode deixar de equacionar-se a existência de um efectivo perigo no
que toca à preservação da prova, uma vez que esta se encontra, essencialmente, assente em
depoimentos de ofendidos vulneráveis.
Impedir qualquer tipo de pressão sobre as testemunhas é vital para o apuramento
final do acervo fáctico objecto da decisão instrutória. Assegurar a conservação da prova
passa, inevitavelmente, por manter os assistentes e as testemunhas a cobro da presença dos
arguidos, e até do simples receio de que tal possa suceder.
Não oferece dúvida o facto de um tal objectivo ter dimensão processual!
Líquida, também, é a constatação de que só uma medida de coacção à qual seja
inerente uma limitação da liberdade de movimentação e circulação dos arguidos logrará
assegurar que as testemunhas não serão alvo de quaisquer aproximações ou contactos por
banda daqueles.
E, a menos que, a par das medidas de coacção que têm como destinatários os agente
dos crimes passemos a ter medidas protectivas das testemunhas substancialmente próximas
de medidas de coacção privativas da liberdade de movimento e circulação – de flagrante
inconstitucionalidade - , teremos de concluir que a medida prevista no artigo 201º nº 1, do
CPP se apresenta, no actual quadro circunstancial, como a medida adequada aos fins
cautelares definidos.
Às considerações expendidas devem adiccionar-se outras que completam o juízo de
adequação e proporcionalidade da aludida medida coactiva.
O alarme social e o perigo de perturbação da ordem e tranquilidade públicas (artº.
204 alínea c), do CPP), revelam-se in casu realidades inegáveis.
O aludidos perigos verificam-se em duas vertentes: no que diz respeito aos alunos
da Casa Pia que sentem temor ante a hipótese de contacto com qualquer um dos arguidos e
realtivamente à generalidade da população portuguesa.
Não se trata de usar o mediatismo do processo como barómetro da aferição do
pressuposto referido no artº. 204º alínea c), do CPP.
É inquestionável a existência de um perigo de intranquilidade para a comunidade em
geral, perante a natureza e gravidade dos crimes imputados aos arguidos.
Diga-se, ainda, que o sentimento de segurança e tranquilidade de que é credora a
comunidade está, em muito, dependente do tipo de bens jurídicos violados, que aquela
gradua na sua própria escala de valores a preservar. E acrescente-se que o crime de abuso
sexual de menores é, garantidamente, na actualidade, para as sociedades europeias, um dos
que é alvo de maiores reacções de repugnância.
Pode, assim, afirmar-se que, perante a gravidade e natureza dos ilícitos indiciados, a
comunidade espera dos Tribunais a adopção de medidas capazes de a proteger da repetição
do crimes em causa, reconduzindo a liberdade do autor do crime a uma incapacidade
generalizada de actuação das instituições judiciárias, sentindo-se, consequentemente,
desprotegida e insegura.
Este quadro agrava-se num momento em que é legítimo formular um forte juízo de
probabilidade de condenação dos arguidos por tais factos.
Obviamente que a todos os aspectos referidos se alia a circunstância dos factos terem
uma projecção nacional, já que tal só redunda num reforço do juízo de probabilidade de
ocorrência dos perigos de alarme social e intranquilidade pública
Se um crime de abuso sexual de crianças gera um elevado sentimento de repulsa nos
membros que compõem uma comunidade, é do mais elementar raciocínio prever que a
hipótese de reacção social, é tanto maior quanto mais abrangente for a situação.
Fundamental, ainda, neste âmbito, é ter presente que se coloca com total acuidade a
probabilidade da manutenção dos arguidos em liberdade representar um perigo de
perturbação da ordem e tranquilidade públicas delimitado, em concreto, à CPL e, em
particular, aos seus alunos, uma vez que para essa comunidade resulta incompreensível que
os arguidos possam deslocar-se com uma liberdade que algumas das vítimas/ofendidos não
detém.
Da adição dos vários aspectos referidos ressalta para a comunidade um sentimento
de descrédito na capacidade das instituições judiciárias para solverem agressões a bens
jurídicos que ela própria graduou como dignos de protecção penal e cuja gravidade se
mostra expressa através da elevada moldura penal que fez corresponder aos ilícitos.
Tal sentimento, gerador de forte repulsa, é idónea a propiciar manifestações, ainda
que isoladas, de desagrado, muitas vezes responsáveis por acções pontuais de justiça
privada, que urge evitar.
Cumpre notar que os perigos de alarme social e de perturbação da tranquilidade
pública, assim como o perigo para a conservação da prova, não foram os únicos que
estiveram subjacentes à imposição das medidas de coacção que se mostravam em curso
aquando da prolação da decisão instrutória.
Reportando-se ao arguido Ferreira Dinis, o Acórdão do Tribunal da Relação de
Lisboa de 10 de Abril de 2003, proferido no âmbito dos autos de recurso 3021/03,
consignou que:
“ De facto, perante a factualidade indiciada (...) e o que dela se infere quanto à
natureza e circunstâncias dos crimes e personalidade do arguido, é também patente a
verificação de tal perigo.
Assim, dela decorre que, não obstante os factos integrantes dos crimes indiciados
(...) se situem num período temporal de 1998 até ao presente, o arguido recorrente vem
sendo referenciado como autor de actos da mesma natureza (práticas homossexuais com
crianças) desde muito antes, o que, só por si leva a recear seriamente que tais actos, a cujo
desvalor já se revelou indiferente, correspondendo seguramente a um comportamento
sexual antigo e reiterado ao longo dos anos possam ser retomados, probabilidade que num
tal contexto surge como muito forte.”
Sucede que, o juízo vertido no aresto mencionado se mantém, não podendo relevar
para efeitos de inversão de entendimento, o período de tempo durante o qual o arguido se
manteve sujeito a medidas de coacção restritivas da sua liberdade de circulação, já que estas
constituíam meio idóneo a evitar a reiteração das condutas delituosas.
Significa isto que, o perigo de continuação de actividade criminosa se mantém, ou
melhor, agravou-se, agora que ao arguido foi imposta medida de coacção muito próxima da
liberdade total.
Com efeito, Ferreira Dinis pode circular livremente por Lisboa, concelho onde
reside, liberdade que apenas sofre a restrição consubstanciada numa apresentação semanal a
efectuar perante OPC, e que, dita a experiência, não ultrapassará alguns minutos.
O paradigma é que circulará com muito mais liberdade do que parte das vítimas
sujeitas a medidas de vigilância policial!
Ainda assim, o fulcro do perigo mantém-se, uma vez que, a tónica do perigo da
continuação da actividade criminosa por banda do arguido não é, como nunca foi,
circunscrito apenas às vítimas, mas a uma população masculina, de baixo nível etário à qual
tenha a possibilidade de aceder.
No Acórdão de 14 de Julho de 2003, proferido pelo Tribunal da Relação de Lisboa
no âmbito dos autos de recurso nº 6535/03, consigna-se relativamente ao arguido Jorge
Ritto:
“De toda a prova analisada decorre que ao longo de mais de 20 anos, pelo menos, o
arguido tem tido uma conduta reiterada e persistente de relacionamento sexual com
jovens ; não necessariamente e só menores de 16 anos é certo, mas também não se
descortina que tivesse o escrúpulo de seleccionar esses jovens parceiros sexuais pela idade
de modo a não invadir o campo criminal; aliás, como atrás se disse há fortes indícios do
contrário, o perigo de continuação de actividade criminosa decorre assim dessa prática
reitera e persistente ao longo dos anos de manter relações sexuais de relevo e/ou de coito
anal com menores, o que não exclui menores de 16 anos de idade, estes particularmente
vulneráveis na determinação da sua vontade e tantas vezes sofrendo de fortes carências
económicas de que o arguido - com mostram abundantemente os autos-, sempre se
aproveitaram para, amenizando-as, obter favores sexuais.”
A actualidade deste perigo nunca foi questionada, seja pela decisão que revogou a
prisão preventiva do arguido, seja pela decisão instrutória, que o ignorou, tout court.
Ora, não tendo a decisão instrutória questionado esse perigo, carecia a Mmª. Juiz de
fundamento que a habilitasse a alterar a medida de coacção em curso.
Cabe perguntar como evitar a concretização de um tal perigo - que se equaciona em
concreto – com a situação de liberdade quase total em que o arguido se encontra?
É que, a limitação da liberdade de circulação de algumas das vítimas apenas teria
essa virtualidade se outras potenciais vítimas não existissem!
E a questão é precisamente esta: a partir do momento em que se equaciona o receio
de que outros crimes de abuso sexual de crianças venham a ser praticados pelo arguido, é
porque se reconhece que há potenciais vítimas. O que, inegavelmente, não pode assegurar-se
é que exista identidade entre as vítimas e as potenciais vítimas!
Do que se deixou consignado, duas ilações nos parecem irrefutáveis: a primeira é a
de que, no tangente às medidas de coacção, a decisão recorrida, ignorou o enunciado perigo
de continuação da actividade criminosa, que deveria ter cotejado com as demais exigências
cautelares que, relativamente a cada um dos arguidos, se evidenciavam; a segunda é a de que
nenhuma medida de coacção que, no mínimo, não circunscreva os arguidos ao espaço físico
das respectivas residências não se revela suficiente para acautelar, prevenindo, o aludido
perigo.
Cumpre reiterar que as medidas de coacção impostas aos arguidos Manuel Abrantes,
Jorge Ritto, Carlos Cruz, Hugo Marçal, Ferreira Dinis, Gertrudes Nunes (e, a ser revogada a
decisão de não pronúncia, a Paulo Pedroso) não se apresentam como adequadas à gravidade
dos crimes imputados e não são suficientes para satisfazerem as exigências cautelares que,
em concreto, se vislumbram.
Finalmente, urge referir que a ilegalidade das medidas de coacção não resulta,
apenas, da ausência de pressupostos para a respectiva imposição, mas também da ausência
de adequação.
É o caso! As medidas de coacção em curso são inadequadas e desproporcionais,
simplesmente porque são insuficientes para lograrem prevenir a concretização dos receios
que, em concreto, se equacionam.
Se medidas de coacção são sinónimo de prevenção e se esta significa evitar a
concretização do perigo, então mais não resta do que concluir que as impostas (ou mantidas)
aos arguidos na decisão recorrida são inócuas quanto à realização de tal finalidade.
Com efeito, e perante o quadro adiantado, só a medida de coacção prevista no artigo
201º, do C.P.P. logrará, assegurar as exigências cautelares necessárias à efectivação da
justiça penal.

VI - CONCLUSÕES:
A – Relativamente ao arguido Paulo Pedroso
1 – Ao concluir, em função das razões que invocou, pela existência de sérias e
fundadas dúvidas “sobre a qualidade e a validade da identificação do arguido Paulo
Pedroso” que considerou inculcar “a forte convicção de que os ofendidos se enganaram
quanto à mesma”, a Mmª. Juiz incorreu em contradições insanáveis, não procedeu a uma
correcta avaliação da prova, olvidou elementos de prova sem qualquer razão justificativa e
perdeu-se em afirmações sem qualquer suporte factual nos autos;
2 – O arguido Paulo Pedroso foi, pela primeira vez, referido nos autos em 06 de
Janeiro de 2003, cerca de um mês depois do seu início, numa altura em que, à excepção dos
arguidos Jorge Ritto e Carlos Cruz, não havia qualquer outra referência pública que ligasse
os outros arguidos – e o arguido Paulo Pedroso em particular – a práticas pedófilas;
3 – Tal referência foi feita pela Testemunha A, que o identificou
nominalmente e com referência ao seu percurso político, num depoimento no âmbito do
qual descreveu a proximidade que, ele próprio, tinha relativamente ao arguido Carlos
Silvino e referenciou vários indivíduos a quem este arguido levava menores, alunos da CPL,
entre os quais – além de Paulo Pedroso – se contavam Carlos Cruz, Ferreira Dinis, Manuel
Abrantes, Jorge Ritto e Hugo Marçal;
4 - A segunda testemunha que mencionou o arguido Paulo Pedroso foi a Testemunha C,
nos depoimentos prestados em 20.01.2003 e 13.02.2003, que o identificou como
sendo um “indivíduo de óculos, mais novo que o anterior (Jorge Ritto)”, tendo-o
reconhecido por fotografia, quando ainda nenhuma referência pública tinha sido feita ao
nome do arguido Paulo Pedroso como podendo estar envolvido nos abusos sexuais de que
foram vítimas os alunos da CPL e quando a testemunha havia já abandonado, há muito, a
CPL, pelo menos desde 21.08.2000, tendo deixado de existir, a partir desta data qualquer
contacto entre a mesma e os seus colegas, nomeadamente a Testemunha A;
5 - A Testemunha D, logo no primeiro depoimento, prestado em 16.01.2003,
em que descreveu os abusos sexuais de que foi vítima, as circunstâncias em que ocorreram e
identificou dos seus autores, mencionou o arguido Paulo Pedroso, como um dos indivíduos
que abusou de si sexualmente, referenciando-o como sendo “um indivíduo de óculos”, de
que disse não saber o nome mas que reconheceu, sem qualquer reserva, na fotografia que lhe
foi exibida;
6 - Nesse mesmo depoimento, tendo-lhe sido perguntado se sabia qual a profissão
do indivíduo que, através da fotografia, identificou, a Testemunha D respondeu “é
político, acho eu...”, sendo que também nesta data não havia qualquer referência pública ao
nome de Paulo Pedroso e que, desde 2001, a testemunha frequentava a Escola da Paiã, tendo
a partir daí deixado de ter contacto com a Testemunha A e a Testemunha C,
este último logo em 2000;
7 – Após o decretamento da prisão preventiva do arguido Paulo Pedroso, a
Testemunha D reforçou, espontaneamente, não ter qualquer dúvida relativamente à
identidade de tal arguido;
8 - A testemunha Testemunha E, logo no primeiro depoimento em que relatou
os abusos sexuais de que foi vítima, perpetrados na casa de Elvas, prestado em 28.04.2003 -
numa altura em que não existia ainda nenhuma referência pública ao envolvimento do
arguido Paulo Pedroso em abusos sexuais de crianças – mencionou tal arguido, tendo-o
identificado inequivocamente através da fotografia nº. 8 constante do apenso AJ, e descrito
pormenorizadamente os abusos sexuais de que foi vítima perpetrados por este arguido;
9 – Na fase de Instrução, a Testemunha D e Testemunha E,
nos depoimentos que prestaram perante a Mmª. Juiz, reafirmaram terem sido vítimas de
abusos sexuais perpetrados pelo arguido Paulo Pedroso, que continuaram a identificar
inequivocamente;
10 – O arguido foi ainda mencionado pela Testemunha B que, no
depoimento prestado em 18.06.2003, relatou pormenorizadamente os abusos sexuais de que
foi vítima numa casa sita nas traseiras da Embaixada da Turquia, em Lisboa, designada por
“Casa dos Erres”, onde se encontravam vários homens, cujas identidades mencionou, entre
os quais dois militantes do Partido Socialista, o arguido Carlos Cruz e o arguido Paulo
Pedroso, do qual apenas soube que era político aquando da sua detenção;
11 – Perante os depoimentos existentes nos autos não é possível afirmar-se, como faz
a Mmª. Juiz, que “os reconhecedores nada sabiam do arguido Paulo Pedroso: nem o seu
nome nem a profissão (apenas um deles achava que era “político”). Nenhum deles
mencionou características faciais de relevo (indivíduo de óculos, mais novo que o arguido
Jorge Ritto) nem outros elementos distintivos perceptíveis no contexto (como por exemplo a
marca do carro);
12 – É inquestionável que duas testemunhas – a Testemunha A e a Testemunha B
– mencionaram o arguido Paulo Pedroso pelo nome, sabendo as mesmas
precisamente de quem se tratava;
13 - Por tal ser uma verdade irrefutável, a Mmª. Juiz chega à conclusão que acabou
de se transcrever, abalando, na parte em causa, a credibilidade de tais depoimentos ao referir
que “a identificação nominal do arguido Paulo Pedroso com a respectiva colagem
sistemática a um (no caso de Testemunha A) ou dois (no caso de Testemunha B)
militantes do partido socialista é flagrantemente inverosímil quanto mais não seja por
ausência absoluta de outro sustentáculo da ligação – também destes – a abusos sexuais de
crianças”;
14 - De acordo com a tese da Mmª. Juiz, porque não se logrou obter outros
elementos de ligação dos outros dois militantes do Partido Socialista à prática de abusos
sexuais de crianças, forçosamente se tem de concluir pela inverosimilhança das imputações
que se reportam, quer àqueles, quer ao arguido Paulo Pedroso, fazendo “tábua rasa” de todos
os outros depoimentos existentes nos autos que confirmam o envolvimento deste arguido na
prática de crimes de abusos sexuais de crianças;
15 - Considerar determinada imputação inverosímil, nomeadamente em função da
projecção pública do visado, cargos políticos, aparente respeitabilidade e honorabilidade,
estatuto social ou profissão, implica um pré-juízo que carece de qualquer justificação,
principalmente em crimes da natureza daqueles que estiveram em investigação nestes autos
– contra a autodeterminação sexual de crianças – alvo da máxima reprovabilidade ética e
moral, sendo os seus autores, quer tenham projecção pública ou não, geralmente pessoas
aparentemente normais, relativamente às quais não se levantam as mais leves suspeitas do
seu envolvimento neste tipos de ilícitos;
16 - Como se veio a comprovar nos autos, a referenciação de pessoas que, à partida,
poderiam estar acima de qualquer suspeita em nada descredibilizou as testemunhas, tendo
sido obtidos fortes indícios da prática de crimes de abusos sexuais e de lenocínios
perpetrados por tais pessoas – um apresentador de televisão, um advogado, o ex-provedor
adjunto da CPL, uma ama de crianças, um médico e um ex-embaixador;
17 – Se, relativamente ao arguido Paulo Pedroso, a Testemunha A o referenciou
como sendo um dos indivíduos que frequentavam a casa de Elvas, já quanto ao outro
militante do Partido Socialista não fez tal referenciação, fazendo por isso sentido que,
relativamente ao primeiro, e já não quanto ao segundo, tivessem sido, efectivamente,
recolhidos outros depoimentos de testemunhas que eram levadas pelo arguido Carlos
Silvino à casa de Elvas, que o indicaram como autor de abusos sexuais de crianças,
reconhecendo o próprio arguido Carlos Silvino que, na casa de Elvas, se encontrava o
arguido Paulo Pedroso;
18 - Face à referenciação efectuada pela Testemunha A do arguido Paulo Pedroso
– nos termos precisos em que o fez – com indicação do seu nome e cargos públicos
exercidos, conclui-se, em função das regras da experiência, que tal conhecimento só podia
advir do facto de, efectivamente, tal arguido estar envolvido na prática de crimes de abusos
sexuais de crianças, não sendo de questionar que tivesse sido o arguido Carlos Silvino
quem deu conhecimento à testemunha, conforme a mesma referiu, da identidade e
importância do arguido em causa, enquanto detentor de cargos públicos;
19 - A Testemunha A, ao longo dos vários depoimentos prestados foi
concretizando e precisando os múltiplos factos de que tinha conhecimento, em função da
especial relação de proximidade que tinha com o arguido Carlos Silvino, compondo dessa
forma um “puzzle” abrangente da multiplicidade de factos de que foi vítimas e/ou que
presenciou, perpetrados por vários agentes, em vários locais, circunstâncias e datas distintas
ou ainda de que tinha conhecimento devido à sua especial ligação ao arguido Carlos Silvino;
20 – A Mmª. Juiz apesar de ter considerado que “perante a sua razão de ciência
(profissionais de consabida e relevante experiência com crianças e adolescentes), é
manifesto que não pode deixar de assumir relevância a abonação que dos relatos de
inúmeros ofendidos foi feita por parte de Maria Catalina Pestana e Pedro Strecht Ribeiro”,
ignora por completo tais depoimentos, esquecendo que, quer o Dr. Pedro Strecht quer a Drª.
Catalina Pestana, consideram absolutamente credível a Testemunha A, nomeadamente a
referenciação que o mesmo fez do arguido Paulo Pedroso;
21 – Analisando também em particular os depoimentos da testemunha B,
conclui-se que a Mmª. Juiz não os podia igualmente ter olvidado, até porque
considerou tal testemunha credível relativamente às afirmações proferidas atinentes ao
arguido Jorge Ritto;
22 – A Testemunha B prestou depoimentos absolutamente credíveis,
coerentes e consistentes, no âmbito dos quais descreveu circunstanciadamente os abusos
sexuais de que foi vítima perpetrados, nomeadamente, pelo arguido Paulo Pedroso,
inexistindo nos autos qualquer elemento que permita duvidar da versão dos factos que
apresentou, não sendo possível afirmar, como se faz na decisão recorrida, que a
identificação nominal do arguido Paulo Pedroso feita por esta testemunha “é flagrantemente
inverosímil”, uma vez que a Mmª Juiz de Instrução não adiantou uma única razão, suspeita
ou elemento em que tenha baseado tal conclusão, a não ser o facto deste ter identificado
nominalmente o arguido Paulo Pedroso “com a respectiva colagem sistemática a (...)
militantes do Partido Socialista e ex-Ministros”;
23 – A Testemunha B foi submetido a exame médico-legal de natureza sexual, no
âmbito do qual relatou ao perito os abusos sexuais de que foi vítima e a identidade dos
indivíduos que os perpetraram, tendo o perito médico concluído pela existência de sinais
compatíveis com os abusos sexuais que descreveu, e afirmado que “o relato fornecido pelo
próprio se revelava, pela sua consistência, coerência, congruência e ressonância afectiva,
compatível com as alegadas práticas sexuais” e que “no decurso da longa entrevista
realizada, a Testemunha B nunca procurou, a despeito dos sinais de sofrimento psicológico
despertado pela evocação de experiências manifestamente penosas, furtar-se a responder
ou a iludir qualquer das questões que lhe foram colocadas, tal como não deu mostras de,
através dele, procurar obter, por qualquer forma, benefícios secundários” ;
24 – O depoimento da Testemunha B assume particular importância
quando confrontado com o depoimento da Testemunha A, pois ambos são de
gerações diferentes da CPL e quando o primeiro saiu dessa instituição, o segundo ainda nem
sequer era aluno da mesma, vivendo no Porto, sem que alguma vez ambos se tivessem
encontrado;
25 – A Testemunha B e Testemunha A coincidem no nome do
arguido Paulo Pedroso a quem identificam nominalmente, dizendo a Testemunha A que o
mesmo era político e tinha substituído Ferro Rodrigues quando este mudou de Ministério –
“um dos antigos ministros do Partido Socialista de nome Paulo Pedroso. Sabe que ele
substitui Ferro Rodrigues”- tendo o reconhecimento por fotografia do arguido Paulo
Pedroso, através da fotografia nº. 8 constante do apenso AJ ocorrido posteriormente a essa
identificação nominal;
26 - A “descredibilização parcial” dos depoimentos da testemunha A
e Testemunha B é absolutamente inaceitável e injustificada, tendo sido efectuada
sem qualquer critério que se possa considerar sustentado na lógica ou regras da experiência;
27 – Os depoimentos da Testemunha A e Testemunha B – cuja
credibilidade é insusceptível de ser abalada – são corroborados pelos restantes depoimentos
das testemunhas que, de forma inequívoca também identificaram o arguido Paulo Pedroso,
apesar de não terem referido o seu nome, tendo duas delas sido vítimas de abusos sexuais
perpetrados por tal arguido;
28 – A Testemunha D, para além de ter identificado
inequivocamente o arguido Paulo Pedroso através de fotografia, fez referência ao facto assaz
relevante de conhecer a actividade a que se dedicava o arguido – “é político acho eu...” – o
que só aumenta a sua credibilidade;
29 - Ao contrário do entendimento expresso na decisão recorrida, é inquestionável
que a menção à actividade desenvolvida pelo arguido Paulo Pedroso é muito mais relevante
que qualquer possível menção a uma marca de carro, que até se desconhece se poderia ter
sido feita, quando se apurou, conforme referiu a sua ex-mulher, que o arguido Paulo Pedroso
não gostava de conduzir, desconhecendo-se de que forma ele se deslocava a Elvas,
nomeadamente, se conduzia veículo próprio ou se ia no veículo de alguém;
30 - Como resulta das regras da experiência, uma pessoa que use óculos é logo
descrita mediante menção, “à cabeça”, dessa particularidade, tendo, por isso, todas as
testemunhas que não sabiam o nome do arguido (Testemunha D, Testemunha E
e Testemunha C), feito referência ao mesmo com alusão a tal facto;
31 - A exigência da descrição exaustiva de todas as características físicas do arguido
apenas faria sentido no caso de um reconhecimento efectuado nos moldes definidos pelo
artº. 147º. do CPP, a que não se procedeu nos autos;
32 - Contudo, a identificação efectuada obedeceu igualmente às normas processuais
penais, conforme, aliás, considerou a Mmª. Juiz sob o ponto 2 da decisão instrutória no qual,
ao pronunciar-se sobre a invocada invalidade dos reconhecimentos fotográficos, concluiu
pela sua validade e referiu expressamente consubstanciarem um meio de prova
frequentemente utilizado em inúmeras investigações;
33 - As objecções colocadas à qualidade da fotografia nº. 8 do apenso AJ não são
susceptíveis de por em causa a identificação efectuada, por essa via, pelas testemunhas que
incriminam o arguido Paulo Pedroso;
34 - De facto, é inquestionável que em tal fotografia são patentes as feições do
arguido, que está por isso perfeitamente identificável, não tendo as testemunhas tido dúvidas
em apontá-lo, de entre muitos outros indivíduos retratados nas fotografias constantes do
apenso em causa, como sendo o autor dos factos de que foram vítimas;
35 - Não se pode afastar, como faz a Mmª. Juiz, a relevância da identificação
posterior do arguido - também por via da fotografia nº. 81 - que considera que a essa
fotografia “não pode ser atribuído qualquer valor para este efeito porque nessa data já o
arguido se encontrava preso preventivamente há quase dois meses e a sua imagem havia
aparecido incontáveis vezes na imprensa e em todos os canais de televisão”;
36 - Seguindo este raciocínio da Mmª. Juiz, sempre a identificação de figuras
públicas em quaisquer processos seria absolutamente inviável;
37 – É certo que as testemunhas, nomeadamente a Testemunha D e a
Testemunha E, ao identificarem o arguido Paulo Pedroso não obstante estarem a “apontar a
fotografia de um indivíduo completamente estranho que viram pouquíssimas vezes, em
situações extremamente penosas”, identificaram-no sem vacilarem e sem qualquer reserva,
inexistindo nos autos um elemento sequer que permita pôr em causa as identificações
efectuadas;
38 - Depois da prisão preventiva do arguido nenhuma das testemunhas mencionadas
veio referir ter-se enganado, tendo todas elas reafirmado as imputações efectuadas
relativamente ao arguido Paulo Pedroso;
39 - O arguido Paulo Pedroso foi identificado não só pelos menores que foram suas
vítimas, mas também por outras testemunhas que sabiam quem o mesmo era e o
referenciaram pelo nome e os cargos públicos exercidos, não sendo por isso admissível
questionar a memória dos primeiros;
40 - A Mmª. Juiz não refere qualquer facto susceptível de justificar que tivesse posto
em causa a memória dos ofendidos e que a levasse a concluir que os mesmos certamente se
enganaram, não bastando, como é evidente, para se afirmar ou aventar a existência de
possíveis distorções da memória a referência às circunstâncias em que ocorrem crimes desta
natureza;
41 - As testemunhas/ofendidos não viram o arguido Paulo Pedroso apenas uma vez –
viram-no várias vezes e os contactos estabelecidos não foram de tal modo fugazes que não
lhes permitisse fixar a fisionomia do agressor, pois os menores eram levados para uma casa
– a casa de Elvas – onde os aguardavam os adultos que com os menores estabeleciam um
contacto mínimo;
42 - Nada nos autos permite a formulação da mais leve suspeita de que a memória
dos ofendidos pudesse ter sido “ajudada, parcialmente reestruturada ou completamente
alterada por inputs posteriores ao acontecimento.”, sendo toda a tramitação processual e o
conteúdo da prova obtida, a demonstração de que os testemunhos foram produzidos com a
máxima espontaneidade, sem a ocorrência de qualquer espécie de sugestão exterior;
43 – É precisamente quanto à identificação pelos ofendidos Testemunha D e
Testemunha E do arguido Paulo Pedroso – que, para aqueles era completamente
desconhecido, fora do contexto dos abusos sexuais – que a Mmª. Juíz põe em causa a
memória das testemunhas/vítimas, sem que para tal avente qualquer facto objectivo, quando
anteriormente concluíra que as dificuldades inerentes à apreciação da prova neste tipo de
crimes apenas seria susceptível de fazer perigar uma decisão judicial (obviamente de
pronúncia), nos casos em que tal circunstancialismo fosse significativamente negativo no
sentido de excluir a hipótese de os testemunhos serem verdadeiros;
44 – A testemunha Pedro Strecht acompanhou a Testemunha D com
regularidade, conhece o seu percurso pessoal e a sua história familiar, pelo que as
considerações que teceu acerca deste e à credibilidade do seu depoimento, têm um valor
probatório inquestionável, tanto mais que se trata de um pedopsiquiatra cujo percurso
profissional e competência técnica é unanimemente reconhecido, inclusivamente pela Mmª.
Juiz, que o classifica como sendo um profissional “de consabida e relevante experiência
com crianças e adolescentes”;
45 - Os depoimentos de todas as testemunhas – ofendidos e não ofendidos –
credibilizam-se reciprocamente, escapando a todas as regras da lógica que se ponha em
causa a memória das testemunhas que o identificaram inequivocamente por fotografia,
quando, em acréscimo, existem outras testemunhas – maxime a Testemunha A – que
sabia perfeitamente quem era o arguido, tendo-o identificado cabalmente e confirmado que
o mesmo era um dos adultos que se deslocava à casa de Elvas;
46 – O arguido Carlos Silvino foi começando a falar aos poucos, tendo relatado os
factos que, no essencial, confirmaram as versões dos ofendidos e mencionado o nome do
arguido Paulo Pedroso, perante a Mmª Juiz de Instrução, com a mesma convicção com que
referiu os nomes dos outros arguidos, não se vislumbrando, por isso, porque motivo a Mmª.
Juiz desvalorizou as suas declarações na parte em que incriminou o co-arguido Paulo
Pedroso;
47 - Apesar dos factores de coacção interna e externa, o arguido Carlos Silvino foi
capaz de, perante a Mmª Juiz de Instrução, de viva voz, relatar que Paulo Pedroso era um
dos adultos que tinha visto na Casa de Elvas e na “Casa dos Erres” e, quando acareado, com
este arguido, manteve integralmente a sua versão;
48 - Ao arguido Carlos Silvino assiste o direito de estruturar a sua defesa da forma
que entender por mais conveniente, inexistindo qualquer norma ou regra de experiência em
função da qual se possa concluir não serem de valorizar as declarações prestadas por um
arguido em fases mais adiantadas do processo, quando não o fez, nomeadamente, em fase de
inquérito;
49 – Nada pode justificar as declarações prestadas pelo arguido Carlos Silvino –
nomeadamente na parte em que incrimina o arguido Paulo Pedroso – a não ser o facto de as
mesmas corresponderem à verdade;
50 - Da análise conjugada dos depoimentos de Carlos Silvino, Testemunha A e
Testemunha B resulta que todos apontam nominalmente o arguido Paulo Pedroso, sem
qualquer margem para dúvida, não tendo a Mmª Juiz de Instrução feito uma análise correcta
e concertada de toda a prova produzida, nem tendo adiantado qualquer critério objectivo ou
mesmo perceptível e lógico para “fazer tábua rasa” de tais testemunhos;
51 - O comportamento do arguido Paulo Pedroso revelado nas conversações
telefónicas que efectuou, cujo conteúdo integra os apensos AZ-T e BC-T, acabou por dar
credibilidade a toda a prova produzida que o incriminava, estranhando-se que a decisão
recorrida tenha omitido qualquer referência a tal, sendo certo que para justificar tal omissão
se impunha, pelo menos, uma análise crítica das mesmas;
52 – O aparelho dentário que o arguido Paulo Pedroso usou, entre Outubro de 1999 e
meados de Julho de 2000, consistia numa prótese fixada no maxilar superior através de
ganchos composta por um fio de metal fino que atravessava a dentadura superior,
encontrando-se presa aos dentes por dispositivos de metal nos molares e pré-molares e de
silicone ou borracha transparente nos dentes frontais (incisivos e caninos);
53 - Tal prótese tinha umas “almofadas” assentes sobre cada dente frontal, feitas de
material transparente, por forma a ocultar a sua visibilidade, ao contrário do que é comum
neste tipo de aparelhos em que, em regra, as referidas “almofadas” são feitas de material
metálico prateado;
54 – Mediante visionamente das cassetes juntas aos autos na fase de inquérito com
todas as intervenções televisionadas do arguido Paulo Pedroso entre 1999 e 2000 , verificase
que em nenhuma dessas intervenções– nalgumas das quais aparece a falar – se vislumbra
o referido aparelho, não sendo por isso verdade que tal aparelho fosse visível e pudesse ser
apontado como uma característica física particular do arguido pelas testemunhas que o
identificaram;
55 - Porque o aparelho não era visível quando o arguido falava normalmente, a
defesa arranjou imagens paradas – frames – do arguido quando ria abertamente, para tentar
demonstrar a visibilidade do referido aparelho;
56 - Tais frames - as fotografias constantes de fls. 19656 a 19662 - foram retirados
de uma entrevista dada pelo arguido a um programa da RTP, em 12.3.2000, no qual o
arguido surge a rir abertamente, o que não seria a sua postura habitual aquando da realização
dos abusos sexuais que se mostram indiciados;
57 – Em suma, basta a visualização do conteúdo da cassete com a filmagem da
entrevista referida - junta pelo arguido em 07.05.2004, donde foram pelo arguido retiradas
as referidas frames - para se dissiparem as dúvidas relativamente à visibilidade, ou não, do
aparelho dentário, pois pura e simplesmente tal aparelho não é visível quando o arguido fala
normalmente, uma vez que não mostra os dentes do maxilar superior, que ficam
integralmente cobertos pelo lábio superior;
58 - Por conseguinte, é a todos os títulos incompreensível que se considere que os
menores deveriam ter identificado o arguido Paulo Pedroso fazendo referência ao aparelho
dentário, que era praticamente imperceptível, e absolutamente invisível quando o arguido
falava normalmente;
59 – Se a Mmª. Juiz tinha dúvidas relativamente ao que as testemunhas recordavam
das características físicas do arguido Paulo Pedroso deveria tê-las dissipado, verificando-se,
em função da leitura das inquirições dos ofendidos, que nenhuma pergunta lhes foi feita
sobre tal questão;
60 - O arguido foi sujeito a exame médico de clínica médico-legal tendo-se apurado
que o mesmo padecia de “moderada ginecomastia (aumento do volume mamário), mais
evidente à direita”;
61 - O arguido tem um elevado perímetro abdominal e um considerável tecido
adiposo, que não aparenta ter quando vestido, conforme se afere pela análise das fotografias
tiradas ao arguido, aquando da realização do exame de clínica médico-legal, constantes de
fls. 12541 a 12544 dos autos;
62 - Da análise do relatório médico constante de fls. 12537, das fotografias acima
referidas e também da que consta como doc. nº 45 do Apenso EH, verifica-se que a
ginecomastia é bilateral, embora mais desenvolvida na mama direita, podendo ser, para um
leigo, percepcionável apenas como caracterizando um indivíduo gordo, sendo que a sua
própria família nunca deu qualquer relevância a esse facto;
63 - Não seria de esperar que os menores reparassem na referida ginecomastia
“moderada e bilateral” num indivíduo com tal perímetro abdominal e “biótipo normolíneo”,
que nem sequer é muito notória e, por isso, não era objecto de qualquer menção particular
por parte dos familiares do arguido, nem de qualquer acompanhamento clínico especial, tal
como o próprio arguido (vd. fls. 12535), e o seu médico assistente ( fls. 17957)
reconheceram;
64 - O exame médico-legal efectuado ao arguido Paulo Pedroso confirmou que o
mesmo apresenta na nádega direita, uma mancha hiperpigmentada, característica que é
facilmente evidenciada sob a luz de Wood (ultravioleta) e que é compatível com múltiplas
etiologias, não sendo possível afirmar ou infirmar que tais manchas tenham sido atenuadas
mediante utilização de raios laser, processo largamente utilizado para remoção de algumas
alterações patológicas do revestimento cutâneo;
65 - No seu depoimento de fls. 6921, a Testemunha A refere que o
arguido Paulo Pedroso tem na nádega uma mancha acastanhada com o diâmetro equivalente
a uma moeda de dois cêntimos – isto é, cerca de 1,5 cm – tendo tal testemunha dito também
à Drª. Catalina Pestana que o arguido Paulo Pedroso “tinha muitos sinais nas costas e no
peito (...) e que também tinha visto os sinais debaixo, querendo referir-se aos que
normalmente são tapados pelos calções da praia”;
66 – O pénis do arguido Paulo Pedroso foi examinado e não foi detectada na zona
peniana qualquer mancha ou sinal de relevo, sendo que a ex-mulher do arguido, que com ele
coabitou até Setembro de 1999, referiu que o mesmo tinha um sinal no pénis, o único sinal
do arguido a que deu relevância, não se tendo recordado, nomeadamente, dos sinais que o
arguido ostenta no peito e que são particularmente visíveis, conforme fotografia constante
de fls. 12542 dos autos;
67 – Resulta do exame de clínica médico-legal efectuado ao arguido Paulo Pedroso
que o mesmo tinha manchas/sinais hiperpigmentados nas nádegas, na bolsa escotral
esquerda e no períneio, na face externa da coxa esquerda, bem como dezoito sinais nas
costas e peito, o que confirma o relato efectuado pela Testemunha A à Drª.
Catalina Pestana;
68 – Dos elementos existentes nos autos resulta que, pelo menos em Setembro de
1999, o arguido apresentava um sinal no pénis, o qual não foi detectado no exame médicolegal
a que o arguido foi submetido – e que se destinava precisamente à detecção de
eventuais sinais particulares no seu corpo –, pelo que é forçoso concluir-se que a
possibilidade referida no exame de fls. 12536 – de o arguido ter retirado um sinal – deixa de
ser neutra, do ponto de vista da prova, para se tornar num forte indício de que,
efectivamente, o arguido o terá retirado e de que o que a Testemunha A disse
corresponde à verdade, ao contrário do que concluiu a Mmª. Juiz;
69 - Assim, a conclusão do despacho recorrido de que “o único pormenor físico
relatado (por Testemunha A) – a marca na nádega tipo mancha acastanhada ou sinal
com o diâmetro de cerca de 1,5 cm – não obteve a necessária comprovação médica” é
manifestamente errada e demonstra uma falta absoluta de rigor na apreciação da prova;
70 - Em consonância com o pedido formulado ao INML, foram realizados dois tipos
de perícias às alegadas vítimas de abusos sexuais: perícias médico-legais de natureza sexual
e perícias sobre a personalidade (estas últimas apenas a alguns dos sujeitos): trata-se de dois
tipos de abordagem clínica diferente – as primeiras efectuadas por médicos (artº. 159º, nº 1,
do CPP) e as segundas, sobretudo, por psicólogos (artº. 160º, nº 2, do CPP);
71 – Apesar de as condições para a realização das perícias, nomeadamente das
perícias sobre a personalidade, não terem sido as melhores - desde logo pelo carácter de
urgência ditado pelos prazos processuais estipulados no CPP - o lapso de tempo disponível
para a sua realização não põe em causa o essencial da intervenção pericial;
72 - O que importa salientar é que a realização das perícias obedeceu às regras gerais
aceites pela maior parte da comunidade científica internacional para este tipo de exames;
73 - Na circunstância, cada um dos sujeitos em relação ao qual foi solicitada uma
perícia sobre a personalidade foi examinado por dois peritos ( Prof. Dr. Jorge Costa Santos e
Drª Alexandra Anciães ou Prof. Dr. António Mendes Pedro), que, actuando
independentemente, o submeteram a uma observação com uma duração global média de 13
a 14 horas, tempo este bastante superior ao dispendido na generalidade de idênticos exames
periciais realizados em países estrangeiros de referência neste domínio (em Portugal não é
conhecida experiência na avaliação integrada deste tipo de vítimas);
74 - Na decisão recorrida, a Mmª Juiz de Instrução faz “tábua rasa” da prova pericial
obtida, afirmando que é do “senso comum” a conclusão de que as perícias à personalidade
realizadas nas condições em que o foram não podem servir para credibilizar os depoimentos
das vítimas, pelo que, e afirmando que voltava “à estaca zero”, ignorou por completo o seu
conteúdo;
75 - Dispõe o artº 163 do CPP que “o juízo técnico, científico ou artístico inerente à
prova pericial presume-se subtraído à livre apreciação do julgador”, devendo este, sempre
que divergir de tal juízo, fundamentar a sua divergência, sendo que na decisão recorrida a
Mmª Juiz de Instrução questiona os objectivos, metodologia e conclusões das perícias sobre
a personalidade realizadas, fundamentando a sua divergência apenas naquilo que apelida ser
o “senso comum”, o que, além de se consubstanciar numa patente míngua de
fundamentação, não reveste a qualidade exigida para afastar a presunção constante do
referido preceito processual penal;
76 - O princípio geral nestas avaliações não é o da detecção da verdade ou da mentira
– que remeteria para a veracidade dos testemunhos e escapa às possibilidades dos exames
psicológicos – mas o de avaliação do grau de credibilidade dos testemunhos, isto é, aquilo
que faz com que um testemunho possa ou não ser acreditado quanto à sua validade,
fiabilidade e coerência;
77 - A par das perícias de avaliação psicológica, todos os ofendidos foram
submetidos a exame de natureza sexual, tendo em vista a procura de sinais físicos
compatíveis com os abusos de que referiram ter sido vítimas, incluindo tais exames a
realização de uma entrevista clínica ao examinado, de um exame mental e de um exame
físico;
78 – Dos relatórios periciais constantes do Apenso CG, resulta que em todos eles o
Perito Médico, de consabida experiência e de reputada competência profissional e
deontológica, conclui que o relato fornecido pelos menores que examinou era, pela sua
coerência, congruência e ressonância afectiva compatível com os abusos sexuais que
relataram, sendo a ocorrência de tais práticas e as circunstâncias relatadas altamente
prováveis;
79 - Resulta, assim, que, nos casos em que foi solicitada a realização de perícia sobre
a personalidade, as crianças e jovens foram sujeitos a uma dupla avaliação, efectuada por
dois técnicos diferentes – um médico especialista e um psicólogo clínico –, que actuaram
independentemente, em conformidade com as disposições contidas no artº. 42º
(Responsabilidade pelas perícias), do Decreto-Lei nº 11/98, de 24 de Janeiro, cujo nº 2
estabelece que “no exercício das suas funções técnicas os peritos gozam de independência e
autonomia técnico-científica, sendo responsáveis pelas perícias e pelos pareceres por si
efectuados.”;
80 - Se a esta dupla avaliação se juntar a abonação privilegiada dos testemunhos dos
Drs. Pedro Stretch e Catalina Pestana, verifica-se que o “senso comum” invocado pela Mmª
Juiz de Instrução para pôr em causa as conclusões periciais das avaliações à personalidade
realizadas, é completamente despido de sentido, de rigor e, sobretudo, de fundamento
fáctico e científico;
81 - Na decisão instrutória, a Mmª Juiz de Instrução valeu-se, apenas, das conclusões
periciais relativas aos sinais físicos observados nalgumas vítimas, fazendo tábua rasa da
avaliação psicológica que consta dos relatórios do Apenso CG, revelando um entendimento
restritivo das denominadas perícias médico-legais de natureza sexual, pouco consentâneo
com a doutrina e praxis periciais;
82 - Assim, não se compreende que não tenha sido levado em devida conta o facto de
elementos de ordem clínica obtidos por dois técnicos diferentes, agindo independentemente,
em tempos diversos, serem, no que à observação psicológica diz respeito, amplamente
coincidentes;
83 - Também o facto de os relatórios periciais registarem, quase constantemente, a
ausência de erros grosseiros, bem assim como a coerência e consistência de cada um dos
relatos dos examinados, não mereceu qualquer atenção por parte da Mmª Juiz , talvez por
ignorar que faz parte da técnica pericial confrontar entre si, ao longo do processo de
avaliação, os relatos dos vários examinados que terão passado por experiências idênticas,
com vista a averiguar a sua credibilidade;
84 - A despeito das críticas, pareceres e comentários, a realidade é esta: os testes
psicológicos utilizados nas presentes perícias são usados sistematicamente em contexto
forense como mostra a literatura científica;
85 - Em suma: o resultado das perícias sobre a personalidade efectuadas suportam a
credibilidade dos testemunhos dos examinados, embora nada possam dizer sobre a
veracidade dos mesmos, porque não era esse o seu objectivo, não possuem essa
potencialidade, nem, a priori, os testes psicológicos - quaisquer testes psicológicos –
permitem, por si sós, distinguir as verdadeiras das falsas alegações;
86 - As avaliações psicológicas realizadas são mais um elemento que permite
suportar a conclusão que em sede indiciária se apresenta como uma evidência: não há
nenhum elemento nos autos que permita duvidar do relato efectuado pelas testemunhas
inquiridas que claramente e sem qualquer dúvida indicam o arguido Paulo Pedroso como um
dos indivíduos que os sujeitou aos abusos sexuais que descreveram;
87 - Se é verdade que nesta fase processual não é feita a prova absoluta da existência
de todos os elementos objectivos e subjectivos dos crimes imputados – apenas tal sendo
possível efectuar em sede de julgamento, em função da sujeição, para o efeito, da prova ao
princípio do contraditório e da imediação –, também é verdade que a pronúncia do arguido
pela prática dos factos descritos no despacho de acusação, depende da existência de prova
consistente, de molde a criar a convicção de que o arguido, face a tais elementos
probatórios, em julgamento será, com “razoável grau de probabilidade”, condenado – artº.
283º. nº. 2 do CPP;
88 – A decisão recorrida afasta, sem qualquer margem para dúvidas, todos os alibis
apresentados pelo arguido Paulo Pedroso, que só não foi pronunciado por a Mmª. Juiz ter
considerado que os ofendidos certamente se enganaram na sua identificação;
89 - Ficou já suficientemente demonstrada, na presente motivação de recurso, a
ausência de critério lógico e a incorrecta apreciação da prova, que levou a Mmª Juiz de
Instrução a tal conclusão, uma vez que da análise concertada de todos os elementos de prova
resulta evidente a existência de fortes indícios da prática pelo arguido Paulo Pedroso dos
crimes de abuso sexual de crianças de que foram vítimas os menores Testemunha D e
Testemunha E, não havendo qualquer elemento que aponte, e muito menos em sede indiciária, para
a conclusão que os mesmos se enganaram;
90 - Estando presente perante fortes indícios da prática de tais crimes deveria a Mmª
Juiz de Instrução ter proferido despacho de pronúncia uma vez que está verificada a forte
probabilidade de ao arguido vir a ser aplicada, em julgamento, uma pena;
91 - Deverá assim ordenar-se a substituição da decisão recorrida por outra que
pronuncie o arguido Paulo Pedroso pela prática de quatro crimes de abuso sexual de
crianças, p. e p. pelo artº. 172º. nº. 1 e 2 do CP, com refª. ao capítulo 6.7.1 do despacho de
acusação cujo teor deverá passar a constar do despacho de pronúncia e pela prática de três
crimes de abuso sexual de crianças, p. e p. pelo artº. 172º. nº. 1 e 2 do CP, e três crimes de
abuso sexual de crianças, p. e p. pelo artº. 172º. nº. 3 al. b) do CP, com refª. ao capítulo 6.7.2
do despacho de acusação, cujo teor deverá passar a constar do despacho de pronúncia;
92 – A decisão recorrida violou, nesta parte, os artºs. 127º., 163º. nºs. 1 e 2, 286º nº.
1 e 308º nºs. 1 e 2, com refª. ao artº. 283º. nº. 2 todos do CPP;
B – Relativamente aos arguidos Carlos Silvino, Hugo Marçal,
Gertrudes Nunes e Manuel Abrantes
93 – Em consequência, com referência aos capítulos 6.7.2.2 e 6.7.2.3, deverá o
arguido Carlos Silvino ser pronunciado pela prática de dois crimes de abuso sexual de
crianças, p. e p. pelo artº. 172º. n.º 1 e 2 do CP, os arguidos Hugo Marçal e Gertrudes Nunes
pronunciados pela prática, cada um, de dois crimes de lenocínio, com agravação, p. e p. pelo
artº. 176º. nºs. 1 e 3 do CP e o arguido Manuel Abrantes pronunciado pela prática de dois
crimes de abuso sexual de crianças por omissão, p. e p. pelos artºs. 10º. e 172º. nºs. 1 e 2 do
CP, com refª. aos capítulos 6.7.1 e 6.7.2.2 do despacho de acusação;
94 – A decisão recorrida violou, nesta parte, os artºs. 127º., 163º. nºs. 1 e 2, 286º nº.
1 e 308º nºs. 1 e 2, com refª. ao artº. 283º. nº. 2 todos do CPP;
C – Relativamente ao arguido Herman José Krippall
95 - No decurso do inquérito foram recolhidos fortes indícios da prática pelo arguido
Herman José Krippall de um crime de abuso sexual de adolescentes, p. e p. pelo artº 176 do
CP, ocorrido no dia 8 de Fevereiro de 2002 e perpetrado na pessoa do menor ofendido
Vando Teixeira;
96 - No seu requerimento de abertura da instrução, o arguido veio apresentar prova
objectiva e inequívoca da sua ausência de Portugal no dia 8 de Fevereiro de 2002, vd.
documentos de fls. 15119 a 15141, os quais demonstram que entre 6 e 13 de Fevereiro de
2002, se encontrava efectivamente no Brasil;
97 - Considerando que “não há no processo elementos bastantes que possam
conduzir à conclusão que o ofendido se enganou na data e bem assim, que a mesma deva
ser alterada (...)” e que “se o próprio ofendido não vacilou na datação dos factos,
referenciando-os a um evento memorável que efectivamente teve lugar, não pode outra
qualquer pessoa substituir-se-lhe atribuindo uma data que julga mais provável”, a Mmª
Juiz de Instrução considerou que os autos não continham elementos que permitissem
concluir que o menor se tinha enganado na data, não pronunciando, por isso, o arguido;
98 - Do depoimento das testemunhas inquiridas em sede de instrução resulta
claramente que a festa que o menor teve como base para a referenciação da data que indicou
como sendo aquela em que ocorreu o abuso sexual de que foi vítima, não foi a data
correspondente à festa de Carnaval mas uma outra festa ocorrida a 10 de Maio de 2002;
99 - Tendo esta diligência sido realizada a requerimento do assistente, tal constitui o
reconhecimento da parte deste de que se havia enganado na data, pois de outra forma, tal
requerimento não faria qualquer sentido;
100 - Assim, e ao contrário do que se afirma na decisão recorrida, todos os elementos
dos autos apontam no sentido de que efectivamente o menor se baralhou na localização
temporal dos factos;
101 - A data não é elemento essencial da incriminação, só devendo ser indicada no
despacho de pronúncia se tal for possível – vd. artºs 283 n.º 3 b) e 286 n.º 1 do CPP – e a sua
indicação é jurisprudencialmente aceite apenas como um “mero elemento acidental do
facto”(vd. Acórdãos da Relação de Lisboa de 15.4.97, 24.2.93, 29.4.97 e 24.11.92 e da
Relação de Coimbra de 9.10.2002);
102 - O exame sexual realizado ao menor atesta a presença de lesões físicas
compatíveis com a prática repetida de coito anal, considerando que o relato fornecido pelo
próprio, pela sua congruência e consistência, permitia concluir pela elevada probabilidade
da ocorrência de tais factos entre os seus 13 e 15 anos de idade – vd. relatório de exame
Médico-Legal de fls. 102 a 111 do apenso CG;
103 - A Mmª Juiz de Instrução não concluiu, assim, como não poderia ter concluído,
que o menor Vando Teixeira mentiu, admitindo, quanto à generalidade dos menores vítimas
de abuso sexual que “os seus depoimentos, prestados ao longo de quase todo o inquérito,
sofrem evidentemente contradições entre alguns dos factos narrados, de datação imprecisa
de alguns dos acontecimentos e de rectificação de ocorrências anteriormente relatadas.
Alguns deles, aliás, começam por negar terem sido objecto de qualquer prática sexual por
banda de adultos. Não creio, porém, que algumas dessas incongruências sejam
determinantes para a invalidade dos depoimentos respectivos para que se lhes assaque
desde já, o cunho da incredibilidade e da inveracidade”;
104 - Ora, indeferindo a tomada de declarações ao assistente e não sendo a data
elemento essencial nem da acusação nem da pronúncia, com artº. 283 n.º. 3 al. b) e 286 n.º.
1 do CPP, deveria a Mmª. Juiz ter, em face da suficiência dos indícios recolhidos,
proferido despacho de pronúncia, deixando para o Tribunal de Julgamento o apuramento da
data precisa em que os factos aconteceram;
105 - A decisão recorrida violou, nesta parte, o disposto nos artºs. 127º., 129º., 286º
nº. 1 e 308º nºs. 1 e 2, com refª. ao artº. 283º. nº. 2 e 283º. nº. 3 al. b) todos do CPP;
D – Relativamente ao arguido Francisco Alves
106 - O Ministério Público deduziu acusação contra o arguido Francisco Alves
imputando-lhe a prática de quinze 15 crimes de lenocínio, p. e p. pelo artº. 176º n.ºs 1 e 3 do
CP, com redacção introduzida pela Lei n.º 65/98, de 2 de Setembro e dezanove 19 crimes de
lenocínio, p. e p. pelo artº. 176º n.º 1 do CP, com a redacção introduzida pela Lei n.º 65/98,
de 2 de Setembro, (e ainda 1 crime de detenção ilegal de arma, p. e p. pelo artº. 275º n.ºs 1 e
3 do CP, com referência ao artº. 6º do DL n.º 22/97, de 27 de Junho);
107 – Porquanto indiciam suficientemente os autos que “a solicitação do arguido
Manuel Abrantes, que conheceu em circunstâncias não apuradas, cedia-lhe as chaves de
casa para que nela sujeitasse, alunos da CPL, à prática de abusos sexuais” os quais se
iniciaram a partir de Novembro de 1998 até Maio ou Junho de 1999, com uma periodicidade
quinzenal e a partir de meados do ano de 1999 até Junho de 2001 com uma periodicidade
mensal;
108 - O arguido Francisco Alves, notificado do despacho de acusação, não requereu
a abertura de instrução;
109 - Realizada a instrução a requerimento de outros arguidos, a Mmª Juiz de
Instrução conheceu, em sede de decisão instrutória, toda a factualidade imputada ao arguido
Francisco Alves, decidindo não o pronunciar pelos crimes de lenocínio de que vinha
acusado, e pronunciar o arguido Manuel Abrantes pela prática de todos os factos descritos
no despacho de acusação, incluindo, naturalmente, aqueles que tiveram lugar na casa de
habitação do primeiro;
110 - Porém, ao cumprir o comando contido no nº. 4 do artº. 307º do CPP, a Mmª
Juiz de Instrução proferiu uma decisão que extravasa claramente a letra da Lei, ao
pronunciar-se sobre questões que, no seu próprio entendimento, não cabem no objecto da
Instrução e que não resultam de qualquer extensão dos efeitos da mesma, por repercussão
das decisões tomadas quanto aos demais arguidos;
111 - É necessária uma certa causalidade entre os actos de instrução praticados e a
decisão que incide sobre um arguido que não a pretendeu, já que o que se impõe ao Juiz é
que retire consequências da instrução que realizou. Fora deste quadro em que se impõe ao
Juiz de instrução uma intervenção activa sobre a acusação, nenhuma razão jurídica ou legal
existe para que se lhe atribuam poderes maiores que os de saneamento do processo, à
semelhança do que acontece, aliás, relativamente ao Juiz de julgamento;
112 - Deste modo, em tudo o que não constitua objecto da instrução, ou que não seja
consequência dela, o Juiz de instrução só pode afastar-se da acusação e rejeitar a pronúncia
do arguido se aquela for manifestamente infundada;
113 - No decurso da Instrução não foi realizada qualquer diligência que tenha
afectado a factualidade imputada ao arguido Francisco Alves;
114 - Assim, a Mmª Juiz de Instrução, ao não pronunciar o arguido Francisco Alves
por considerar serem insuficientes os indícios contra ele existentes, ultrapassou
flagrantemente os limites da competência material do Juiz de instrução, pelo que a decisão
instrutória é, nesta parte, nula, e como tal deve ser declarada, por força das disposições
conjugadas dos artºs. 17º, 286º, 307º, nº 4 (com referência aos artºs. 311º, nº. 2) e 119º, al.
e), todos do CPP;
115 - Mas, ainda que, por hipótese, assim não se entendesse, sempre a decisão
recorrida mereceria censura por deficiente apreciação e ponderação dos indícios recolhidos;
116 - Ao contrário do que conclui a decisão recorrida, fazendo apelo às regras da
experiência, daí retirando que “os autos não contem um único elemento que permita deduzir
a existência do elemento subjectivo dos crimes de lenocínio atribuídos”, considerando
ignorar-se que “a relação entre os arguidos fosse de grande intimidade ou cumplicidade”,
que “não é normal que se relate a um amigo ou a um conhecido factos de semelhante
natureza” e que se ignora que “o arguido Francisco Alves estivesse de alguma forma
envolvido na prática de crimes sexuais com menores”, são exactamente as regras da
experiência que nos levam a conclusão inversa;
117 - Pela sua própria natureza, o elemento subjectivo dos tipos legais só pode ser
alcançado por via indirecta, ou seja, pela análise crítica da acção enquanto exteriorização de
um conhecimento;
118 - O apelo à experiência comum como alicerce de tal conceito remete-nos,
necessariamente, para os paradigmas vivenciais contemporâneos, enquanto elementos
fundamentais de interpretação dos comportamentos humanos;
119 - Assim, como está demonstrado nos autos, não estamos perante uma cedência
ocasional ou fortuita de uma qualquer casa de férias, longinquamente situada e raramente
visitada pelo seu proprietário. Trata-se da casa de habitação do arguido, do ponto central do
seu quotidiano, do local que, numa palavra expressiva, constitui o seu lar, o qual não se
cede a alguém com quem não se tenha “grande intimidade ou cumplicidade”;
120 - Também não se adequa às regras da experiência que uma casa de habitação
permanente – ainda por cima com dimensões reduzidas – tenha sido utilizada por tanto
tempo e por tantas vezes (durante meio ano, duas vezes por mês e, durante mais um ano,
uma vez por mês) sem que o seu dono, aí residente, não se aperceba da utilização que lhe
está a ser dada;
121 - Quanto a este aspecto, é por demais esclarecedor o facto de os arguidos
Francisco Alves e Manuel Abrantes se terem rodeado de todos os cuidados para que nunca
fosse possível testemunhar ou detectar – apesar de procurados pela investigação – quaisquer
contactos entre eles, fossem esses contactos pessoais, telefónicos ou outros;
122 - De acordo com as regras da experiência nenhuma situação de comportamento
sexual lícito, e apenas social ou moralmente reprovável, levado a cabo em casa do arguido
Francisco Alves, levaria à adopção de tamanhas cautelas por parte deste arguido, tanto mais
que nenhuma consequência particularmente gravosa lhe adviria do conhecimento público de
tal facto;
123 - Dizem-nos, também, as regras da experiência que não é necessário que alguém
esteja “de alguma forma envolvido na prática de crimes sexuais com menores de 16 anos”
para que saiba ou possa saber que outrém abusa sexualmente menores;
124 - Mesmo que se admitisse que o arguido Manuel Abrantes nunca tivesse
“confessado” ao arguido Francisco Alves que mantinha práticas sexuais com menores na
casa deste, não podia este arguido deixar de realizar tal facto e, mesmo assim, cedeu ou
continuou a ceder a sua ao arguido Manuel Abrantes, “não se exigindo o dolo específico do
agente o que diz respeito ao lenocínio”, como se refere na decisão recorrida;
125 - O fundamento da não pronúncia deste arguido não resulta, pois, de qualquer
facto alegado pela sua defesa ou de qualquer circunstância minimamente indiciada nos
autos, mas tão só de uma mera convicção pessoal da Mmª Juiz, construída a partir de
elementos que não encontram eco na prova constante dos autos, nem mesmo nas declarações
do arguido;
126 - A Mmª Juiz vem, por iniciativa própria, invocar circunstâncias – ainda por
cima, não demonstradas – que serviriam para justificar ou desculpar, total ou parcialmente
a infracção, o que, indubitavelmente, lhe está vedado por lei;
127 - Assim, nesta parte a decisão recorrida violou os artºs. 17º, 286º, 307º, nº. 4
(com referência aos artºs. 311º, nº. 2) e 119º, al. e), 283º nº. 3 al. b) e 308º. n.º 1 e 2, todos
do CPP;
E – Relativamente às Medidas de Coacção
128 - Na parte em que dispõe acerca das medidas de coacção aplicadas aos arguidos,
a decisão instrutória evidencia míngua de fundamentação e materializa uma decisão que se
encontra em frontal oposição com a fundamentação que lhe serve de substracto;
129 - Contrariamente àquele que parece ser o entendimento da Mmª Juiz,
considerações de justiça relativa e de equidade não figuram entre o elenco dos pressupostos
legais que o julgador carece ter presentes ao aferir da necessidade ou escolha de um medida
de coacção, pelo que não poderão ser fundamento da sua aplicação, revogação ou
substituição e, por conseguinte, da decisão recorrida;
130 - A escolha da medida de coacção depende de factores concretos que conduzam
a considerar como adequada uma e não outra medida, obrigando a uma ponderação
individual e casuística, que, no caso em apreço, não foi feita;
131 - A diferença entre o número de crimes imputados aos arguidos na acusação e
na pronúncia resulta, essencialmente, não da insuficiência de indícios no que tange à prática
dos factos motivadores da subsunção, mas do critério jurídico de aferição da unidade ou
pluralidade de resoluções criminosas, pelo que é incorrecta a conclusão de que a gravidade
das condutas cuja prática é apontada aos arguidos, resultou substancialmente diminuída com
a subsunção jurídico-penal levada a cabo em sede de pronúncia;
132 - É que, a moldura penal abstracta traduz, para efeitos processuais penais, o
índice de gravidade do crime, pelo que a diminuição do número de crimes imputados aos
arguidos não é sinónimo de atenuação da gravidade das condutas criminosas;
133 - Da diversa subsunção jurídico-penal levada a cabo pela Mmª Juiz em sede
instrutória não resulta a desproporcionalidade das medidas de coacção que veio a substituir,
já que qualquer um dos arguidos que viu alterada a medida de coacção pelo despacho
recorrido está pronunciado pela prática de um elevadíssimo número de crimes, os quais são,
na esmagadora maioria, graves, conforme decorre da elevada moldura penal que lhes
corresponde, sendo, previsível que lhes virão a ser aplicadas penas privativas de liberdade
que não serão de curta duração;
134 - O facto dos arguidos não terem incumprido as obrigações decorrentes da
medida prevista no artº. 201º nº 1 do CPP, comparecendo a todos os actos processuais nos
quais se tornou necessária a sua presença, não permite inferir, conforme o parece ter feito a
Mmª Juiz, que deixaram de verificar-se os pressupostos que estiveram subjacentes à opção
pelas medidas que veio a alterar, mas tão só que não foram praticados actos que revelem a
intenção dos arguidos pretenderem furtar-se à acção da justiça, pelo que daí não decorre a
qualquer juízo de desnecessidade, inadequação ou desproporcionalidade;
135 - Ora, desde a imposição aos arguidos Manuel Abrantes, Carlos Cruz, Ferreira
Dinis e Gertrudes Nunes da medida prevista no artº. 201º nº1, do CPP, não sobrevieram
quaisquer factos ou circunstâncias que apontassem no sentido do enfraquecimento das
exigências cautelares que motivaram a respectiva aplicação, o que é bastante para tornar a
decisão recorrida ilegal, por violação do disposto no artº. 212º. nº. 3 do CPP ;
136 - Tal facto, aliado ao reconhecimento de que se mantém o perigo de alarme
social e de perturbação da tranquilidade pública e de que se acentuou o perigo de pressão
sobre os assistentes e testemunhas que irão depor em audiência, impõe que se conclua que o
despacho recorrido enferma de evidente contradição entre a fundamentação usada e a
decisão nela alicerçada;
137 - Se em razão de exigências cautelares a obrigação de permanência na habitação
se apresentou como a medida adequada e capaz de evitar a ocorrência efectiva dos perigos
que se vislumbravam e, desde então, tais exigências de mantiveram (caso da arguida
Gertrudes e do arguido Ferreira Dinis), ou agravaram (caso dos arguidos Manuel Abrantes e
Carlos Cruz) urge concluir que o despacho da Mmª Juiz violou frontalmente o disposto nos
artºs. 193º nº 1, 204º alíneas b) e c) e 212º nº 3, do CPP, e a decisão nele exarada se encontra
em total oposição com a escassa fundamentação invocada, pois dos seus termos resulta uma
agravação e não uma diminuição das exigências cautelares que se faziam sentir até então;
138 - A Mmª Juiz ignorou que além do perigo de pressão sobre as testemunhas e do
perigo de alarme social e de perturbação da tranquilidade pública, outros receios concretos
haviam sido equacionados e se mantinham, como o de continuação da actividade criminosa
(relativamente aos arguidos Ferreira Dinis e Jorge Ritto);
139 - Nada nos autos indicia que a medida de coacção imposta ao arguido Carlos
Cruz pelo acórdão do Tribunal da Relação de 4 de Maio de 2004, se mostra desnecessária e,
muito menos, que as medidas aplicadas pela Mmª Juiz sejam idóneas a evitar o perigo ali
considerado;
140 - Estas considerações revestem, de resto, total pertinência relativamente ao
arguido Hugo Marçal, já que os indícios da prática dos crimes que lhe são imputados se
alicerçam essencialmente, “nos elementos de prova recolhidos com o depoimento das
vítimas desses crimes, e também de outras pessoas que revelaram conhecimento dos factos
em causa” e esse arguido praticou, já, actos que objectivamente puseram em perigo a
conservação da prova, conforme consignado no acórdão da Relação de Lisboa de 9 de Julho
de 2003;
141 - Aumentado que se mostra o perigo acção junto das testemunhas, nos moldes e
com amplitude que tem vindo a ser referida, a medida de coacção em curso relativamente a
este arguido revela-se inadequada e insuficiente para prevenir a sua efectiva ocorrência;
142 - Na iminência de um julgamento por crimes cuja natureza confere especial
valor à prova de cariz testemunhal, na presença de testemunhas cujo percurso pessoal é
marcado pelo abandono e desamparo, pela ausência de suporte familiar, pelo baixo nível
socio-económico, por contraponto com arguidos de elevada projecção pública, sólida
reputação social e profissional ou, simplesmente, com um estatuto sócio-económico
elevado, não pode deixar de equacionar-se a existência de um efectivo perigo no que toca à
preservação da prova, relativamente a todos os arguidos alvo de juízo de indiciação pela
prática de crimes de abuso sexual de crianças, ou que mercê do eventual provimento de
recurso o venham a ser;
143 - Só uma medida de coacção à qual seja inerente uma limitação concreta e
rigorosa da liberdade de movimentação e circulação dos arguidos logrará assegurar que as
testemunhas não serão alvo de quaisquer aproximações ou contactos por banda daqueles;
144 - E, a menos que, a par das medidas de coacção que têm como destinatários os
agente dos crimes, passemos a ter medidas protectivas das testemunhas substancialmente
próximas de medidas de coacção privativas da liberdade de movimento e circulação – de
flagrante inconstitucionalidade - , teremos de concluir que a medida prevista no artigo 201º
nº 1, do CPP se apresenta, no actual quadro circunstancial, como a medida adequada aos fins
cautelares definidos;
145 - As medidas de coacção impostas aos arguidos Manuel Abrantes, Jorge Ritto,
Carlos Cruz, Hugo Marçal, Ferreira Dinis, Gertrudes Nunes (e, a ser revogada a decisão de
não pronúncia, a Paulo Pedroso) não se apresentam como adequadas à gravidade dos crimes
imputados e não são suficientes para satisfazerem as actuais exigências cautelares que, em
concreto, se vislumbram;
146 - Perante o quadro adiantado, só a medida de coacção prevista no artigo 201º, do
C.P.P. logrará, assegurar as exigências cautelares necessárias à efectivação da justiça penal.
147 - Ao decidir diferentemente, a decisão recorrida violou o disposto nos artºs
191º. a 193º., 201º., 204º. als. b) e c) e 212º. nº. 3 todos do CPP.
Revogando o despacho recorrido e substituindo-o por outro que:
- ordene a pronúncia dos arguidos Paulo Pedroso, Herman José Krippall e
Francisco Alves;
- ordene, em consequência da pronúncia do arguido Paulo Pedroso, a pronúncia
dos arguidos Carlos Silvino da Silva, Hugo Manuel dos Santos Marçal,
Maria Gerturdes da Conceição Pragana Nunes e Manuel José Abrantes pela
prática dos crimes que lhes eram imputados, os três primeiros com refª. aos
capítulos 6.7.2.2 e 6.7.2.3 e o último com refª. ao aos capítulos 6.7.1 e 6.7.2.2 do
despacho de acusação;
- altere as medidas de coacção impostas aos arguidos Carlos Pereira Cruz, Jorge
Marques Leitão Ritto, Hugo Manuel dos Santos Marçal, João Ferreira Dinis,
Manuel José Abrantes e Maria Gertrudes da Conceição Pragana Nunes,
substituindo-as pela medida de coacção de obrigação de permanência na
habitação;
- determine a aplicação, em consequência da pronúncia agora requerida, ao
arguido Paulo José Fernandes Pedroso da medida de coacção de obrigação de
permanência na habitação;

Vossas Excelências farão a esperada
JUSTIÇA!

Juntam-se cópias legais.

Os Magistrados do Ministério Público

(Cristina Faleiro)
(Paula Soares)
(João Guerra)"
Publicado por Antonio Balbino Caldeira às 16:55